Hasta el 4to Juzgado de Garantía de Santiago llegaron representantes del Movimiento por la Diversidad, MUMS, junto a abogados de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Chile. El objetivo fue presentar una querella criminal contra el diario La Segunda por la publicación de una polémica carta al director realizada el día jueves 16 de abril.

La publicación de la carta enviada por Richard Rodríguez precisaba que “la biblia no se opone ni al matrimonio ni a la adopción por parte de homosexuales; dice que hay que asesinarlos”. Lo que fue considerado por el Movimiento por la Diversidad Sexual como una incitación al odio por parte de La Segunda. Esto, amparados en la Ley 19.733 (Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo) que dispone en su Artículo 31 que serán penalizados los medios que realicen publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad.

Además de ceñirse a esta ley, la demanda de MUMS argumenta que se infringe la Ley 20.609 (Ley Zamudio) al no respetar los principios de no-discriminación. En ese sentido, Marcelo Leiva, presidente de la organización se refirió a la presentación de la demanda, valorando la instancia y aseverando que “Con esta querella no sólo se pretende hacer valer los derechos de no-discriminación de todo chileno o chilena, sino que además queremos dejar en claro que nadie está fuera de la ley”.

En la misma línea, Leiva afirmó que “Si bien hemos mejorado algunas leyes en pro de la protección de los derechos de la ciudadanía, aún existen  grandes resabios discriminatorios arraigados en nuestra sociedad. Y es gravísimo que estos actos discriminatorios provengan de un medio de comunicación masiva, pues perpetua y valida conductas contra las que estamos intentando lidiar” Por último, en cuanto a las escusas de La Segunda por la publicación de la columna, en MUMS concordaron que no realizaron en ninguno de los casos una autocrítica por su publicación.

¿De quién fue la culpa?

Luego de la publicación de la carta de La Segunda, se desató una serie de opiniones en redes sociales, donde inclusive la Ministra Rincón condenó la publicación del medio, catalogándola como una “incitación al odio”. Muchas personas, comentaron que la culpa de dicha publicación no era del medio sino de quién escribió la carta. Inclusive, algunos fueron directo a la fuente y culpaban a la biblia de los comentarios homofóbicos adscritos al “libro santo”. Al respecto, en MUMS centran la culpa principalmente en el medio, pues afirman que siempre dichas cartas deben pasar por el filtro de un editor, y en este caso ese filtro si se hizo y aun así se decidió publicar.

Este lunes la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil (AUC) en medio de más de un centenar de diputados, senadores e integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Más de 4 años de discusión parlamentaria concluyeron en la aprobación de este Acuerdo que tiene ciertas características que te invitamos a conocer:

Por César Leiva

Coordinador Frente de Diversidad Sexual IC

A comienzos de febrero se aprobó en el parlamento británico la reproducción asistida con una técnica que utiliza el ADN de 3 padres. Esta resolución ha causado revuelo no sólo en Inglaterra, sino en el resto del mundo por diversas razones. Los más críticos cuestionan esta decisión por el hecho de ser una puerta de entrada a una legislación que permitiría “crear” bebés modificados genéticamente. Si bien la resolución del parlamento tiene justificaciones de salud, deja muchas interrogantes que pueden darnos luces de lo que será la reproducción asistida en futuros años.

Lo que se busca lograr con la aprobación de esta resolución, es reducir los riesgos de que un bebé herede una enfermedad genética de la madre. Esto, ya que muchas de las enfermedades hereditarias que padecen mujeres se transmiten a través de las mitocondrias ubicadas en el revestimiento del óvulo.  Lo que se haría a través de esta técnica in-vitro de fertilización, es utilizar un óvulo sano de una segunda mujer, modificando éste último óvulo con el núcleo no dañado de la primera mujer, produciendo así, un óvulo final “sano” mezcla de ambos. A éste se le insemina con el espermatozoide de una tercera persona. Así, se produce un embrión con material genético de 3 personas (2 óvulos y 1 espermatozoide), no obstante el material genético transmitido por la donante del óvulo sano corresponderá como máximo a un 1% del ADN final del bebé.

