Gloria Quidel, Secretaria Regional de la IC en La Araucanía, viajó largas horas desde esa zona a Santiago. A pesar del agotador trayecto, nunca dudó en estar presente, junto a sus “compañeros” en el momento en que la Izquierda Ciudadana de Chile presentó (15 de febrero) ante el Servicio Electoral, las listas de inscripción de siete regiones del país, entre ellas, la de su querida tierra: La Araucanía.

Ese instante, que va más allá de un trámite que establece la ley, fue calificado como un hito y lo es, porque, la IC logró constituirse como el primer partido político plurinacional. Un desafío no menor, sobre todo, cuando la sociedad civil desconfía de la clase política, se siente al margen de la toma de decisiones y espera que aparezcan nuevas voces, nuevos rostros que oxigenen la política, que transparenten la forma en que se ejerce la actividad y se abran vías reales de participación ciudadana, dejando atrás los eufemismos y las promesas.

Durante el proceso de inscripción, la emoción experimentada por la Secretaria Regional de La Araucanía, era evidente. Hoy, recuerda que “es un hecho histórico a nivel nacional y también a nivel de pueblos originarios. Estamos en un partido amplio e inclusivo, en el que se están creando los espacios para que la ciudadanía que no se siente representada, vea en nosotros una herramienta de participación verdadera”.

¿Cuán importante puede ser para los habitantes de La Araucanía, para las comunidades Mapuche y de otras étnias, lograr reunir más de 900 firmas? Ante esta pregunta, Gloria Quidel responde: “Es importante, es un proceso que involucró tiempo, trabajo en terreno con distintas comunas, principalmente, de la Provincia de Malleco, con personas participativas, emprendedoras, muy activas, de todas las edades y con amplias expectativas para trabajar por el partido”.

Partido Plurinacional

Uno de los aspectos que marca la diferencia con la inscripción en el SERVEL por parte de la Izquierda Ciudadana es que la IC se convirtió en el primer partido plurinacional del país, aspecto que para la Secretaria Regional del partido en La Araucanía, “es un ejemplo que da la Izquierda Ciudadana al país y a la sociedad”.

Agrega que “el tener un carácter plurinacional implica integración, reconocimiento y respeto hacia los pueblos originarios. Somos varios dentro de la IC que trabajamos en el partido y pertenecemos a los pueblos originarios, lo que tiene un valor incomparable”.

Por: Edgardo Muñoz. Coordinador Regional Antofagasta de la Izquierda Ciudadana de Chile.

“La ciudadanía cada vez está más empoderada de lo que sucede en la actualidad, ya no somos los que nos quejamos sólo con murmullos o, simplemente, evitamos los problemas mirando para otro lado. Ahora, ahora reclamamos nuestros derechos, solicitamos que los que “nos representan” hagan su pega y la hagan bien.

Estos años de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, han estado marcados, porque la corrupción salió a la luz, fue en esta administración cuando nos dimos cuenta cómo durante años, ciertos empresarios “aportaban” a la política chilena y cómo muchos de nuestros representantes se llenaban los bolsillos e incrementaban sus patrimonios con estos aportes, a cambio de hacer leyes a favor de sus nuevos patrones. Ejemplos de esta realidad innegable son los casos Penta, SQM, Cencosud y BCI, entre otros.

Hoy, la ciudadanía demuestra con fuerza su rechazo a la forma de “hacer negocios” de los empresarios y a su relación con la clase política. Estamos aburridos de las tontas excusas para justificar sus nuevos pagos, de cómo la justicia es diferente según la billetera del acusado (recordemos el caso Martín Larraín) o como las leyes se han hecho casi en concordancia con los empresarios que saldrán favorecidos (la famosa Ley de Pesca). Por lo mismo, se explica la permanencia y vigencia de los movimientos en estos años. Estos movimientos sociales exigen una nueva forma de hacer política.

Es, en este contexto, que se empezó a legalizar una nueva forma de participación llamada Izquierda Ciudadana, mediante la cual, buscamos que sea la ciudadanía la que se empodere y reclame sus derechos y sea ella la que haga la política de manera correcta, sin esperar o justificar “pagos extras”. Hacer política e inscribir un nuevo partido, en las condiciones mencionadas anteriormente, es difícil, como nos dijo un personero del gobierno regional: “Son valientes en inscribir un partido en estas condiciones, yo no lo haría”.

Sin mentir, fue difícil, pero logramos convencer y empatizar con la gente de la Región, las ciudades de Antofagasta, Calama, Tocopilla y Tal Tal nos abrieron sus puertas y con ellos conocimos la realidad de su gente, de su problemática, de sus intereses, y unidos les indicamos que debemos pelear por sus derechos, que debemos hacernos escuchar, que debemos hacer de esta Región, de estas comunas, un mejor espacio para vivir en comunidad.

Creemos que la política es para servir a la gente y no para que sea un instrumento del cual se pueden servir algunos pocos, o los mismos de siempre.  Por lo mismo, con enorme satisfacción logramos reunir las firmas necesarias para inscribirnos ante el Servel (Servicio Electoral) como partido político en la Región y, de esa manera, apoyar a los verdaderos entes del cambio que necesitamos en la Región y luchar para lograr que las comunas sean representadas por gente real, personas que sepan de la problemática de cada una de ellas y su norte sea la solución de sus demandas.

Hoy, con orgullo y como ciudadanos, nos planteamos como una real alternativa para impulsar los cambios que se necesita para hacer de Chile un país más justo y más equitativo”.

Link:

http://www.elmuro.cl/piden-salida-de-patricio-zapata-al-mando-del-consejo-de-observadores/elmuro/2016-02-26/093947.html

Una de las promesas de la segunda campaña del Gobierno de Michelle Bachelet fue el cambio de la Constitución de 1980 y que, en la práctica, llevó al anuncio, ya instalada nuevamente en La Moneda, de lo que se conoce como Proceso Constituyente, instancia que llevaría a que el país cuente con una nueva Carta Fundamental. ¿Cuándo?, eso está por verse, ya que, de acuerdo a los tiempos, lo que muchos tienen claro es que será el próximo Congreso, con sus nuevos representantes o los mismos de siempre, los que asuman la tarea de que esta propuesta se transforme en un hecho concreto.

El 2 de diciembre de 2015, recordemos que la Mandataria dio a conocer los nombres de quienes integran el llamado Consejo de Observadores Ciudadanos, un grupo variopinta, según explicó la propia Jefa de Estado, en su momento, “integrado por hombres y mujeres de reconocido prestigio y que representan la diversidad de visiones que conviven en nuestro país”, agregando que dicha instancia, busca “que estén presentes todas las miradas de una forma u otra”.

Según las palabras pronunciadas el año pasado por la Presidenta Bachelet, lo que se pretende es “dar garantías de que habrá total equidad en la elaboración de la Nueva Constitución, que no va a haber una visión favorecida o perjudicada en los espacios de participación. Si no que, en esos espacios de participación, lo que estamos esperando es que estén presentes todas las miradas de una forma o de otra”, enfatizando en que “la labor del Consejo será trabajar autónomamente en cada una de las fases, que toda la información necesaria se encuentre disponible, que se cumpla cada etapa comprometida y que cada pase del erario público se gaste como corresponda”. Aquí es necesario tener presente que, a través de la Ley de Presupuestos, el Gobierno destinó 2  mil 836 millones de pesos para la implementación del Proceso Constituyente, bajo la glosa “Estudio para una nueva Constitución”.

