Este 1º de mayo, distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales nos movilizamos para exigir una Reforma Laboral que supere el Plan Laboral de José Piñera, herencia de la dictadura que sigue determinando las relaciones entre trabajadores y empleadores en nuestro país.

Queremos reafirmar con nuestra fuerza en las calles la insatisfacción con la actual agenda en la materia, lamentamos la distancia entre el Programa de Gobierno y sus compromisos, frente al actual Proyecto de Ley que se discute en el Congreso.

Nuestras demandas son: Derecho a Huelga, sin reemplazo ni descuelgue, y sin turnos de emergencia. Los trabajadores tenemos la misión de fortalecer la negociación colectiva y empujar hacia la negociación ramal, que es una medida que apuntaría a superar los niveles de desigualdad y mejorar la distribución de la riqueza. También el cumplimiento íntegro y real de los convenios 87 y 98 ratificados por el Estado de Chile ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Frente de Trabajadores de la Izquierda Ciudadana convoca todas y todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país a sumarse a las distintas iniciativas en conmemoración del 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el llamado es a transformar el descontento en lucha y organización para conquistar un nuevo Chile, libre, democrático, sin corrupción y sin injusticias.

El presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (Condepp), Jorge Bustos, aseguró que los pescadores artesanales están hoy en la firme demanda de que se derogue la Ley de Pesca, más conocida como Ley Longueira, luego de reunirse -junto a otros dirigentes de los pescadores- con el presidente de la Izquierda Ciudadana (IC), diputado Sergio Aguiló y el integrante de la comisión política del partido, Leopoldo Pineda.

“Estamos en una campaña de reunir 300 mil firmas de aquí al 21 de mayo y, posteriormente, queremos juntar 3 millones de firmas para presentarlas a la presidenta Bachelet  para que  tome la decisión de derogar esta ley, porque  esta ley de pesca le entrega prácticamente el 95% de los recursos naturales  a unas 7 familias. Esto es inconcebible, porque es un recurso que pertenece a todos los chilenos y no se puede regalar a  unos pocos”, aseveró Bustos.

Aseguró que “si juntamos esa cantidad de firmas, la presidenta tendrá la legitimidad suficiente para anular esta ley que se fraguó entre un grupo minoritario para perjudicar a todos los chilenos y particularmente a los miles de pescadores”.

La Condepp,  agrupación que reúne a cerca de 50 mil pescadores de todo el país, se hizo parte de la querella en Valparaíso por los delitos de colusión, soborno y coima que indaga la Fiscalía en el marco de la tramitación de la Ley, y donde se investiga el dinero traspasado desde Corpesca del grupo Angelini a la ex diputada Marta Isasi.

Por eso, el dirigente de los pescadores valoró que “la justicia haya acogido la querella presentada por los compañeros de Valdivia para investigar el eventual pago de $500 millones por parte del grupo Angelini a los senadores miembros de la comisión de Pesca que votaron a favor de esta ley en 2012”. Los senadores de la comisión especializada durante el tiempo en que se legisló la Ley de Pesca fueron: Fulvio Rossi, Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Alejandro García Huidobro y Hosain Sabag. La querella solicita a la justicia que estos parlamentarios sean llamados a declarar.

“Con todos las irregularidades y corrupción que estamos conociendo en el país, creemos que es necesario aclarar estos temas porque quienes están hoy en el Parlamento no pueden seguir legislando  si están trabajando de una manera tan oscura”, enfatizó.

Dijo que a futuro  “planteamos  junto a varias fuerzas sociales, trabajadores y estudiantes, convocar a una Asamblea Constituyente para que el pueblo de Chile defina una Nueva Constitución, porque hoy no confiamos plenamente en el Congreso, aunque sabemos que hay gente honesta como el diputado Aguiló y varios más, pero un gran porcentaje está comprometido con temas que tienen que ver con probidad y ética”.

Fuente: Marca AC

Con el apoyo de 53 diputadas y diputados de distintas tiendas políticas e independientes se presentó hoy martes el proyecto de reforma constitucional para un plebiscito nacional, cuyo objetivo es dotar al Ejecutivo de la facultad para consultar a la ciudadanía sobre el mecanismo propicio para el diseño de la nueva Constitución.