Sin duda lo anterior, más allá de parecer una muy buena iniciativa para reducir enfermedades de transmisión genética, nos muestra una cuestión clave para la fertilización asistida, sobre todo para parejas del mismo sexo.

Esto, puesto que además del avance legislativo en esta materia por parte de Inglaterra, se suma a un estudio realizado por la Universidad de Cambridge publicado este año, que permitiría la producción de embriones y espermatozoides con material genético de dos hombres o dos mujeres.  Lo anterior, mediante la utilización de células madre de la piel de un hombre o mujer adulta, que permiten la generación de células germinales para producir finalmente un espermatozoide o un óvulo artificial. Permitiendo esto, por último, llevar a la fertilización asistida con un óvulo o espermatozoide genéticamente modificado.

Lo anterior por tanto, podría significar que una pareja de dos mujeres puedan generar un embrión a partir del óvulo de una de ellas y un espermatozoide modificado a partir de las células madres de la otra. Lo mismo para el caso de una pareja de dos hombres, con la diferencia que igualmente se necesitaría un útero para la gestación del embrión producido por un espermatozoide “natural” y un óvulo creado artificialmente. Se estima, que los resultados de dicho estudio permitan en un rango de 2 años concluir con la concepción del primer bebé gestado a partir de la modificación de un espermatozoide u óvulo.

Sin duda alguna, ambas noticias recientes ponen en tapete temáticas con aristas tanto éticas como de esperanza para cientos de parejas del mismo sexo para poder concebir un hijo/a genéticamente de ambos. Lo esencial detrás de esto resulta en un cuestionamiento también cuasi filosófico acerca de la modificación genética y la capacidad para producir (según llaman algunos) “bebés a la carta”. Independiente de esto, y como mencionaba previamente, el permitir como en el caso de Inglaterra, la reproducción asistida con resultado de embriones de “3 padres” es un avance gigantesco y una puerta de entrada a otras opciones. Pues si bien los resultados del estudio de Cambridge que resultan en embriones de dos padres o dos madres es una realidad, es necesaria una modificación legal que respalde la creación, fertilización y gestación de embriones genéticamente modificados.

De todas formas, la cuestión detrás y lo que motiva el escribir esto es el cúmulo de dudas que surgen respecto a la gran ventana que existe con esto para las parejas del mismo sexo y la conformación de familias. Es así, que el cuestionamiento más grande lo traslado a la variante fundamentalista, y es la relación que existe entre quienes se oponen a la homosexualidad o la conformación de familias homoparentales, argumentando la (in)capacidad biológica de parejas del mismo sexo para procrear. ¿No son estos avances científicos un portazo a estos postulados más críticos?. Si bien creo rigurosamente que las familias se componen no por lazos genéticos sino por lazos afectivos, la posibilidad de procrear hijos genéticamente de dos padres o dos madres es sin duda alguna, un paso enorme para miles de parejas homosexuales.

Con esto, quiero más que nada dar un indicio de lo que serán algunos de los debates que proseguirán a las tan retrasadas discusiones sobre matrimonio igualitario o unión civil.Pues al igual que la reproducción asistida para parejas del mismo sexo, la adopción de padres/madres del mismo sexo, la legalización de los vientres de “alquiler” o la misma filiación homoparental serán tema fijo para la agenda de la reivindicación de derechos a parejas del mismo sexo.

Fuente: El Quinto Poder

Las comisiones de Diversidad Sexual y de Equidad de Género de Partidos de la Nueva Mayoría y de Revolución Democrática, expresamos nuestra preocupación por el retraso que ha visto en  la tramitación de su segundo trámite constitucional el Proyecto de Ley de Acuerdo de Vida en Pareja, que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

El Proyecto de ley lleva más de tres años en el Congreso, y fuimos testigos, en conjunto con las organizaciones sociales y la ciudadanía, del poco interés del Gobierno de Sebastián Piñera por dar señales concretas  que agilizaran su tramitación.

Durante el actual Gobierno se dio un nuevo impulso al proyecto de ley, pudiendo finalmente ser aprobado en el Senado. Valoramos este gesto político, y también reconocemos los avances que en su primer trámite constitucional tuvo el Proyecto, logrando avanzar hasta otorgarle un carácter familiar por sobre el meramente patrimonial que proponía el proyecto original.