La dificultad es que, a casi tres meses de conformado este Consejo de Observadores Ciudadanos, las declaraciones de la Presidenta Bachelet parecieran flotar en el aire, sin pisar tierra firme, ya que en cuanto al Proceso Constituyente y el Consejo de Observadores, hay más incertidumbre que certezas y se mantiene una nebulosa respecto de cómo están trabajando los integrantes del Consejo y la forma en que, en la práctica, asumirán el desafío, no menor, de hacerse responsables de la puesta en marcha de los Cabildos Ciudadanos.

El panorama no es nada de simple y ya han surgido cuestionamientos de carácter político, como por ejemplo, la reciente amenaza del presidente de Renovación Nacional (RN),  Cristián Monckeberg,  en el sentido de que el partido no seguiría participando ni brindando su apoyo, en la medida en que no se den reales garantías de que el proceso sea transparente.

Contradicciones y fallas en el diseño constituyente

En el marco de la discusión del Proceso Constituyente también hay críticas, pero no desde la perspectiva política, sino más bien de fondo, desde la mirada que los expertos tienen sobre esta materia. En este sentido, según Álvaro Ramis, Doctor en Ética y Democracia, el tema de fondo es que “se trata de un tema muy esperado, postergado y que ha avanzado a cuenta gotas y que evidencia una gran contradicción”. En tal sentido, plantea que, precisamente, esa contradicción está dada por un aspecto concreto: “La ciudadanía apoya una reforma muy profunda a la Constitución, incluso, se manifiesta mayoritariamente a favor de una Asamblea Constituyente, pero desconoce el Proceso Constituyente y las diferentes encuestas como Plaza Pública CADEM y ADIMARK reafirman esta paradoja”.

Cabe indicar, precisamente, que por ejemplo, de acuerdo a los sondeos realizados por Plaza Pública CADEM, con un universo de 70,9% de consultados, un 61% considera que la reforma a la Constitución es muy o bastante positiva para el país. Sin embargo, más allá del interés de la sociedad civil, porque exista una nueva Constitución, lo que hay que preguntarse es si, realmente, la gente sabe lo que esto significa, qué es la democracia, cuáles son los alcances de que haya una nueva Carta Fundamental y en cuánto podrían cambiar las condiciones del país. Frente a ese escenario, ¿son suficientes las jornadas de educación cívica o la publicidad que intenta rescatar algunos conceptos, pero sin una mayor profundización de lo que son los derechos sociales, la libertad y la igualdad?

Álvaro Ramis, quien es director del Centro de Estudios Cultura Ciudadana, asegura que “hay responsabilidad del Gobierno y del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente de difundir y exhibir ante la opinión pública lo que esto significa, ya que es un proceso desconocido, hasta el momento”. Agrega que, en general, en materia de Proceso Constituyente es importante que “efectivamente, se escuche la voz de la gente, que no se la sustituya por un mecanismo técnico, que no se convierta en una instancia de expertos (Consejo de Observadores), sino que represente, fielmente, lo que la ciudadanía está demandando en materia de una nueva Constitución legítima para Chile”.

El experto advierte que  “los recursos que hasta, ahora, se han utilizado para conocer el Proceso Constituyente, como por ejemplo el Constitucionario y otros, son realmente herramientas bastante poco eficaces para lograr este objetivo”.

Hay que mencionar que Junto al Constitucionario que es una suerte de diccionario de conceptos, se está realizando un Constitucionario Móvil, donde tres furgones recorren las playas entregando folletería con 23 ilustraciones. Las propuestas que el Gobierno ha buscado para dar a conocer este tema, desde un inicio ha sido objeto de críticas, incluso, el Ministro del Interior, Jorge Burgos ha debido contra-atacar los cuestionamientos, asegurando que no hay, de por medio, ninguna campaña propagandística.

Álvaro Ramis asegura que “se debe corregir la metodología de los Cabildos y permitir el debate y no poner a competir derechos que son inconmensurables”. Además, señala que también tiene que darse un cambio en la coordinación del Consejo de Observadores Ciudadanos, “no veo a (Patricio) Zapata en ese cargo, falta convicción. Zapata no conduce el Consejo, no se coordina con los consejeros que impulsan el Proceso Constituyente, ni tampoco con los de la derecha”.

Tomás Urrutia, Vicepresidente de la Coordinadora Nacional de Jóvenes de la Izquierda Ciudadana (CNJ) participó como panelista este miércoles 25 de febrero en el programa “Sin pretexto” de Radio Universidad de Santiago, espacio en el que junto a Matías Libuy, médico y militante de la Juventud Socialista tuvo la oportunidad de conversar sobre temas de actualidad que, en los últimos días, han sido recogidos por los medios de comunicación.

Una de las materias abordadas fue el llamado Caso Basura, en el que, recordemos, la Fiscalía investiga al ex alcalde Pedro Sabat por irregularidades en los procesos de licitación, quien se suma a los alcaldes de Cerro Navia (Luis Plaza) y de Maipú (Cristián Víttori), investigados por fraude al Fisco. Sobre este tema, Tomás Urrutia manifestó que la situación, particularmente, en la comuna de Ñuñoa “es preocupante, porque al adjudicarse la licitación a KDM no sólo se duplican los pagos, pasando de $98 millones a $167 millones, sino que, además, esta licitación tiene un vicio de origen que radica en que el subgerente de KDM sería el hermano del alcalde”.

 El dirigente de la Juventud de la Izquierda Ciudadana advirtió que le preocupan dos aspectos puntuales: “Los filtros institucionales que existen a la hora de la adjudicación de las licitaciones y, junto a ello, el incremento del desprestigio de la política que pareciera ser un fenómeno de nunca acabar”, agregando que “el año pasado se destapó una suerte de olla que, básicamente, lo que hace es dar certeza a la gente respecto de sus inquietudes y de la inseguridad latente sobre la sensación existente en cuanto a que los políticos están en otra vereda”.

 Sobre la impresión de que la clase política permanece en otra vereda, no es la misma en la que se encuentra la ciudadana, Tomás Urrutia fue enfático al mencionar que el rol de los jóvenes se convierte en una pieza fundamental para que haya cambios reales, sustantivos y concretos. “Los jóvenes tenemos un desafío generacional, tenemos la tarea de devolverle la confianza a la ciudadanía, a través de nuevos referentes políticos que se han levantado -hay 17 en proceso de inscripción- y que haya nueva gente, nuevas generaciones que no sólo tienen la tarea de trabajar, por ejemplo, en los temas juveniles, sino de dotar de una nueva perspectiva y de una nueva forma de hacer política”. Añadió: “somos una generación que no tiene medio, que viene desde la indignación, desde el descontento de una transición pactada y, por lo tanto, nuestra tarea también es robustecer la democracia y devolver la política donde corresponde, en manos de la gente y al servicio de la misma”.