Fuente: El Desconcierto

“Le pido al PS con mucha humildad, pero también vehemencia que no juegue hoy el rol que ellos mismos autocriticaron cuando Allende fue presidente hace más de 40 años atrás” afirmó el diputado de la Izquierda Ciudadana.

El presidente de la Izquierda Ciudadana (IC), diputado Sergio Aguiló, pidió hoy a la directiva del Partido Socialista que “deje gobernar a la presidenta Bachelet y que respete las reformas que la mandataria comprometió al país y, que los chilenos y chilenas, respaldaron mayoritariamente en las últimas elecciones presidenciales”

“Le pido al PS con mucha humildad, pero también vehemencia que no juegue hoy el rol que ellos mismos autocriticaron cuando Allende fue presidente hace más de 40 años atrás. La presidenta Bachelet tiene toda la autoridad moral e intelectual para encabezar una salida a la crisis actual. Su equipo sigue contando con toda la confianza de la presidenta”, aseveró.

Insistió en que “hay que dejar gobernar a la presidenta y a su equipo. No sigamos atacando  la gente de confianza de la presidenta porque estamos viviendo momentos muy difíciles y de ese momento se sale con mucha unidad y mucho respeto a lo que la ciudadanía expresó en las urnas”

Aguiló aseguró que “las declaraciones realizadas ayer por Osvaldo Andrade en contra del  ministro del Interior Rodrigo Peñailillo traspasan un umbral que  hasta ahora no había sido traspasado durante la transición. Nunca había escuchado a un dirigente o presidente de un partido político decir que las declaraciones de un ministro  del interior son una estupidez.”

Sostuvo que “lo que buscan el presidente y el presidente del PS, Osvaldo Andrade y Camilo Escalona, respectivamente, atacando tenazmente al ministro  del Interior, es hacer un cambio de gabinete e instalar a José Antonio Viera Gallo en la jefatura de Gabinete del país. Ese no es el camino ni el procedimiento

El diputado dijo que “es lamentable que sea la propia directiva del partido de la presidenta la que siga atacando al gobierno en la figura del ministro del Interior, en vez de estar trabajando intensamente por hacer avanzar las reformas que el país tanto requiere y exige”

Puntualizó que ayer la presidenta recibió ayer el informe del PNUD donde el 75% de los y las chilenas demanda cambios profundos y rápidos, la directiva del PS debiera ponerse firmemente a trabajar con el gobierno y no seguir en esta dinámica de críticas y operaciones políticas para reinstalar en la Moneda a líderes de la Vieja Concertación  que sabemos no comparten el programa del gobierno.

El presidente de la Izquierda Ciudadana, diputado Sergio Aguiló, salió nuevamente al paso de los cuestionamientos al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo y asesores, por emitir boletas a empresa de   Giorgio Martelli, vinculada a la investigación de SQM, precisando que“sostener un manto de sospecha sobre todos los que entregan boletas es un agravio gratuito a los más de 140 mil chilenos que trabajan, que entregan boletas y pagan sus impuestos”

“En Chile existen cerca de 80 mil chilenos que todos los meses entregan boletas por sus servicios; unos 30 mil en la administración pública, y más de 50 mil en el sector privado. Sostener un manto de sospecha sobre todos los chilenos que entregan boletas es un agravio gratuito a los chilenos que trabajan, que entregan boletas para pagar impuestos. Lo que tiene que investigar la justicia es muy preciso: a un grupo reducido de chilenos que siendo candidatos le pidieron a familiares o amigos que entregaran boletas por acciones o trabajos no realizados, para que la empresa le entregara dinero para financiar   sus campañas y a su vez le permitiera a las empresas eludir impuestos para defraudar al fisco”, precisó en entrevista a CNN Chile.

“Por eso –añadió- si hacemos una confusión completa y ponemos en tela de juicio a los más de 140 mil personas que han emitido boletas, entonces lo que estamos haciendo es un agravio gratuito a gente que ha trabajado honestamente toda su vida. No veo por qué el ministro del Interior cuando no era ministro, cuando era un ciudadano común y corriente y trabajaba honestamente y por esa labor le pagaban un sueldo, no veo por qué deba ser tratado de manera distinta al resto de los chilenos que trabajaba y daba boletas”.