En este sentido, pedimos urgentemente que se respete la fecha de 31 de enero anunciada por el Ministro Álvaro Elizalde para su total despacho del Congreso, llamando al Ejecutivo a hacer uso de las urgencias que sean necesarias para que finalmente el proyecto se convierta en ley de la República antes del 11 de marzo del próximo año.

Esperamos con esto dar respuesta  a miles de chilenas y chilenos que verán a través de esta ley mejoras en su calidad de vida, y que constituye además una clara y potente señal de avance en nuestro país en materias de acceso a derechos igualitarios; énfasis manifestado en varias  oportunidades por la Presidenta Michelle Bachelet, y que es también compromiso de su programa de gobierno.

Pedimos a los partidos de la Nueva Mayoría, movimientos políticos independientes y a los partidos de oposición,  que, en sintonía con la ciudadania y especialmente con las organizaciones de Diversidad Sexual que han levantado desde hace mas de 20 años las demandas por el acceso a derechos de las personas LGBTI, que apoyen la aprobación del Proyecto de Ley de Acuerdo de Vida en Pareja en  su tramitación en el Congreso.  Hoy son miles los chilenos y chilenas que esperan que sus familias sean tratadas con dignidad, y así tener respuesta a sus relaciones afectivas de convivencia que hoy no gozan de ningún tipo de protección en el ordenamiento jurídico chileno.

Finalmente, invitamos a las Comisiones de Diversidad Sexual de la oposición a sumarse al trabajo que hemos venido desarrollando las comisiones de los partidos firmantes, en pos de la obtención de derechos igualitarios para todos y todas los chilenos y chilenas, para así construir entre todos un país más fraterno, justo y digno para todas las familias, sin distinción de ningún tipo.

Como frente de diversidad sexual hemos decidido adherir y convocar a todas y todos los integrantes de la Izquierda Ciudadana a hacerse parte de esta manifestación que tiene como objetivo principal promover los derechos reproductivos de la mujer.

Nuestro partido tiene entre sus principios reconocer y promover los derechos de toda y todo ciudadano. En ese sentido, la izquierda ciudadana está a favor y es partícipe de las instancias feministas que promuevan la igualdad de género y el fin a toda forma de discriminación y opresión hacia la mujer.

Es así, que el Frente de diversidad, concordando con estos principios, participará en la segunda marcha por el “aborto libre, seguro y gratuito” a realizarse a las 19 hrs desde Pza Italia hacia el Paseo Bulnes, a la que adhieren diversidad de organizaciones y movimientos sociales, reivindicando el derecho de las mujeres a decidir y alcanzar plena soberanía sobre sus cuerpos.

Es de total interés de nuestro frente y de sus integrantes, además de ser parte del sentir de nuestro partido, el repensar las prácticas sexistas y propiciar nuevas relaciones no patriarcales; donde hombres, mujeres y los diversos géneros y sexualidades puedan vivir en igualdad de derechos. En esa línea, la emergencia de reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es parte de la lucha por la emancipación de las mismas en pos de la superación de todas las formas de discriminación. 

¡Todos y todas invitados!

Tuvimos la oportunidad de conversar con la Subdirectora del Sernam, Gloria Maira, respecto de este tema y otros relacionados con la función que ejerce dentro de Servicio Nacional de la Mujer

¿Cuáles son las diferencias entre una ley de sexualidad y reproducción y una ley que despenaliza el aborto, por qué se tratan de manera separada siendo que apuntan a lo mismo?

Estos son asuntos que no han dado en el debate público a partir de una información efectiva y veraz y cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, inmediatamente se circunscribe al tema del embarazo, al aborto. Todo lo otro, que es reconocernos como seres humanos, que la sexualidad y la reproducción son dimensiones que nos constituyen, tienen que ser protegidas en el sentido de las libertades que cada persona tiene de optar en esos caminos de su sexualidad y respecto de su reproducción. Entonces cuando hablamos de una ley de sexualidad y reproducción, es una ley que aborda aspectos de educación, lo que tiene que ver con trabajar por una educación laica, afirmativa o propositiva en materia de sexualidad y reproducción y no desde el riesgo. Todo lo relacionado con salud sexual y reproductiva, todo lo que tiene que ver con transformaciones de estereotipos forma parte de una ley de derechos sexuales y reproductivos.