 El Vicepresidente de la Coordinadora Nacional de Jóvenes de la Izquierda Ciudadana dijo también que “la ciudadanía tiene que jugar un rol activo, no sólo desde la indignación, sino desde la participación, tomar las riendas del asunto y salir, en las próximas elecciones, denunciando esto y votando por los nuevos referentes y terminando con las malas prácticas”. Asimismo, señaló que “nosotros optamos por abrirnos a nuevos actores, trabajando desde la Izquierda, desde la Nueva Mayoría y fuera de ella. Creemos que tenemos la capacidad, como nuevos referentes, para instalar temas y posiciones que no se ven, necesariamente, representadas desde los otros sectores, y abrirnos hacia el otro mundo de la Izquierda, con la cual tenemos muchas veces más convergencias que diferencias”.

Urrutia recalcó que “como IC siempre nos hemos planteado como un instrumento que funcione como un puente entre la institucionalidad política y los movimientos sociales, junto a todos los actores que, por cierto, se vean reflejados. Estamos abiertos a trabajar con distintas organizaciones de la Izquierda, abrir el panorama y el escenario político y trabajar, conjuntamente, con los compañeros de la Nueva Mayoría para hacer de éste un Chile más democrático y justo”.

Caso Apablaza

Otro de los temas que se analizó en el programa “Sin pretexto”, fue el hecho de que la Unión Demócrata Independiente (UDI) calificara como una buena señal, la respuesta de Argentina ante el Caso Apablaza. Cabe consignar, al respecto, que el gobierno argentino se abrió a la posibilidad de llegar a una salida amistosa con la familia del ex senador, Jaime Guzmán.

 En este punto, Tomás Urrutia aseguró que todo asesinato es condenable y, en ningún caso, puede ser un hecho relativisable. Sin embargo, precisó que “sería bueno ver el mismo entusiasmo por parte de la UDI, sobre todo lo que fue el terrorismo de Estado desarrollado en la época de dictadura. En relación a lo que está pasando en torno al Caso Apablaza, no sé hasta qué punto, siendo un gesto para la UDI, eso es traducible en alguna señal más allá de lo político, porque quien le otorga la condición de refugiado político a Apablaza es la Corporación Nacional de Refugiados y, hasta donde entiendo, los fallos de la CONARE son inapelables, entonces, no sé si esto puede llegar, insisto, más allá de un gesto político y de una declaración de buenas intenciones del gobierno argentino”.

 Consultado respecto de la postura del Presidente Macri de defender la autonomía y mantener a Apablaza en Argentina, dejando a Chile la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, entidad que ha sido cuestionada, en ocasiones anteriores por la propia UDI, pero que, ahora, esa alternativa no la descarte, Urrutia afirmó: “Es parte de la laxitud con la que la UDI trata todo lo referente a los derechos humanos, es parte de la poca valoración que le otorga a los derechos humanos, porque, precisamente, esos espacios no pueden ser valorados dependiendo de la situación a la que se quiera apelar. La ciudadanía demanda nuevos estándares y la imparcialidad, respecto de este tipo de temas, en el sentido de que o se está a favor de la defensa de los derechos humanos, o se está en contra, así de simple y no hay medias tintas, ni matices”.

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El Vicepresidente Nacional de la Izquierda Ciudadana de Chile, Diego Ancalao aseguró, tras realizarse la inscripción de la IC en el Servicio Electoral (SERVEL), que “por primera vez en Chile, un partido político de Gobierno, que es parte de la administración del Estado, se declara y registra como un partido plurinacional. Eso no había ocurrido nunca, desde los doscientos años de la historia del país y de los 134 años de historia de La Araucanía”.

Al respecto, cabe mencionar que por la Región de La Araucanía se presentaron más de 900 firmas, lo que constituye un hito, en términos de que un partido lograra convocar el interés de las comunidades indígenas y de los habitantes de la zona que se han sentido marginados, sin espacios reales y concretos de participación y, en esta ocasión, depositaron su confianza en la Izquierda Ciudadana como la vía política, a través de la cual puedan, efectivamente, ver representadas sus demandas.

En la jornada del 15 de febrero, la Izquierda Ciudadana entregó al Servicio Electoral, las afiliaciones de ciudadanos para su constitución legal en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Del Libertador Bernardo O’Higgins, Maule y La Araucanía. A fines de marzo, el nuevo partido presentará a la misma entidad, las listas correspondientes a la Región Metropolitana.

Durante la actividad, a la que se sumaron militantes de Santiago y de regiones que viajaron para estar presente en este capítulo político, calificado como histórico, el presidente de la Izquierda Ciudadana y diputado, Sergio Aguiló, se dio el tiempo para agradecer, en particular a los jóvenes que participaron de manera activa en el proceso de inscripción en muchas comunas y provincias, señalando, que “sin la mística de los jóvenes, sin su fuerza, no habríamos logrado esta meta. Los invito a sumar a nueva gente”.

Aguiló afirmó, al mismo tiempo que “este partido será más grande en la medida que haya más jóvenes entusiastas en las universidades, en los liceos, en las poblaciones y en los sindicatos, que tengan la fuerza que ya mostraron los jóvenes de la Izquierda Ciudadana”.

“Aclaremos que el rechazo al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), no es antojadizo, no está centrado en la simple idea de oponerse a las estrategias que, en algún minuto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno consideran pertinentes y, supuestamente, satisfactorias para el país. Las razones concretas para rechazar el TPP son varias y, es tiempo, de que la sociedad civil las conozca en profundidad y no se deje engañar por titulares, o frases de buena crianza, que hablan de sus presuntas bondades, porque hay riesgos implícitos.

Uno de los aspectos que llama la atención es que, durante un período de cinco años, lo que no es menor, este acuerdo se estuvo negociando prácticamente en silencio, de manera hermética, a espaldas de la ciudadanía y de expertos en la materia que bien pudieron manifestar su postura sobre el tema y dar a conocer sus legítimas aprehensiones. ¿Por qué no transparentar las conversaciones que sostuvieron los 12 países de la Cuenca del Pacífico que respaldan el TPP y entre los que Chile está incluido?, ¿qué había detrás de este acuerdo que, en la práctica, hizo imposible informarnos de la manera correcta? y sin conocer, aún, el detalle de las variadas páginas que conforman el Acuerdo Transpacífico liderado por el Gobierno de Barack Obama.

No hay que olvidar que  después de cuatro años de materializada la suscripción del TPP, recién ahí se conocerán los documentos que, hoy en día, están bajo reserva. Una evidente falta de claridad. A esto se suma otro factor negativo: nuestro Congreso no cuenta con las facultades para modificar eventuales cláusulas del Acuerdo Transpacífico y que pudieran ser consideradas como negativas o inadecuadas para Chile, es decir, el margen de acción es prácticamente nulo, de manera que aunque, con posterioridad, se pudiera conocer el detalle del acuerdo, legislativamente, no podemos hacer nada para mejorarlo o evitar riesgos para el país.

En medio de toda esta trama, cabe la pena preguntarse, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con la suscripción del TPP? Según se ha destacado en medios de comunicación nacional e internacionales, entre los mayores beneficiados estarían, por ejemplo, las compañías tecnológicas, las entidades financieras, o sea, los bancos y los productores rurales, a través de la baja de aranceles. En la otra vereda, en aquella de la vitrina nefasta se instalan los países más pequeños y menos industrializados que suscribieron el acuerdo, junto, por supuesto, a los ciudadanos que viven en los Estados firmantes.

