Frente al llamado a la acción que las líderes de Chile y el mundo realizan en el marco de la Cumbre ONU “Las Mujeres en el Poder y en la Toma de Decisiones: Construyendo un Mundo Diferente”, es que como partido Izquierda Ciudadana de Chile, creemos que no es posible avanzar hacia una democracia plena, sin la inserción de todos y todas en los asuntos públicos de nuestro país.

Tanto hombres como mujeres, son actores relevantes en la construcción de nuestra sociedad: es tarea de ambos construir una comunidad política y social, profundamente democrática, igualitaria en derechos y en equidad de género.

Como Izquierda Ciudadana creemos que es relevante que el Estado chileno promueva la partipación e inserción político-social de las mujeres, generando políticas públicas desde una perspectiva de género, que nos permitan avanzar a paso firme hacia una sociedad más plena e igualitaria. De acuerdo a esto, para nosotros y nosotras es fundamental impulsar dentro de nuestra sociedad, el concepto del poder que históricamente ha caracterizado a la izquierda: el poder para transformar.

Estamos convencidos y convencidas que la promesa de la equidad de género es posible de conquistar, si en ella sumamos a todos los actores relevantes para conseguir este objetivo: organizaciones y movimientos sociales, instituciones públicas, sociedad civil, hombres y mujeres. Es nuestra tarea propiciar esta articulación.

Comisión Política

Izquierda Ciudadana

Por Frente de Mujeres Izquierda Ciudadana

En esta fecha histórica marcada por la muerte de miles de trabajadoras textiles, que luchaban por mejorar  sus precarias condiciones laborales y situación de explotación, el Frente de Mujeres de la Izquierda Ciudadana, conmemora este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, fortaleciendo públicamente el compromiso y convicción de continuar luchando por avanzar hacia una democracia plena, objetivo que solo se podrá cumplir en la medida que las mujeres tengan derechos plenos, establecidos y garantizados por el Estado de Chile.

El Frente de Mujeres de la Izquierda Ciudadana, como  herramienta política que reafirma la historia y las luchas del movimiento de mujeres por avanzar en una sociedad inclusiva, igualitaria, justa y democrática, se asume como una instancia política cuyo objetivo es contribuir al  desarrollo de transformaciones profundas que apunten a superar las relaciones sociales capitalistas y  patriarcales que no hacen más que generar abuso, exclusión, explotación y violencia.

Consideramos que el Estado tiene aún deudas pendientes: el trabajo precario que se resume materialmente en que más del 55% de hogares dirigidos por mujeres se encuentran bajo la línea de la pobreza, los femicidios que no cesan y que cada año cobra más víctimas, la escasa participación de mujeres en partidos políticos y sindicatos, la baja representación en cargos políticos y distintas instancias de poder, no hablan más que de la persistencia de condiciones que son desiguales y discriminatorias.

Debemos caminar a paso firme para seguir conquistando nuestras demandas históricas. Sin embargo, creemos que en este último periodo se han dado pasos significativos que permiten avanzar hacia una sociedad más igualitaria en derechos:

ü    Proyecto de Ley de Aborto Terapéutico, enviado por el ejecutivo al parlamento, que si bien no otorga plenos derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, abre una puerta para continuar ampliando las reivindicaciones históricas en este punto y visibiliza la demanda del movimiento, durante años bloqueada institucional y políticamente.

ü    La creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el que deberá velar por el ejercicios de las libertades fundamentales de las mujeres y por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales, ratificados por Chile.

El Frente de Mujeres de la Izquierda Ciudadana, considera fundamental la articulación y fortalecimiento del movimiento ciudadano de mujeres, único camino para superar las actuales condiciones económicas, políticas y sociales, que obstaculizan nuestra plena soberanía y la igualdad de derechos.

La indignación debe continuar siendo nuestro motor de lucha

por un Chile más justo para todos y todas!

Por Bárbara Vallejos

Frente de Mujeres IC

El Informe Monográfico del Observatorio de Equidad de Género en Salud “Violencia de Género en Chile” (2012), confirma que el Estado chilena ha ratificado diversos acuerdos, pactos, convenciones e instrumentos internacionales que se comprometen a erradicar la violencia contra las mujeres, con el fin de promover sociedades más democráticas que promuevan la equidad de género en diversos ámbitos, incorporando indicaciones y recomendaciones en la perspectiva de asegurar a las mujeres una vida sin violencia.