Ahí se tiene que abordar las necesidades que tienen las distintas opciones sexuales. Una cosa son las heterosexualidades y sus requerimientos, otra cosa son las relaciones sexuales o lésbicas, otras cosas vienen de las identidades de género desde la salud sexual y reproductiva, y es ahí donde tenemos que dar respuesta. Los programas de reproducción, siempre hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo pero resulta que otro gran problema que tiene nuestra sociedad son los de infertilidad en las parejas y para eso tampoco hay política pública. Otro gran punto tiene que ver con la pertinencia cultural con la que estamos desarrollando los paquetes de salud sexual y reproductiva. Hasta dónde estamos tomando en cuenta las tradiciones y saberes de mujeres de pueblos originarios, donde estas dimensiones son abordadas desde las cosmovisiones de maneras distintas y esos temas hay que incorporarlo en la política pública.

Por lo tanto esta es una ley que va a tener que ser trabajada muy fuertemente en lo intersectorial, y aborda mucho más que la interrupción del embarazo por las tres causales. Esta dimensión de la sexualidad y la reproducción, vista en toda su integralidad, es lo que tenemos que poner en el debate público. De esto se trata cuando hablamos de una ley de derechos sexuales y reproductivos.

¿El aborto es un tema de salud o de derechos sexuales?

La interrupción del embarazo es un tema de justicia social, de salud pública y derechos humanos. El aborto tiene todas estas caras porque en la situación que nos encontramos hoy quienes efectivamente llegan a los hospitales requiriendo atención médica por maniobras abortivas son mujeres de sectores populares o son jóvenes sin recursos. Los problemas de salud que provoca la clandestinidad del aborto están concentrados en las mujeres de menos recursos, no están concentrados en las mujeres de estratos socioeconómicos altos. Quienes enfrentan problemas de salud son ellas. Quienes enfrentan problemas con la justicia, hay que recordar que el aborto está penalizado en toda circunstancia, también son las mujeres de esos sectores, no son las mujeres de los sectores económicos altos. Es un problema de justicia social.

Es un problema de  salud, en la medida que una práctica médica, dada la clandestinidad del aborto en todo el país, conlleva que las interrupciones del embarazo se hagan en condiciones que se contraponen con el avance de la ciencia médica, donde las mujeres se arriesgan en prácticas abortivas que las pueden lesionar seriamente en su salud. Todavía tenemos casos donde estas prácticas te pueden llevar a discapacidades permanentes en términos de reproducción. Las situaciones hoy nos son las mismas que en los años 60. En esa época había pabellones completos en los hospitales que atendían a mujeres que llegaban por prácticas abortivas, donde los niveles de sepsia eran tales que eras muchísimas las mujeres que morían. No es esa la realidad hoy.  Pero si existen realidades de hemorragia por el mal uso del Misotrol o de otras condiciones. Esas realidades, además de ser problemas de salud también afectan a determinados grupos de mujeres.

Y es un problema de derechos humanos porque la penalización del aborto en toda circunstancia afecta única y exclusivamente a las mujeres. Estamos hablando de eventos que suceden únicamente en el cuerpo de las mujeres y en la medida que tu estableces una política, un tipo de legislación como la que hoy tiene Chile desde el año 89, lo que estás haciendo es establecer un lugar de desigualdad, reproduciendo una situación de desigualdad y también de discriminación de las mujeres en la medida que no estás dando respuesta a un problema que las afecta directamente.

¿Qué es lo que hay de fondo tras las tres causales de aborto?

Hay un problema de fondo y es que en las causales que estamos discutiendo, lo fundamental es que en esas situaciones, las mujeres tengan el derecho a decidir qué hacen con esa gestación. Ese es el lugar fundamental. Esto no es algo que deban decidir los médicos o los jueces. Si estamos hablando de seres humanos con capacidad moral para tomar decisiones respecto de su vida y de su proyecto de vida, en este caso las mujeres, son esos seres humanos los que tienen que posibilidad de decidir sin coacción, sin violencia, de manera informada respecto de ese embarazo.