Subrayó que “Peñailillo no tenía otra opción que trabajar en el ámbito privado, porque obviamente no lo iban a contratar en el servicio público durante la administración de Piñera. Trabajar en una empresa privada no es solamente legal, es altamente ético y digno haberlo hecho. Él al revés de los que financiaron campañas, quería pagar impuestos y por eso entregaba boletas. Ahora, que políticos inescrupulosos hayan entregado boletas inventando trabajos, justamente para que la empresa que los financiaba eludiera pagos de impuestos, es todo lo contrario de lo que hizo Rodrigo Peñailillo y sus asesores, que no siendo candidatos tenían que trabajar para vivir”.

Sobre la denuncia hecha por el ex senador Camilo Escalona en orden a que Ponce Lerou financió el 2009 a ME-O para dividir a la Concertación, Aguiló precisó que “no tengo ninguna información o antecedente que me lleve siquiera a tener el grado de sospecha de que Ponce Lerou haya financiado la campaña de Marco Enriquez-Ominami. De lo que no tengo ninguna duda es que Ponce Lerou debe ser uno de los empresarios más corruptos del país. Él se hizo de las empresas porque tenía un suegro que era un dictador, criminal y asesino, que le entregó en bandeja esas empresas. Y él quiso comprar seguridad y simpatía, como lo hace en Sicilia la mafia de la Cosa Nostra, aportando recursos no solo a la derecha, de la que él es parte, sino que también a otros sectores de la vida política. Y eso, que también hicieron otros empresarios, me parece profundamente deplorable”.

Aguiló dijo que no “es buena idea adelantar las elecciones parlamentarias”, precisando que quienes han planteado esa posibilidad “son justamente sectores de la Concertación contrarios a las reformas profundas que lleva adelante el gobierno de la presidenta Bachelet y parte de la solución que hoy vivimos es justamente realizar esas reformas profundas”.

Aguiló explicó que la IC es partidaria de “las más drásticas sanciones a las personas que han cometido delitos o ilícitos, aquellas personas que usaron boletas o facturas falsas para financiar sus campañas y permitieron devolución de impuestos, esas personas deben ser investigadas y sancionadas, si hay parlamentarios , que sean sancionados , si son de la derecha mayoritariamente, pero si hubiesen de la Nueva Mayoría también en eso no hay doble opinión en el mundo nuestro: sanciones drásticas a las personas que han cometido delitos.

Sin embargo, aclaró que “muy distinto es generar un cuadro apocalíptico donde se adelantan las elecciones, cosa que no ha ocurrido nunca en la historia de Chile. Si adelantamos las elecciones hoy, el país pasa a otra agenda. Definitivamente no es una solución, porque si se hacen nuevas elecciones sin un conjunto de transformaciones institucionales sustantivas para regular de manera sustantiva la relación dinero y política, para terminar con esto que quisieron hacer los grupos económicos que era comprar parlamentarios para tener su propio grupo de influencia, si no se termina con eso de manera drástica, se pueden adelantar miles de elecciones  y parlamentos, pero siempre vamos a tener la sombra del poder del dinero cooptando a la política”.  

Añadió que por todo lo anterior “estamos a la espera de las conclusiones de la comisión Engels, para transformarlas en iniciativas legales o proyectos de ley y en una nueva institucionalidad. Y en la Nueva Mayoría nos hemos comprometido a tramitarlas  con la mayor celeridad para terminar definitivamente con la relación del dinero y la política”.

Foto: Radio U. de Chile

A las 12 horas del día de hoy un grupo de ex Presos Políticos de la Dictadura se tomó las oficinas de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) en Paseo Bulnes 188, oficina 62, para iniciar una huelga de hambre indefinida.

Este grupo de compañeros se suma solidariamente al movimiento de huelguistas que se inició el día 13 de abril de 2015 en las ciudades de Rancagua, San Felipe, Osorno y Valparaíso.

Esta movilización se realiza  para llamar la atención de las autoridades por la nula respuesta de ellos ante las demandas planteadas por los ex Presos Políticos desde hace mucho tiempo, las cuales son las siguientes.

1-    Indemnización a cada uno de los expresos políticos de Chile reconocidos por el Estado, que fueron detenidos y torturados durante el periodo de la dictadura de Pinochet.

2-    Mejora de las pensiones que actualmente reciben los ex Presos políticos, las cuales son muy bajas.

3-    Eliminación de la incompatibilidad de las pensiones Valech y Exonerados Políticos.