 Para explicar bien de lo que estoy hablando, hay que saber que estamos en presencia de un tratado comercial que involucra a 400 millones de personas que viven en los doce países que forman parte del TPP y que, en palabras simples, persigue regular numerosas materias, tan diferentes, amplias y variopintas: desde el comercio de lácteos, derechos laborales, patentes medicinales, derechos de autor, inversiones estatales y medio ambiente.

Las amenazas

Una amenaza del TPP tiene que ver con el área de la salud. En este sentido, los expertos plantean que “reforzará los derechos privados para las empresas farmacéuticas multinacionales, ampliando y prolongando sus monopolios de patentes contra las drogas. Esto en desventaja de los medicamentos asequibles para millones de personas y encareciéndolos”. Este hecho puntual, atenta contra uno de los ejes rectores del actual Gobierno de la  Presidenta Michelle Bachelet como es el fortalecimiento de la salud pública, mediante, por ejemplo, iniciativas como la conocida  Ley “Ricarte Soto” orientada a ayudar a los ciudadanos a costear enfermedades de alto costo.

 A los riesgos generados por el TPP se añade otro: Estados Unidos busca que los países firmantes reconozcan patentes sobre procedimientos médicos. Estamos hablando de métodos de diagnóstico, cirugía y tratamiento, lo que significaría que las nuevas técnicas para el tratamiento de enfermedades no podrían ser usadas por cualquier especialista, en cualquier parte del mundo, poniendo en riesgo la salud de millones de pacientes.

 En el plano de la propiedad intelectual, el TPP, según expertos, busca convertir a los proveedores de acceso a Internet en los responsables de censurar contenidos unilateralmente, sin intervención de un organismo superior, como el poder judicial, que garantice los derechos de la ciudadanía. Ello, porque el TPP mantiene la posibilidad de entregarle incentivo a los prestadores de servicios para combatir la piratería o el intercambio ilegal de archivos, de forma de constituir un símil de policías de la red de los ISP (Internet Service Provider o Proveedor de Servicios de Internet), dándole al Gobierno de Estados Unidos el derecho de incautar nombres de dominio, cortar medios de pago y remover contenidos de la red de manera discrecional y sin control.

 El acuerdo busca endurecer las sanciones a las infracciones del derecho de autor, penalizándola con multas, desconexión de Internet y hasta cárcel, busca convertir en delito el desbloqueo de los DRM o candados digitales y, además, incluye párrafos sobre el conocimiento tradicional (ancestral) llamando en el punto QQ.B.xx:d) a establecer “cooperación” para capacitar en la entrega de  patentes relacionadas con conocimiento tradicional asociado a semillas (para ellos recursos genéticos), tema sobre el cual Chile no tiene legislación alguna. En la práctica, esto es un nuevo estímulo para la bio-piratería y un desconocimiento de la obligación legal de consultar a los pueblos indígenas sobre estas materias, de acuerdo a lo establecido en el Convenio N° 169.

De acuerdo al economista Rick Rowden, el TPP prohíbe los controles de capitales y de actividades financieras que las crisis de los últimos años han mostrado como necesarios, dejando, por lo tanto, a los países más expuestos a crisis financieras. La falta de regulación le permitiría a la industria financiera hacer negocios más lucrativos, pero aumenta los riesgos para los países.

El Gobierno debe respetar su programa

En el último punto en el que me centraré dice relación con el Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en materia de relaciones exteriores. Al respecto,  se sostenía que “tenemos preocupación ante la urgencia por negociar el acuerdo Trans Pacific Partnership (TPP). Para velar por el interés de Chile se debe hacer una revisión exhaustiva de sus alcances e implicaciones. Para nuestro país es prioritario impedir aspectos cuestionables que pudieran surgir en este acuerdo, pues, mal manejado, se transformaría en una renegociación indirecta de nuestro TLC con EEUU, debilitando acuerdos ya establecidos en materia de propiedad intelectual, farmacéuticos, compras públicas, servicios e inversiones, o llevaría a la instalación de nuevas normas en el sector financiero”.

 Me pregunto, ¿qué parte de este mensaje se olvidó?, ¿por qué lo dejamos de escuchar?, ¿sólo fue una promesa del programa de Gobierno que, finalmente, se desechó?”.

Por: Diego Ancalao, Vicepresidente Nacional de la Izquierda Ciudadana (IC).

Columna publicada en el diario electrónico EL MURO: http://www.elmuro.cl/la-lucha-de-un-mapuche-en-el-chile-de-hoy/elmuro/2016-02-29/095816.html

Blogs Radio Cooperativa: http://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/la-lucha-mapuche-no-se-soluciona-solo-con-un-llamado-al-dialogo/2016-02-27/114339.html

http://www.elclarin.cl/web/opinion/politica/18346-la-lucha-de-un-mapuche-en-el-chile-de-hoy.html

“Parto formulando una pregunta concreta, cuya respuesta, con el paso de los años, he ido poco a poco respondiendo: ¿cuál es mi rol en la sociedad?, no sólo por ser joven profesional, sino por ser Mapuche, hijo de un pueblo milenario y proveniente de una comuna humilde y postergada de la Región de la Araucanía, Purén Indómito.

 ¿Cuál es mi lucha como joven Mapuche en el Chile de hoy? En un período en que observo cómo dramáticamente se desintegran nuestras comunidades y se ejecutan persecuciones políticas, policiales y judiciales hacia los jóvenes Mapuche, he vivido en carne propia estas persecuciones demostrando mi inocencia una y otra vez, dejando en evidencia que, para algunos, el solo término Mapuche, significa delincuencia, encierra un peligro inminente y para una sociedad consumista y arribista, el ser Mapuche es un estigma.

 Los ejemplos de cómo a nuestro pueblo Mapuche se le castiga, lamentablemente, sobran: la aplicación de la Ley Anti-terrorista a Mapuches que viven de la agricultura para poder subsistir. El rigor de la ley, sólo cargada hacia un lado, es una señal del intento extremo de judicializar la causa Mapuche que, a muchos molesta y tratan, entonces, de reducirla sólo a un problema de pobreza, ocultando importantes niveles de exclusión y marginación social.

 Lo cierto es que el Estado está lejos de resolver la génesis de la discordia, mediante este tipo de métodos que no hacen más que ahondar en la discriminación de la que ha sido flanco el pueblo Mapuche, que sigue siendo oprimido, pese a estar ya en el Siglo XXI. Pero, también es postergado un grupo significativo de la sociedad civil, marginada y silenciada.

 Es evidente que muchos de nuestros representantes políticos no tienen claro por qué luchar, por el contrario, murieron las utopías, los sueños que nacen de la esencia y de la búsqueda del bien común. Esto ocurre, mientras, en paralelo, gigantescos movimientos corporativos indiferentes a los valores de la democracia y la justicia social, se afianzan en estructuras de poder por sobre, incluso, el propio Estado.

 Hasta ahora, escasean los esfuerzos por soluciones reales. Se suele creer que con entregar varios millones de pesos para comprar tierras, mediante la CONADI, la creación de un Ministerio para los Indígenas, sin los indígenas (la consulta se aplicó a 6 mil personas de 1.5 millones de indígenas), más programas de educación, salud y capacitación, o con simples llamados al diálogo de las partes en conflicto, se soluciona lo más urgente. Todo reducido a dinero.