Entonces, si una mujer se ve enfrentada a un embarazo que le puede costar la vida, ella debe tener la posibilidad de elegir si continua o no con ese embarazo. Si decide continuarlo, el aparato de salud tiene que ponerse a disposición de que ella pueda llevar a término ese embarazo y ojalá que se le pueda salvar la vida. Y al mismo tiempo, si esa mujer decide interrumpir ese embarazo, legítimamente, porque le va a costar la vida, ese mismo aparato de salud tiene que ponerse a disposición de hacer efectiva de la mejor manera esa decisión de la mujer.

En caso de una inviabilidad fetal, estamos hablando de la misma situación. Yo mujer me veo enfrentada a un diagnóstico de inviabilidad fetal y debo tener la posibilidad de optar por llevar ese embarazo a término. Muchas mujeres lo hacen. Y también solicitan que ese embarazo se interrumpa. Existen argumentos que dicen, esto fue un embarazo deseado, yo quiero que ese ser me acompañe lo que pueda. Perfecto. O yo no quiero ser un ataúd viviente, como me han dicho algunas mujeres

Y en el caso de violación es exactamente lo mismo. El punto es que les están dando a las mujeres en su condición de sujetas de derecho, su condición de ciudadana, en su condición de personas morales, el poder de decisión respecto de continuar o no una gestación en estas tres situaciones concretas.

¿Cómo se enfrenta todo esto con el argumento de muchos respecto de la defensa de la vida, desde la concepción hasta su muerte natural?

El aborto es un asunto de decisión personalísima. Forma parte del derecho a intimidad de las mujeres. Es absolutamente de tu intimidad decidir si continuas o no una gestación, o la postura que tengas respecto de la interrupción del embarazo. La diversidad de opiniones y planteamientos respecto de este tema, está dado por lo personal que es una decisión como esa. Lo que una sociedad democrática debe garantizar es que las personas tengan la posibilidad de tomar decisiones respecto de esto que es un asunto personal.

Tú no puedes obligar a la gente a casarse, a divorciarse. Esas  son decisiones personales. Con el aborto se debiera trabajar bajo la misma lógica. El estado, y más aun, un estado laico tiene que legislar en función de la ciudadanía en general, es decir de otorgarle el derecho a las personas de tomar decisiones respecto de su vida y sus proyectos de vida, con seguridad, información y garantía de derechos. Eso significa que no puedes obligar a las personas a caminar en una dirección u otra a partir de lo que piensen algunos, o de dogmas de fe, o de creencias particulares. Eso no hace la construcción de una sociedad democrática. El estado laico tiene que dar la garantías a la personas que sus decisiones van a ser respetadas, van a poder ser ejercidas, a plenitud y no en clandestinidad. Y en esa perspectiva, la despenalización del aborto en las tres causales, se enmarca en esa dirección. Si eres una mujer que considera que en tu fuero íntimo, aun cuando ese embarazo sea fruto de una violación, tú la vas a recibir y vas a ejercer la maternidad o vas a dar en adopción, perfecto. Pero si tú no estás dispuesta a continuar esa gestación producto de una agresión sexual, también tienes que tener la posibilidad de hacerlo. Y no puede el estado imponerte una decisión.

Cuando la gente dice que estamos a favor de la vida, claro que todos y todas estamos a favor de la vida, sobre esa base se construyen las sociedades. Todos estamos por el derecho a la vida, pero ese derecho no es absoluto, no es un derecho que tenga una interpretación única. Y como dicen algunos, los que defienden ese derecho de manera absoluta, es que la vida es una sola, de continium desde la concepción hasta la muerte. Eso no es así, es solo una interpretación legítima.

¿Cuáles son los desafías del Sernam para los próximos años?