Los instrumentos internacionales a los que Chile ha suscrito son: Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de los documentos emanados de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viene (1993), la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (1995) (Observatorio de Equidad de Género y Salud, 2012).

Además de la ratificación de los tratados internacionales, nuestro país cuenta con un marco jurídico legal que busca prevenir y sancionar la violencia doméstica, en el que se encuentra la Ley 20.066, la cual determina la violencia intrafamiliar como “todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge o una relación de convivencia con el ofensor y reconoce como un delito el maltrato habitual” (OEGS, 2012). Es importante destacar, que esta Ley es la única que sanciona la violencia contra la mujer, concentrándose de manera puntual en la violencia intrafamiliar y por tanto, en el núcleo privado de los sujetos. No tienen enfoques centrales ni amplios hacia la penalización de todo tipo de violencia de género, ya que reconoce como delito sólo la violencia que se ejerce en el marco de una relación de convivientes (pasada o actual) o en el matrimonio.

Sin duda, la norma jurídica chilena es insuficiente para prevenir y erradicar la violencia de género, principalmente por las características de las políticas públicas que se han puesto en marcha para resolver este tema. La bajada del problema público a la política pública, ha operado de manera precaria en la detección de la tipología de la violencia ejercida o aplicada (que siguen siendo aquella que se mueven en la esfera de lo privado), atacando de manera marginal la estructura del problema y permitiendo que se siga reproduciendo la violencia de género con una persistencia del dominio patriarcal en todos los niveles (institucional, familiar, social) y naturalizando aquellas tipologías que se encuentran al margen de la ley, como por ejemplo, los casos de violencia sexual o abuso sexual, donde se debe recurrir a otras disposiciones legales, que por lo demás, carecen de una mirada de género.

En contraste a nuestra legislación y como ejemplo a considerar para futuras leyes con enfoque de género real en Chile, está la Ley 26.485 “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, promulgada en Argentina el año 2009, la cual considera la violencia doméstica, violencia institucional, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica y la violencia mediática.

La tipificación de las múltiples formas de ejercer violencia de género, significan un avance en relación a cómo se desarrollan las políticas públicas y cómo se aborda la violencia de género de manera integral y multisectorial, de lo contrario, las bases estructurales del fenómeno (sistema sexo-género, heteronormatividad, modelo económico, control biopolítico de los sujetos) se reafirman, naturalizando todo tipo de violencia y sus relaciones. Desde esta perspectiva, las políticas públicas en Chile no han logrado remover las bases de origen de la violencia. Los sistemas de control y sus dispositivos siguen operando desde las subjetividades, el lenguaje, los imaginarios y reproducción de lógicas de poder desigual entre hombres y mujeres.

Las limitaciones de la institucionalidad chilena para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, se ve reflejado en los altos niveles de impunidad: sólo el 10% de las denuncias por Violencia Intrafamiliar recibe sanción por parte del Estado. Esto se puede justificar en “las definiciones de violencia que contiene la ley, la insuficiencia de los recursos asignados y en la débil capacitación de las personas que operan el sistema” (OEGS, 2012). De esta manera, continúa vigente la reproducción de desigualdades de género que propician actos de violencia, principalmente resultado de la formación de subjetividad masculinas y la tradicional patriarcal que atraviesa la estructura social, haciéndola vulnerable.

Las debilidades o limitantes mencionadas, expresan la incoherencia entre el discurso de derechos emanados desde el Estado y la realidad de comportamientos que manifiestan los actores involucrados en fenómenos de violencia intrafamiliar, principalmente las instituciones y la falta de protocolo antes los hechos. Así y en lo sucesivo, las entidades reproducen la violencia simbólica a través de sus procedimientos, lo que mantiene y recrea de manera constante el ordenamiento jerárquico institucional, que pone a las mujeres en un nivel inferior en relación a la problemática, en un escenario donde el Estado no es garante de derechos.

Fuente: El Quinto Poder

Por Patricio López

Aunque por años ha sido una voz activa y potente en el mundo feminista, la estadía de Gloria Maira en el Gobierno se ha caracterizado por el bajo perfil. Llegó a la subsecretaría del SERNAM en representación de su partido, la Izquierda Ciudadana, pero fundamentalmente por su trabajo académico y de activismo en temas relativos a la violencia contra las mujeres (acoso sexual en el espacio educativo, femicidio, violencia sexual) y el aborto.

Ha integrado, entre otras instancias, la Coordinación de la Red Chilena contra la Violencia Sexual y Doméstica de Chile y la subdirección de la revista feminista La Mansa Gúman.