 Falta visión política, una mirada realista y una política concreta que realmente resuelva los problemas, no simples parches, se necesita cirugía mayor no más aspirinas, a un cáncer que ya es terminal.

Una vía para avanzar

 La solución va mas allá de crear condiciones para el diálogo, se debe impulsar una propuesta clara sobre la participación real, no sólo consultiva y se requiere, además, el desarrollo humano de los pueblos originarios. La búsqueda de ésta, debe ir hacia un reconocimiento constitucional y una participación política digna en la toma de decisiones. No seguir viendo cómo las resoluciones se adoptan entre grupos cerrados, entre cuatro paredes y en donde la marginación de otros, fuera el lema de estos pocos que ostentan el poder y lo utilizan en su propio beneficio, mirando de reojo a los demás.

 Y esta mirada de reojo, no sólo es de la derecha, sino también de la Concertación que es parte de la Nueva Mayoría. Sin embargo, dentro de la nueva alianza de Gobierno, esa misma práctica de mirarnos bajo el hombro se mantiene por parte de algunos militantes que están en cargos públicos, un mensaje para ellos, la ciudadanía aún espera la alegría que iba a llegar.

 El Estado chileno debe solucionar la génesis del problema, ya que, de lo contrario, sólo seguirá fomentando un asistencialismo inerte. Hasta el momento, no se ha solucionado ningún conflicto, sólo se han apaciguado algunos gritos, por un momento, pero es imposible acallar el grito de libertad de un pueblo que viene hace siglos derrotando lo imposible, hoy somos nosotros los llamados.

Como Mapuche asumo la razón de mi lucha. Sé de dónde vengo y hacia dónde voy, tengo un sueño por el cual trabajar y entregar mis mejores esfuerzos. Alguien dijo “el que no sabe por qué morir, realmente no vive”. El hombre jamás está vencido del todo. Siempre la caída es breve, hay que aprender de ella y seguir caminando.

Los cambios en nuestro modo de vida y conducta no corresponden a un sometimiento a la dominación, sino a una adaptación a este nuevo contexto, en el que evoluciona la estrategia para salir de esta condición. No podemos permitir que nuestros derechos ancestrales sean pasados a llevar por una Constitución posterior a nuestro asentamiento en este territorio.

 No se puede hablar de racismo Mapuche, si no, de resistencia centenaria y lucha por la dignidad ante una colonización, asimilación e intento de exterminio de nuestra cultura.

 El ser joven no es sólo un privilegio, es un bien para la sociedad, por lo que debemos poner en práctica nuestra vocación de transformación social, nuestra capacidad creativa y nuestro razonamiento critico. Hoy, la discriminación continúa,cuántas veces hemos escuchado decir que somos “mapuchones aprovechadores, borrachos y flojos”, o Mapuche sin capacidad reflexiva y llaman “awincados”, a los que han tenido la posibilidad de llegar a la universidad. Para muchos, uno no pasa más allá de ser un “indio”, con formación, pero igual “indio” al fin y al cabo, entonces, me pregunto: ¿qué significa ser chileno?

 El desafío consiste en que seamos capaces de instaurar una nueva forma de liderazgo, que permita ir generando y levantando una sociedad solidaria que dé igualdad de oportunidades a todos, para que logren su incorporación al campo laboral y a toda actividad económica, social y cultural que tienda al pleno desarrollo como personas, saliendo de la mera crítica a propuestas concretas, buscando un desarrollo sustentado en la paz como situación deseada y valor predominante, en torno al cual será posible edificar el consenso cotidiano.

 La gran herencia que nos dejó el pasado son la violencia y la impunidad para el transgresor, pero nosotros no podemos volver atrás, debemos avanzar, la inteligencia y el diálogo tienen su sitio preferente, deben escucharnos los que se hacen los sordos y nosotros debemos hacernos escuchar. En caso contrario, veremos aparecer la intolerancia y la fuerza como mecanismo de solución de problemas. No queremos más y debemos dar la lucha en el plano alto de la dignidad y disciplina, demostrando que somos capaces de avanzar con la venia de la razón y con la fuerza de nuestras ideas, así jamás seremos culpados de hechos censurables.

 No buscamos satisfacer nuestra sed de autonomía cayendo en el odio, degenerando nuestras protestas justas en violencia física. Es alarmante constatar que los gobiernos han llegado al extremo de recurrir a la violencia para manifestar su desacuerdo con nuestras reivindicaciones.

 Esta lucha no debe llevarnos a desconfiar de toda la gente no Mapuche, porque varios de ellos, hoy, nos han ayudado. No somos racistas ante el resto de la sociedad, basta con observar los vínculos de solidaridad entre los pueblos indígenas y las clases sociales más postergadas del país y la réplica ejemplar en países latinoamericanos nos hacen concluir que su destino está amarrado al nuestro y hay una razón que nos debiera impulsar a aunar fuerzas: los participantes directos en la administración del sistema actual, han olvidado que el verdadero reto de los países emergentes debe apuntar al desarrollo de las grandes masas sociales y no a pequeños grupos económicos.

 Es fácil observar que se ha confundido el desarrollo con el crecimiento, por lo tanto, las metas y necesidades de este sector postergado están unidas, inseparablemente, a las nuestras.

 No podemos caminar solos y en este camino la promesa consiste en que trabajemos juntos, dejando de lado todo lo que nos diferencie y divide, trabajando sobre lo que nos asemeja y une, ubicándonos sobre las diferencias religiosas, inclusive, y antes de decir “no nos ayudan”, nos ayudaremos primero nosotros mismos y jamás dejemos de luchar por lo que nos corresponde.

 No desistiremos en nuestra lucha hasta lograr las metas que nos hemos fijado. Estas son las palabras de quien sueña con un mañana mejor para Chile, los pueblos originarios y los postergados y de quien sabe que para un mejor mañana, debemos trabajar, ahora, en el presente. Si estás de acuerdo, entonces, lucha por forjar el futuro de nuestros hijos y el de nuestro pueblo”.

El Vicepresidente Nacional de la Izquierda Ciudadana, Diego Ancalao participó en la jornada del martes 23 de febrero en el programa “Sin Pretexto” de Radio Universidad de Santiago, en la que, junto a Bernardita Soto, cientista política e integrante de la directiva de la Democracia Cristiana (DC) y Pablo Rodríguez, coordinador de política electoral del Instituto Libertad, analizaron temas de política contingente y que han marcado la pauta de noticias, en los últimos días.

Una de las materias que se conversó fueron las declaraciones de la Presidenta, Michelle Bachelet en la BBC, medio en el que manifestó haber tenido la sensación de quedarse en ONU Mujeres, a la hora de evaluar si asumir o no el desafío de ser candidata presidencial, por segunda vez. También se debatió respecto de la presentación de un proyecto paralelo, liderado por la ex senadora, Soledad Alvear para contraatacar la Ley de Aborto bajo tres causales que propone el Ejecutivo y, un tercer tema fue la Ley de Inclusión que comenzará a regir el 1 de marzo.