La agenda de la presidenta es bien ambiciosa en materia de compromisos con las mujeres. En ella, aborda en forma inédita, desde el punto de vista de su aproximación, problemas que la democracia tenía pendiente con las mujeres desde hace mucho. Tiene que ver con la violencia contra las mujeres y no con violencia intrafamiliar, que ha sido la tónica con la que se ha trabajado la legislación en la política pública. Tiene relación con la autonomía de las mujeres, y eso se relaciona directamente con el ejercicio de la sexualidad y la reproducción, desde una perspectiva de derechos y de justicia social. La agenda, además, aborda el tema de mujer y trabajo, en la perspectiva del trabajo decente y del mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres. A pesar que estos son asuntos que no se abordan por primera vez desde las políticas públicas, el gran desafío es que se enfrentan desde una perspectiva distinta, donde lo que se está colocando al centro son las mujeres y sus problemas, y desde ahí desarrollar la política pública.

El programa de la presidenta Bachelet es muy ambicioso, porque subyace una visualización de las mujeres, como sujetas plenas de hecho y ciudadanas. Y no desde un lugar donde se repiten relaciones de discriminación, exclusión, que efectivamente se mitigan pero no se solucionan.

Tenemos cuatro años para darle la vuelta a las visiones que se han mantenido en política pública, para proyectarlas en éstas perspectivas y eso lo transforma en un tremendo desafío.

¿Cómo podremos ver reflejados estos temas?

En términos  bien concretos y respecto de la violencia contra las mujeres, significa promulgar una legislación que transforme la ley de violencia intrafamiliar en ley de violencia contra las mujeres. Es decir que allí se dé cuenta de sanciones y penalizaciones de todas aquellas conductas de agresión que tengan sobre su base condiciones de género, es decir, que le suceden a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Eso implica que toda la política de prevención, atención y reparación, tiene que modificarse, porque todo lo que hoy está montado es para violencia intrafamiliar.

En el caso de sexualidad y reproducción, ahí hay dos grandes desafíos. Uno es la ley de derechos sexuales y reproductivos y la otra es la interrupción del embarazo, la despenalización del aborto por grave riesgo para la salud de la mujer, inviabilidad fetal y violación. Así de concreto es como se plasma esta nueva visión de las mujeres como sujetas de derecho y a una respuesta desde la política pública acorde con eso.

Si bien en el sistema público existen formas para establecer una igualdad de género,  ¿cuál es el panorama en el mundo privado?

Lo primero es que el enfoque de trabajo en el área particular desde la política del Serman, está orientada en dos perspectivas. Una es el fortalecimiento de la noción de trabajo decente que no ha sido un una inspiración de la política pública hacia las mujeres. La otra, es de qué manera fortaleces las iniciativas emprendedoras de las mujeres, superando la precariedad. Hay que superar esa visión de precariedad y eso implica trabajar en varios ámbitos. En concreto involucra, entre otras cosas, la superación de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y eso es un abordaje que tiene que ver desde la legislación, pero también conlleva las labores de fiscalización que pueda hacer el Ministerio del Trabajo, en particular la Dirección del Trabajo. Implica trabajar por romper la segregación en el mercado laboral. En el gobierno pasado se habló mucho de que esta gran cantidad de empleo que se hicieron, un porcentaje importante estuvo dirigido a las mujeres. Pero es trabajo precario, es el que se produce en aquellos ámbitos de la economía que son los primeros que desaparecen cuando ésta se contrae, son los primeros eslabones que caen. Y en general están circunscritos a aquellos ámbitos que tienen que ver con la reproducción de la labor doméstica o trabajo por cuenta propia  que es tan precario que no se sostiene. Ahí existe un tremendo desafío. Lo que se logre hacer en estos cuatro años no resuelve el problema como tampoco lo hace en materia de sexualidad y reproducción.

En la medida en que establezcas enfoques distintos en la política pública, que colocas en el centro a las mujeres y sus derechos, efectivamente estás permitiendo una proyección distinta en los años venideros

¿Cómo se conjuga de su labor como Subdirectora del Sernam con los debates que se generan dentro de la IC, básicamente, como se va a plantear la visión del partido en su labor?