4-    Creación a la brevedad de una instancia de calificación permanente de las víctimas de la dictadura. En la segunda apertura de esta ley quedaron fuera cerca de 22 mil compañeros.

Hacemos un llamado a las autoridades para que se abran al diálogo con el movimiento de huelguistas en forma urgente, ya que la edad promedio de los compañeros que asumieron esta acción supera los  70 años y la salud de ellos puede podría verse afectada con el paso de los días.

Vergonzoso nos parece que violadores a los derechos humanos, condenados y recluidos por sus delitos, en cárceles de lujo, sigan recibiendo pensiones que superan con creces las pensiones que reciben los ex presos políticos y las de gran mayoría de los pensionados de nuestro país.

Hacemos un llamado al país en su conjunto a estar atentos a los acontecimientos que se produzcan en torno a esta dura movilización.

Movimiento de huelguistas de hambre de la Región Metropolitana

En Chile el 12,9% de la población vive en situación de discapacidad. En uno de cada tres hogares chilenos, uno o más de sus integrantes presenta esta condición. Los datos presentados son declarados oficialmente por el estado de Chile, en base a los resultados extraídos de la ENDISC (2004). El próximo 1 de Mayo, el mundo entero conmemorará el día internacional de los trabajadores. Chile no está al margen de esta celebración. Por eso es necesario señalar que la población en situación de discapacidad, no puede conmemorar este día, puesto que el 90% de compañeros/as en edad de trabajar no tiene un empleo, o se encuentra desarrollando alguna actividad informal.

Hoy la clase política ha olvidado la urgente necesidad de promulgar leyes que fomenten la inclusión laboral efectiva de este colectivo de personas. Se han olvidado de la histórica demanda de una ley de cuotas tanto en el sector público como en el sector privado. La distancia con la que observan el problema, evidencia cuán lejos se encuentran de las necesidades diarias de chilenos y chilenas, que por no acceder a un empleo presentan altos niveles de vulnerabilidad y de exclusión social. En la reforma laboral de la cual  todo el mundo opina (gobierno, oposición, independientes, empresarios, sindicatos, etc), ninguno de estos actores ha tenido la capacidad de incorporar a la discusión la variable discapacidad. Ciertamente se excluye del debate esto, porque el modelo productivo que hoy tenemos considera que estos posibles trabajadores/as, son incapaces de alcanzar los nivel de
productividad exigidos por el mercado. Estas dos situaciones brevemente descritas, exigen que se de una rápida respuesta con la finalidad de construir un país con equidad.

El movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, invita a que marchemos juntos este 1 de mayo vestidos de negro y con banderas negras, para visibilizar nuestras dificultades de
empleabilidad. Es necesario que nos empoderemos, las personas con discapacidad y pongamos sobre la agenda pública, nuestras reivindicaciones.

El empleo es un derecho y no una dádiva que nos ofrecen como acto magnánimo. Acompáñanos y apóyanos en difundir esta acción.

Foto de abc.es

El pasado 10 de abril se dio inicio al trabajo político de la Izquierda Ciudadana en la región de Aysén. La actividad contó con la presencia del Presidente Nacional del partido, diputado Sergio Aguiló, el Vicepresidente Nacional, Diego Ancalao y el Coordinador Regional, Rodrigo Triviño.

Una de las tareas prioritarias fue constituir la directiva regional para incentivar el trabajo en las bases, por lo cual, el pasado viernes 17 de abril, se realizó una reunión ampliada con diversas personas, entre las cuales se destacan, dueñas de casa, profesores, profesionales y hermanos de pueblos originarios. Se definió una directiva provisoria presidida por Rodrigo Triviño (Presidente), Raúl Cárdenas (Vicepresidente), Carlos Mansilla (Secretario) y Marcelo Rodríguez.

Esta directiva provisoria tiene la tarea de validarse desde las organizaciones ciudadanas, fortalecer el componente étnico y plurinacional del partido, así como también, fortalecer la lucha por los derechos humanos y devolver la ética a la política, a través del trabajo desde las bases para juntos construir un nuevo paradigma político.

La Izquierda Ciudadana tiene por objetivo convertirse en un referente vinculado a los temas ciudadanos, promoviendo una fuerte participación y, fundamentalmente, un respeto hacia el valor de las personas y sus inquietudes como temas prioritarios para cualquier gobierno.