Precisamente, respecto de la decisión de la ex senadora, Soledad Alvear (DC) y de los diputados (Jorge Sabag, Marcelo Chávez e Iván Flores) del mismo sector, de presentar un proyecto paralelo a la ley de aborto, Ancalao indicó: “la Democracia Cristiana es parte del Gobierno, todas las discusiones deben darse en términos de proyectos de ley y tienen que haberlo hecho de manera seria en el proceso de debate de los partidos. Lo que no corresponde es que aparezcan iniciativas paralelas en un momento cercano a un período de elecciones, proyectando una figura (Soledad Alvear) bajo una situación que tiene que ver, en este caso, con el aborto”.

El dirigente de la IC planteó que “lo que aquí se debe resolver es si la Democracia Cristiana está de acuerdo o no en las tres causales que fija el proyecto del Gobierno y, de acuerdo a eso, tiene que generarse la votación del proyecto. Me resulta extraño que aparezcan, insisto, proyectos paralelos frente a situaciones puntuales que tienen que darse en un debate de la iniciativa que está en el Congreso. La Democracia Cristiana es un partido muy diverso y, por las características que tiene a lo largo de la historia, me parece casi natural su oposición al proyecto de despenalización del aborto y son los que han venido dilatando la votación constantemente”.

Ancalao, en el marco de la conversación en el programa “Sin Pretexto” manifestó sus dudas sobre la forma en que la falange resolverá el tema, “o si será, nuevamente, una materia de negociación con el Gobierno para poder tener conducción en términos políticos”, dijo. En forma tajante, afirmó que si se quiere hablar de política en forma seria, “Soledad Alvear y la DC debieron proponer un referéndum para que las mujeres del país pudieran expresar, libremente, lo que piensan del aborto”.

Declaraciones de Bachelet en la BBC

Sobre las palabras de la Presidenta Bachelet, Diego Ancalao indicó que, si bien, su interés no es defender las declaraciones ni tampoco criticarlas, a su juicio, “esta es la manera perfecta en que la derecha demuestra su analfabetismo político, ya que, la intuición es considerada parte de la teoría del conocimiento. Pareciera que Chile Vamos, que es el nombre nuevo de la derecha, se olvida que cuando Sebastián Piñera estaba en el Gobierno, no sólo carecía de intuición y de falta de conocimiento sobre ciertas materias, a tal punto que llegó a hacer el ridículo a nivel internacional, por ejemplo, cuando cantó parte de un himno vetado en Alemania, o cuando indicó que el árbol sagrado del pueblo Mapuche es el laurel, en circunstancias que es el canelo”.

El Vicepresidente de la IC, sostuvo que “cuando se habla de ridiculeces, en términos de Gobierno, Chile Vamos debiera analizar su falta de prolijidad (haciendo alusión a Sebastián Piñera). Me gustaría recordarle a la derecha que Bachelet, sin ánimo de defender, sino siendo absolutamente claro, es la Presidenta de todos los chilenos, de los que votaron por ella y de los que no lo hicieron y la derecha aún pareciera no aceptar, hasta el día de hoy, que perdieron la elección presidencial, que no es parte del Gobierno y son los menos recomendados para dar lecciones de gobernabilidad con su ex gobierno de Sebastián Piñera”.

Referéndum en Bolivia

Diego Ancalao aseguró respecto del referéndum que, recientemente, se llevó a cabo en Bolivia, impulsado por el Presidente, Evo Morales que, independientemente, de cualquier diferencia política que se tenga con Evo Morales y Bolivia, “es importante considerar que Bolivia está haciendo un referéndum, mientras que Chile en 25 años no ha hecho ninguno y ha administrado un sistema que viene basado en una dictadura”.

A juicio del dirigente de la IC, “lo que se está manifestando en Bolivia es el triunfo de la democracia y, en eso, Chile es el menos indicado para criticar, por ejemplo, a Bolivia, Venezuela y Ecuador, porque la democracia nuestra es absolutamente imperfecta comparada con la de ellos. Hay una expresión democrática, al margen del interés que persiga Evo Morales y, finalmente, el que gana es la democracia ciudadana”.

 Ley de inclusión

Cabe consignar que, a contar del 1 de marzo comenzará a regir la Ley de Inclusión en la educación y que, en términos generales, busca que el sistema educacional propenda a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes.

Sobre este tema, el Vicepresidente Nacional de la Izquierda Ciudadana calificó como un avance la nueva legislación y, aprovechó la ocasión para graficar con un ejemplo concreto la realidad que se vive en algunas regiones del país, como es el caso de Purén, en La Araucanía, zona de la que proviene.  “No es que no quisiéramos ir con uniforme a la escuela, sino que, muchas veces, no teníamos zapatos para ir a clases y estamos en los Top Ten de las comunas más pobres de Chile, pobreza que han fabricado mucho las forestales”. Añadió que “un niño no puede ser discriminado por no contar con los recursos para poder vestirse de acuerdo a la forma en que a alguien se le ocurrió en el colegio. Desde ese punto de vista, esta ley permitirá que muchos sectores accedan a la educación, independiente de su condición social”.

Sin embargo, Diego Ancalao, hizo una pausa para hacer una pregunta: ¿los niños Quechua pueden ir a la escuela, entonces, con su ropa Quechua y los niños Mapuche puedan ir a sus escuelas rurales o no con la ropa que corresponde a nuestra propia cultura? Y, respondió: “Si eso es así, sería un gran avance, porque la ley, dicen algunos, regiría para la mayoría del colegio, por sobre los reglamentos internos y de ser efectivo, esto nos permitiría avanzar hacia un país más inclusivo, que garantice la multi-culturalidad y permitir que Chile sea más democrático. En particular, me interesa que se reconozca  la pluri-nacionalidad del país frente a los niños que son de comunidades indígenas”.

El dirigente nacional de la Izquierda Ciudadana se refirió, además, a la forma en que los establecimientos educacionales tendrán que, en la práctica, hacer cumplir la ley., situación en la que, enfatizó, es responsabilidad de los respectivos colegios, cumplir con lo que establece la normativa. “Nosotros no podemos, como representantes de partidos políticos, meternos en la defensa de los colegios privados, ni de qué manera harán los reglamentos. Lo que nos interesa es que el espíritu de la ley y sus fundamentos es que no discrimine al ingreso a la educación a personas que se visten distinto, por no tener recursos para poder adaptarse a las normas internas que plantea un colegio. Precisamente, esta legislación es para que esas disposiciones internas no estén por sobre las necesidades de las personas para acceder a la educación”.

Por: Álvaro Ramis, Doctor en Ética. Director del Centro de Estudios Cultura Ciudadana de la IC.

Columna publicada en Revista Punto Final y en diario digital El Clarín de Chile.

http://www.elclarin.cl/web/opinion/politica/17993-2016-entre-la-vieja-y-la-nueva-politica.html

“El año que comenzó se caracterizará por la profundización de un debate que lleva tiempo en curso. Se trata de la contradicción entre la “vieja” y la “nueva” política, que atraviesa a todo el espectro partidario, y que se inició en 2011 con la irrupción de los movimientos sociales y la propuesta de la “Nueva” Mayoría, que no escogió el adjetivo “Nuevo” sin antes estudiar muy bien lo que la opinión pública busca en estos momentos.