La Izquierda Ciudadana tiene un planteamiento programático básico que es el que permite la construcción de este partido y uno de esos puntos acoge los principios feministas en términos de las interpretaciones de la sociedad, desde el punto de vista de los derechos. Por lo tanto, yo estoy acogida dentro de mi postura de mujer de izquierda y feminista dentro del marco del partido, el cual se construye reconociendo en el feminismo un aporte a la superación de formas de dominación, en este caso patriarcales. El partido definió también que está por respetar la decisión de las mujeres respecto del aborto, y por lo tanto se adhiere a las posturas de un aborto seguro y gratuito por decisión de las mujeres. Si ese es el marco amplio respecto de los cuales el partido tiene adhesión, con mayor razón la tiene respecto de estas tres causales acotadas. Cuando formamos parte de este acuerdo programático, entregamos como partido nuestra construcción programática y esa fue la que pusimos en discusión cuando se elaboró el programa de la presidenta.

Entonces podremos ver una injerencia del partido en su gestión

Claro. Yo estoy aquí asumiendo completamente el programa de la presidenta. Evidentemente la agenda del partido no se agota en el programa de gobierno, va mucho más allá, como sucede con la gran mayoría de los partidos políticos. Nosotros estamos planteando una visión de sociedad, de estado, de sistema económico, de construcción de derechos, de relación con los recursos naturales, bastante más amplio que el de la presidenta.

Y a eso no renunciamos cuando formamos parte del gobierno y estamos en cargos, como el que me corresponde desempeñar. Por lo tanto yo voy a defender y trabajar por la agenda de la presidenta y hago de esa agenda una propia, sin perder de vista que lo que hoy quede instalado se proyecte en función de los ideales que el partido cree son buenos para Chile.

Cristian Contardo

El 17 de mayo se conmemora 14 años desde que la Organización Mundial de la Salud [OMS] en conjunto con la Asamblea General de las Naciones Unidas [ONU], definieran eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas que contenía el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico [DSM IV]. Catorce años después, la lucha contra la discriminación hacia las orientaciones sexuales no acaba. La transexualidad está aún dentro de las enfermedades psiquiátricas, y aún existen terapias reparativas para devolver a la heteronorma las diferentes orientaciones sexuales.

Como Frente de la Diversidad Sexual de la Izquierda Ciudadana, estamos convencidos de que los pasos que hay que dar no tienen que ver con la inclusión de las otras sexualidades al sistema patriarcal, sino que, debemos avanzar en la transformación del paradigma que promueve los discursos de la discriminación, generando redes de trabajo y reivindicando la calle como nuestro escenario de acción política para alcanzar la soberanía sobre nuestros cuerpos, que históricamente se ha vulnerado. Sostenemos que el Estado de Chile no solo debe ordenarse en función de los tratados y convenios internacionales que reconoce y ratifica, -y que por tanto, tienen fuerza de ley para ser cumplidos- sino superar las lógicas actuales, velando por los derechos de y para todos.

Es por esto, que adherimos y convocamos este 17 de mayo, a las 14:00 en Plaza Italia a Marchar por la no discriminación, instancia organizada y convocada por el Movimiento por la diversidad sexual, MUMS.

 Frente de Diversidad Sexual

 Izquierda Ciudadana

Comunicado del Frente de Diversidad Sexual de la Izquierda Ciudadana ante las actitudes homófobas y transfóbicas de los senadores Ossandón y Van Rysselberghe

El Frente de Diversidad Sexual de la Izquierda Ciudadana manifiesta su profundo rechazo a la actitud abiertamente transfóbica y homófoba de los senadores Jacqueline Van Rysselberghe y Manuel Ossandón, quienes presentaron indicaciones al proyecto de Ley de Identidad de Género, en la línea de prohibir que a quienes se acojan a esta ley puedan contraer matrimonio, argumentando que esto afectaría negativamente a los hijos de estas parejas.

La senadora Jacqueline Van Rysselberghe declaró en CNN Chile que los transexuales tienen “una patología psiquiátrica que tiene que regularizarse” y lo que el proyecto de Ley de Identidad de Género pretende “es dejar que un hombre que tiene sexo biológico de hombre pueda casarse con otro hombre”, desconociendo explícitamente que el Matrimonio no es un derecho.