Hoy es la voz de la autoridad, pero sabe muy bien cuánto han luchado las organizaciones de mujeres para que su lucha sea encarnada por el poder. De agendas mínimas y maximalistas, presentes y futuras, trata esta entrevista.

¿Qué importancia le asigna a la presentación de este proyecto?

Creo que el momento es histórico, fíjate. Porque desde 1989, cuando la dictadura derogó el aborto terapéutico, que había sido ley en este país desde los años 30, el movimiento de mujeres y feminista ha demandado, a lo menos, recuperar ese estándar como una regla de democracia, de reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir. Creo que el Estado de Chile, a pesar de los intentos que hubo durante los gobiernos de la Concertación y las distintas mociones que se presentaron en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, recién ahora tiene la posibilidad presentar el proyecto por tres causales y. de esta manera, saldar una deuda con un movimiento social que venía exigiendo la recuperación de esta prestación y de este derecho.

En el fondo ¿qué es lo que cambia que hace posible que ahora sí se pueda?

Cambia el país, y no es solamente algo que tenga que ver con el movimiento de mujeres y feministas, sino con el movimiento social en general, que marca un hito en 2011 con los estudiantes, pero también con todo lo que eso significó en la apertura de demandas ciudadanas. Porque tú ibas a una marcha del movimiento estudiantil y encontrabas de todo, desde Hidroaysén, pasando por el aborto y llegando a la gratuidad en la enseñanza. Marca un nuevo lugar de la ciudadanía que le exige a esta democracia mayor amplitud, mayor profundidad, otras reglas del juego, y me parece que eso es lo que hace posible que hoy estemos enfrentando un programa de gobierno con las reformas estructurales que se han planteado. Que, ojo, no son solo la tributaria o la de educación. Cuando hicimos la presentación de la agenda de género o de los compromisos que el programa tiene con las mujeres, a mí me parece que el propósito de la Presidenta también marca un antes y un después respecto de lo que era la política pública en esta área. Lo que está ahí es estructural, en el sentido de avanzar en la erradicación de la desigualdad de género.

Desde el punto de vista temático, más que político ¿cómo ve usted la posibilidad de que algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría no ponderen el proyecto en su conjunto, sino que analicen las tres causales por separado?

Eso va a ser parte del debate parlamentario, pero no solo eso. Lo que la Presidenta propuso desde un comienzo fue abrir un debate amplio, ciudadano, respecto del tema de la interrupción del embarazo, y el proyecto de ley marca una posibilidad de discusión en el parlamento y en la ciudadanía en general. Yo no me quiero adelantar respecto de cuáles son las causales que van a tener mayor o menor debate, aunque ya hay algunas cosas que los medios de comunicación muestran y que van a ser bastante discutidas. Lo importante ahora es que el Gobierno ha cumplido con lo que prometió. La Presidenta dijo tres causales, por decisión de la mujer, y eso es lo que contiene el proyecto de ley. Después de eso el pacto político, el debate parlamentario, los alineamientos que se tengan, los veremos cuando lleguemos allá.

Hay, en todo caso, un programa que fue suscrito por todos los partidos de la Nueva Mayoría, pero hay un presidente de partido, la DC, que es el más grande, que dio libertad de acción a sus parlamentarios.

Yo no quiero opinar respecto a cada partido del pacto. Me quiero quedar con el hecho que la Nueva Mayoría suscribió un programa de gobierno que contemplaba con todas sus letras el proyecto de ley que presentamos. Es más, en la discusión de la Comisión de Mujeres, cuando se estuvo estructurando esa parte el programa, hubo unanimidad respecto de las tres causales. Y estábamos representados todos los partidos políticos que pertenecen a la Nueva Mayoría, además de mujeres independientes.

¿Y esa unanimidad debería expresarse en el Parlamento?

La Presidenta fue clara el sábado al presentar el proyecto de ley. Ella solicitó a los parlamentarios y parlamentarias apoyo al proyecto y que se abran a un debate de cara a la ciudadanía, escuchando a todas las voces, sobre la base del respeto mutuo y de la tolerancia.  Éste es un tema que aquí y en todas las sociedades del mundo ha sido debatido, examinado y reglado.

¿Cómo ve la discusión que surgió en estos días respecto a si la objeción de conciencia es individual (de los médicos) o institucional (de los centros de salud)?