Entre 1990 y 2010, prácticamente, no surgieron nuevos partidos políticos. Al contrario, lo que ocurrió fue una concentración de los instrumentos electorales. De forma similar como se concentraron los mercados y quedaron tres grandes cadenas de farmacias, de supermercados o de  ferreterías, también se concentró la “oferta” política en  seis o siete partidos, divididos en dos grandes coaliciones. Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a gestarse una irrupción de nuevas fuerzas, de derecha, centro e izquierda. La lista de siglas y nombres es larga, ya que existen 17 partidos políticos en formación inscritos en el SERVEL.

Se debe enumerar a “Evópoli” y “Amplitud”, que vienen de la UDI y RN, respectivamente. En la extrema derecha, se ubica el Partido “Orden Republicano Por Mi Patria” liderado por Augusto Pinochet Molina, nieto del dictador. Además, otro grupo pinochetista-nacionalista ha constituido el partido “Fuerza Solidaria”. Al que se debe sumar el grupo que intentó reflotar el partido de la CNI “Avanzada Nacional”, pero que no logró su objetivo.

Luego está el partido de Andrés Velasco, “Ciudadanos”, que emula a su homónimo de España. Este sector trató de llamarse “Fuerza Pública”, lo que no fue bien evaluado, porque se confundía con Carabineros, la “fuerza pública” del Estado. Muy cerca está el partido “Todos” que apuesta por la transversalidad tecnocrática y está liderado por el empresario y ex funcionario de Sebastián Piñera, Nicolás Shea.

El  “Partido Liberal” del diputado Vlado Mirosevic muestra un perfil de corte rawlsiano o social-liberal. ME-O fundó el Partido Progresista (PRO) en 2010, luego de su primera candidatura presidencial. Y Alejandro Navarro inició el MAS en 2008. La Izquierda Ciudadana partió en 2012, de la fusión de la Izquierda Cristiana, la Nueva Izquierda y otros sectores socialistas, comunidades Mapuche y colectivos feministas. Y, desde el campo estudiantil, nacieron Revolución Democrática, liderada por el diputado Giorgio Jackson y la Izquierda Autónoma con el diputado Gabriel Boric.

Con la estética y el diseño gráfico del “Podemos” español se presenta el partido “Poder”, a partir de personas que se nuclearon en la campaña presidencial de Marcel Claude y desde la fundación “Chile Movilizado”. En la izquierda, también se ubican “Frente Popular” (FP), ligado al ex militante del FPMR, Marco Riquelme, y el partido “Unión Patriótica” (UPA), que acoge a otros ex militantes rodriguistas junto al PC-AP, dirigido por Eduardo Artés. También ha tenido un desarrollo el Partido Igualdad, que se presentó a las elecciones de 2013 y desde el cual nacieron dos tendencias: el movimiento de pobladores UKAMAU liderado por Doris González Lemunao, que este año buscará una proyección en la política municipal y el partido “ANDHA Chile”, en el que permanece la ex candidata presidencial de Igualdad, Roxana Miranda.

Además, existe una larga lista de nuevos partidos regionalistas. En el norte grande encontramos al “Movimiento por la tierra el trabajo y la libertad”, “Unidos Resulta” de Arica, y “Fuerza Regional Norte Verde”, de la IV Región. Luego, está la diputada Alejandra Sepúlveda que  lidera el “Movimiento Independiente Regionalista Agrario y Social” (MIRAS) que se ancla en la VI región. Asimismo, existe el “Partido Regionalista de Magallanes”, el partido “Somos Aysén”, liderado por el senador Antonio Horvath, y en Temuco está el partido Mapuche “Wallmapuwen”. Entre los partidos que hoy existen, más los que están en trámite y  en formación, se podría llegar en teoría a 35 partidos compitiendo en las elecciones municipales, programadas para el 23 de octubre de 2016.

Las claves de esta explosión partidaria

El nacimiento de este gran número de partidos se explica, porque en 2012 la Concertación ofreció a sectores descontentos de la derecha, especialmente, a la Senadora Lily Pérez, al senador Antonio Horvath y al ex ministro Felipe Kast, la posibilidad de llegar a un acuerdo para acompañar la reforma al sistema electoral binominal de un cambio que facilitara las condiciones para constituir nuevos partidos legales.

Esta oferta facilitó que estos líderes se atrevieran a quebrar con sus antiguos partidos y pasaran a constituir sus nuevas orgánicas. Posteriormente, ya en 2015, la Comisión Engel pidió que todos los partidos se re-empadronaran, ya que sus registros estarían viciados y exigió medidas que “desconcentraran” las tendencias monopólicas que presenta el sistema político chileno.

Sin embargo, luego de concretada la reforma al sistema electoral, la nueva Ley de Partidos Políticos que ha presentado el Ejecutivo, no parece orientada a cumplir las promesas que se hizo a la nueva derecha “liberal” y que tenía una intención “antimonopólica”. Al contrario, como observa “Espacio Público”, el Tink Thank de Eduardo Engel: “El proyecto actual aumenta los requisitos para constituir partidos y también para subsistir como tales. A nuestro juicio, varios de estos requisitos generan desigualdad de condiciones entre partidos tradicionales y emergentes y dificultan que surjan nuevos partidos. En circunstancias en que la confianza ciudadana en los partidos políticos es sumamente baja, creemos fundamental que se permita que nuevos partidos ingresen a la competencia electoral. Por esto, los requisitos aprobados debieran revisarse para que no se establezcan barreras de ingreso y se pueda fomentar una sana competencia entre partidos[1]”. Nada de eso parece que ocurrirá. La “Vieja” política no tiene el menor interés en atacar la concentración y la colusión, ya sea en el mercado  o en lo partidario.

Las fusiones y federaciones que vienen

Frente a este marco legal incierto, es difícil que se llegue a un escenario de 35 partidos. Es muy difícil que los partidos en formación puedan satisfacer las complejas exigencias legales que deben vencer para constituirse. La más dura, poder llevar presencialmente a la notaría, persona a persona, carnet en mano, a un elevado número de ciudadanos en un momento en el que la palabra “partido político” suena como sinónimo de corrupción, tráfico de influencias, manipulación y engaño. Para la gente que cada día escucha nuevas denuncias judiciales ligadas a los casos PENTA, CAVAL, SQM, CORPESCA y una larga lista de otros casos de menor resonancia, la legitimidad y prestigio de todas las instancias de participación política parece caer en picada.

La trampa es difícil. Si los partidos de la “vieja” política se tuvieran que someter a los trámites que se ha impuesto a los nuevos, muy difícilmente lograrían mantener su legalidad. No obstante, su posición de poder ya establecido, les permite mantener su monopolio, bloqueando la amenaza que representa la competencia de fuerzas emergentes. Por ese motivo, la única manera cómo la “nueva” política podría enfrentar este cuadro adverso sería buscando articulaciones más amplias. Los primeros que se han dado cuenta de ésto, han sido los nuevos partidos de la derecha liberal: Amplitud, Ciudadanos y Red Liberal (no confundir con el partido Liberal de Mirosevic), han constituido, pragmáticamente, un referente común llamado “Sentido Futuro”.

Lo racional sería que en la izquierda se diera un proceso de federación similar, aunque atendiendo a la historia de nuestra izquierda criolla, no siempre la racionalidad ha sido la guía que ha ordenado a este campo político en su acción colectiva.