El terror de ambos senadores, especialmente de la senadora UDI, a renovar el concepto dogmático de matrimonio y familia que intentan  defender a toda costa –de que el matrimonio está hecho para un hombre y una mujer, y que los niños deben tener un papá y una mamá– se funda en un profundo desprecio de la dignidad humana y desconocimiento de los Derechos Humanos. Diversas organizaciones que reivindican los derechos de trans han rechazado abiertamente la clasificación que hace a la transexualidad la Asociación Estadounidense de Psicología –y que la senadora Van Rysselberghe replica–, pues referirse a la transexualidad como una enfermedad afecta a la dignidad de las personas, especialmente si son niños y adolescentes.

Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos –que reconoce la igualdad en dignidad, en derechos y ante la ley– establece en su artículo 16 el derecho al matrimonio:

“Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo”.

Adicionalmente, en marzo de 2007  fueron presentados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una serie de principios legales bajo el título: Los principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género, y en su principio 24 establece el derecho a formar una familia:

“Toda persona tiene el derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de familias. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes”.

La Izquierda Ciudadana es un partido pluralista, abierto y democrático, respetuoso de los Derechos Humanos y comprometido con el respeto por la diversidad y así como rechazamos la actitud de los senadores Ossandón y Van Rysselberghe, esperamos que sus voces se sumen a quienes encontramos argumentos en la dignidad humana y el derecho.

                               FRENTE DE DIVERSIDAD SEXUAL

                              IZQUIERDA CIUDADANA DE CHILE

Cuando se discutió en la sala del senado el AVP salió la verdadera cara de la derecha y que plantea que el AVP sea solo para homosexuales, por ende seguir con la lógica de los ciudadanos de primera y segunda categoría. Sí, debo reconocer que el AVP que hoy se podría votar no es ese mal proyecto enviado por el gobierno de Sebastian Piñera, que era un contrato para las parejas donde no se reconocía el estado civil de los contrayentes.

Más allá de las deficiencias que veo en el actual proyecto, constituye un avance.No soy de los que creo en los derechos a medias y en esto soy claro: el AVP si bien es un avance, en ningún caso es la igualdad plena de derechos.

Ahora bien, escuchar al ministro Gómez hace a quienes creemos en los derechos plenos, apuntar con todo al debate por el matrimonio igualitario, donde la modificación del articulo 102 del código civil sin duda es el primer avance para que el matrimonio deje de ser solo para un hombre y una mujer, entendiéndolo como un acuerdo entre dos personas. Esto sin duda entregará otro estatus legal en la sociedad.

Sin embargo, esto no es suficiente, soy partidario de una discusión aún más profunda, vamos con todo por la asamblea constituyente, pues no da lo mismo ser ciudadanos sujetos a derechos en un sistema capitalista, que ser ciudadanos donde los derechos van a estar garantizados, ello en base a lineamientos que los mismos ciudadanos definieron. Pero la sociedad no cambiará su chip o su manera de ver la vida, una sociedad capitalista es una sociedad individualista, por eso un nuevo Chile es incondicional a dejar de ser un país donde prime el mercado v/s la construcción de un Estado o una sociedad donde los principios básicos estén ligados a la igualdad, fraternidad y libertad. Ahí sí comienza la construcción de una sociedad diferente con seres humanos libres y un país libre.

Tengo fe en Chile y su destino (como diría el compañero Presidente Salvador Allende), pero este destino no depende solo del gobierno o de Michelle Bachelet, sino necesita de todas y de todos los que estén dispuestos a luchar por un país nuevo, una sociedad justa y por un país con derechos garantizados por el Estado. No abandonemos ni las calles ni los movimientos sociales, esto podría resultar en tremendo error para el Chile que tenemos por delante. Y no dejemos en manos de irresponsables esta conducción, existen algunas personas que no quieren que nuestras demandas resulten exitosas al final de la historia, quieren engrandecer su ego y sus resentimientos personales, son individualistas y no comprenden lo colectivo.

“La única lucha que se pierde es la que se abandona”

Por Felipe Parada

Fuente: El Mostrador