El proyecto de ley establece la objeción de conciencia, eso está en legislaciones de otros países que así lo contemplan, y es un asunto que tiene que ver con la persona, con el profesional de salud propiamente tal y no con la institucionalidad. Eso es lo que recoge el proyecto de ley y así está normado. Es difícil pensar en una objeción institucional en la medida que existen prestaciones por las cuales el sector público y el sector privado tienen que responder. En todo caso creo que esto será parte del debate parlamentario, tendrá que ser confrontado con la reglamentación que hoy existe para el sector salud y actuar en mérito.

La diputada Andrea Molina afirmó que estas tres causales son “un caballo de Troya” para el aborto. Más allá de lo que dice el programa de la Nueva Mayoría, que todos lo tenemos claro, ¿qué diría sobre el tema de fondo, de que este proyecto abra una discusión general sobre el aborto?

Si una revisa las legislaciones a nivel mundial, desde el siglo pasado, desde los años 30 en adelante, los países han ido paulatinamente haciendo modificaciones a efectos de incorporar la decisión de la mujer en materias reproductivas, y la interrupción del embarazo es una de ellas. Las amplitudes mayores o menores que tengan esas reglamentaciones se han formulado en base a los acuerdos que han hecho las sociedades. En Europa, en general, tienen una legislación amplia, donde la decisión de la mujer es la que determina en el primer trimestre su decisión respecto de continuar o no con el embarazo. En el caso de América Latina las legislaciones son distintas, pero la gran mayoría incluye el riesgo de vida o afectación grave de la salud, la inviabilidad fetal y la violación. No creo que Chile tenga una situación distinta. Lo que hace este proyecto es abrir un espacio de debate respecto de algo que se determinó en 1989 que se prohibía. Varios años después logramos colocar esto en discusión a través de una iniciativa que viene del Poder Ejecutivo, con tres causales colocadas y el rango es ése. Lo importante a considerar aquí, más que pensar que esto es una puerta que se abre a una interrupción a todo evento, es la decisión de la mujer respecto de estas situaciones, lo que está muy relacionado con su condición de ciudadana que, como sujeta de derechos, decide en una materia que es tan trascendente para su vida y para la vida de su entorno. Eso es, para mí, un indicador de democracia, de reconocerle a la mujer su condición de sujeta moral para tomar decisiones en estas tres causales. Lo demás es política ficción, como dicen los políticos a veces.

Subsecretaria, usted proviene del mundo feminista ¿qué le diría a las voces que provienen de allá que critican que éste es un proyecto de ley de excepciones, pero no solo eso, que critican una discursividad política de excepcionalidades y no de derechos a todo evento?

Mira, yo no creo en el progreso, dicho en el sentido dela evolución natural de las cosas. Si así fuera tendríamos que esperar 50 años más para tener algún sentido de paridad en los cargos que se eligen por votación popular. Tú tienes ahora una reforma del sistema político que hace que para las próximas elecciones parlamentarias haya un necesario 40-60, que establece un criterio de representación paritaria en el país por primera vez. Por lo tanto, éste es un asunto de intención política de, a través de una medida concreta, reduce la brecha de desigualdad en la representación política de las mujeres. En el caso de la interrupción del embarazo es lo mismo. El cambio fundamental que propone el proyecto de ley es que es la decisión de la mujer la que prima, sobre la base de la información médica, evidentemente. En términos cualitativos es un lugar fundamentalmente distinto que el que teníamos anteriormente, por lo tanto hay que mirar esto como un salto en nuestra condición de sujetas de derecho. Somos nosotras las que en estas situaciones vamos a tomar la decisión y sea cual sea, continuar con ese embarazo o interrumpirlo, el personal de salud tendrá que hacerla posible y acompañar.

En los embarazos no deseados, en general, es muy incidente el tema de la educación y, vinculado a esto, el origen de clase ¿Cómo ve y enfrenta el gobierno ese momento previo al que está en el debate hoy?