Detener el futuro y acelerar el pasado

Mientas tanto la “vieja” política no se ha detenido a pensar y ha movido sus piezas. A dos años de distancia ya han instalado en la prensa las candidaturas presidenciales de los ex presidentes, Sebastián Piñera y Ricardo Lagos. Sin sonrojarse, José Miguel Insulza utiliza sus declaraciones de prensa para mostrar su abierta nostalgia del orden perdido y su añoranza de la vieja Concertación. Toda la “vieja política” se mueve a paso raudo para restaurar el sistema binominal, bajo los ropajes nuevos que se han tejido en los últimos dos años.

En 1914, un joven José Ortega y Gasset pronunció una conferencia titulada “Vieja y nueva política”. Si se repasa su contenido, expone un cuadro muy similar al que hoy acontece. Parafraseando sus palabras se trata de un momento en que se oponen frontalmente un “Chile oficial”, que “se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida” y un  “Chile vital”, “tal vez no muy fuerte, pero vital, sincero, honrado, que estorbado por el otro, no acierta a entrar de lleno en la historia”.

[1] “Declaración pública proyecto de partidos políticos”, en http://espaciopublico.cl/. 15/01/2016

La columna de opinión “Una ley que nace de la corrupción, no puede ser ley” sobre la polémica Ley de Pesca, escrita por el Vicepresidente Nacional de la Izquierda Ciudadana, Diego Ancalao ha sido publicada en varios medios de comunicación, durante febrero de 2017.

El texto se puede leer en los siguientes links:

http://blog.lanacion.cl/2016/02/22/una-ley-que-nace-de-la-corrupcion-no-puede-ser-ley/

http://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/una-ley-que-nace-de-la-corrupcion,-no-puede-ser-ley/2016-02-14/065953.html

http://www.elquintopoder.cl/politica/una-ley-que-nace-de-la-corrupcion-no-puede-ser-ley/

LEA EL TEXTO COMPLETO:

“San Agustín decía que “una ley injusta, no es ley”. En consecuencia, como chilenos tenemos el deber de desobedecer una ley injusta, una ley ilegítima, como es la Ley de Pesca, o también conocida como “Ley Longueira” que nace de la corrupción, donde los empresarios compraron a algunos parlamentarios, que siguen, como si nada, en un Congreso deslegitimado por la sociedad.

Yo, sin duda alguna, sería el primero en defender una ley justa que beneficie a los pescadores y a los más necesitados del país, pero no tengo por qué aceptar una legislación originada en la decadente crisis moral del Parlamento y, además, tengo el deber ético de oponerme y luchar por cambiarla.

Esta Ley de Pesca, por si alguien no lo sabe o, quizás, lo olvidó, es injusta por varias razones, entre ellas, por ejemplo, porque un grupo pequeño, pero económicamente poderoso, está obligando a una mayoría a acatar una ley que sólo beneficia a un grupo económico, mientras que esa gran mayoría se ve perjudicada y se transforma en víctima de una normativa pro empresarios y, sencillamente, el Estado no puede legalizar esta injusticia, no puede permitir que esta ley se siga aplicando y debe dar señales concretas que apunten a su término.

Hay políticos que defienden los intereses de quienes los financian y no de quienes los eligen. Es lo que podemos observar con los hechos político-judiciales en los que están envueltos, el senador Jaime Orpis y el ex Ministro, Pablo Longuiera. Casualmente, son las mismas personas que participaron en la aprobación de la cuestionada Ley de Pesca.

La conclusión inevitable es que sólo pueden estar representados por esta ley, aquellos que tienen cómo pagar el voto y su representación en el Congreso. Me refiero a la gran empresa: CORPESCA. Si no cambiamos la política, los parlamentarios serán elegidos por los directorios de las empresas y no por los chilenos que esperan y confían en un Chile mejor.

El ciudadano admite que exista una autoridad que lo represente bajo leyes que lo permitan, las cuales deben ir, obligatoriamente, acompañadas de normas morales a las que, voluntariamente, se someten, como dice Jean-Jacques Rousseau en el Pacto Social, por lo tanto, si la autoridad no cumple el contrato, la ciudadanía no tiene por qué cumplir con el orden social, del que hablan los políticos corruptos.

 La Ley de Pesca se debe anular, fundamentalmente, porque nació de espaldas a la ciudadanía, a aquella a la que la autoridad elegida debe responder. En este caso, no podemos dejar de lado y olvidar que existen parlamentarios que vendieron los derechos ciudadanos a privados, a los que les entregaron los recursos marinos de todos los chilenos.

Es deber del Estado hacer cumplir el contrato social y, en este caso, no lo está haciendo, por lo que tiene que volver las cosas a su estado original y eso significa anular la Ley de Pesca basada en el concubinato entre políticos y empresarios, dejando presente, eso sí, que no todos los políticos son corruptos, sólo el 95%.

Que no se equivoque la derecha que cree que atacando al Gobierno cubrirá sus figuras envueltas en los casos de corrupción en la Ley de Pesca como Pablo Longueira, Jaime Orpis, Jovino Novoa, Iván Moreira y Ena Von Baer. La infame operación del empate ya fracasó, la ciudadanía sabe lo que hicieron y no cabe duda que, en temas morales y éticos, no hay empates, por lo que me niego a renunciar al lenguaje moral que es indispensable usar para darle mayor significado a nuestra política.

No buscamos empates, sí que Chile se democratice y desarrolle. Una oposición responsable no puede sólo ¡ver la paja en el ojo ajeno!, mientras no es capaz de ver la viga en el propio. El país necesita discusiones de altura.

Nosotros tenemos la tarea de mejorar la política, no seguir defendiendo y administrando el sistema corrupto e injusto que instaló a sangre y fuego la derecha y que algunos políticos de la “izquierda caviar” han, incluso, profundizado. Los más jóvenes no podemos cargar con la responsabilidad de acciones y decisiones en las que jamás participamos.

Quienes sufren en carne propia las desiguales políticas y económicas, creen que lo que pasa en la política palaciega (en La Moneda y el Congreso) no tiene nada que ver con ellos, que es un reality más que ven en los noticiarios. Recuperar el sentido de la política desde la óptica de los ciudadanos es la verdadera labor de quienes participamos en la actividad política, por vocación y compromiso social.

Es urgente impulsar una iniciativa legislativa que apunte a recuperar la sintonía de la política con las necesidades reales de Chile y su gente y, por lo mismo, la anulación de la Ley de Pesca es, sin duda, una medida imprescindible.

Hoy, hay una mayoría que se siente postergada frente a una minoría política y económica privilegiada. Debemos reconocer y hacer algo concreto. Debemos reconocer, de una vez por todas, las diferencias que hay entre la política que tenemos y la política que necesitamos y la distancia que existe entre los grandes desafíos para salir adelante y la pequeñez de las acciones de la mayoría de nuestros políticos.

Desde el mundo de dónde vengo, necesitamos una nueva forma de hacer política, que sea capaz de construir sobre lo que nos une y no sobre lo que nos divide. Chile, sin duda, se merece algo mejor. Si no hay justicia para el ciudadano no puede haber paz para el político corrupto”.