La pregunta es súper buena porque en general pareciera que el debate es sobre la interrupción del embarazo y no hay nada más de qué hablar. Pero, efectivamente, los países que tienen legislación que permite la interrupción del embarazo por decisión de la mujer, contemplan esta situación en un paquete integrado, donde hay educación sexual en los colegios y acceso real a los métodos anticonceptivos -incluyendo el preservativo y la anticoncepción de emergencia- por lo que cuando se llega a interrumpir un embarazo es porque hubo un montón de obstáculos que se saltaron. En aquellos casos los índices son muy bajos, porque se trabaja con mujeres y hombres para que tengan una sexualidad responsable. Esto es fundamental, especialmente si se tienen en cuenta las desigualdades sociales en el país. Para las mujeres de escasos recursos o de zonas populares, las posibilidades de acceder a educación sexual y a anticonceptivos están mediadas por un montón de obstáculos. En general se atienden en el consultorio, donde también va la mamá, la vecina y la tía, por lo que hay una inhibición que no facilita el acceso. Si somos capaces de mirar este tema integralmente, la prevención va a tener mucha más fuerza. El programa de la Presidenta contempla educación sexual y también una ley de derechos sexuales y reproductivos que se tiene que hacer cargo de estas materias.

El Ministerio

Hace algunos años el movimiento medioambientalista aplaudió cuando la CONAMA se transformó en Ministerio del Medio Ambiente, sin embargo, algunos años después muchos piensan que la actual institucionalidad no da el ancho ¿cómo se evita que pase lo mismo con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género?

La necesidad de una institucionalidad fuerte en materia de género fue una demanda largamente colocada por las organizaciones de mujeres y feministas, ya en el periodo de tránsito a la democracia. El Ministerio es, por lo tanto, resultado también de eso y de la propia constatación dentro del Poder Ejecutivo, a lo largo de estas décadas, de que el servicio no tenía el suficiente peso dentro de la institucionalidad para abordar en forma contundente las desigualdades de género. Es un buen augurio, va a permitir contar con mayor dotación de personal, mayores recursos y un trato institucional de igual a igual con el resto del gabinete. Además, vamos a tener la posibilidad de una estructura a nivel nacional que nos permita diferenciar el servicio, con su rol ejecutor, del ministerio a través de seremías que se van a encargar de la transversalización de la política de género en el Estado. Me parece que el problema principal no va por el lado de la instalación, sino por las condiciones para que el Ministerio pueda desarrollar una política más sustantiva para erradicar la desigualdad de género. Y eso, creo, va más allá de esta institucionalidad puntual. Requiere cambios fundamentales en la visión de la política pública hacia las mujeres, para enfrentar un problema estructural que está amalgamado con la cultura y que tiene muchísimas más manifestaciones que las que hasta ahora ha visibilizado la esfera pública.

Entonces no nos sirve que solamente el Ministerio de la Mujer lo haga. Debe hacerlo el Minsal, Educación, Obras Públicas y los otros ¿cómo anda la tranvsersalización de la mirada de género en el Estado?

El SERNAM ha venido bogando por eso. Y para eso ha tenido algunos instrumentos, por ejemplo los PMG (Sistema de Equidad de Género), que se van a volver a retomar. Pero lo que el Ministerio coloca en términos de transversalización es muchísimo más potente, por los lugares de habla y porque el propio Estado está hoy en el imperativo de moverse en una dirección bastante más ambiciosa. Estamos en un proceso de pasar del qué me ofreces al qué necesitamos.

Pero quisiera agregar otro elemento. Me parece que de cara a los grandes desafíos que hoy tiene el Estado, la transversalización es algo que hay que revisar. Vamos a tener un Ministerio de Pueblos Indígenas y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que exigen que el Estado en su conjunto tenga estas miradas a la hora de formular su legislación o sus políticas públicas. Nos enfrentaremos ahí a una política bastante más compleja que va a obligar a desarrollar nuevos instrumentos, tal como nuevos espacios de dialogo donde se visibilice a los sujetos de derecho en particular. Hoy el nivel de desarrollo que ha alcanzado el país permite diferenciar, y nos pregunta cómo el Estado empieza a mirar a esas particularidades sin perder, evidentemente, la noción de universalidad.

Eso es pluriculturalismo…

Sí. Creo que avanzamos a sociedades que se tienen que plantear ese tipo de retos.

¿Institucionalmente?

Institucionalmente. No digo que sea un objetivo de este gobierno en particular, sino que lo estoy planteando como desafíos a futuro. Vamos a entrar en algún momento en la discusión de una nueva constitución, y eso te va a obligar a replantear ciertos elementos de cómo nos miramos, desde una cultura que se ha definido como homogénea, a reconocer dentro de nuestra constitución a muchos pueblos que tienen distintas visiones. Y agrégale la población migrante que, en este ir y venir, en esta integración, va coloreando nuestra sociedad de manera distinta. Eso nos va a llevar, en el futuro, a pensar en un Estado que va a tener que hacerse cargo de esas complejidades.

Retomando la línea de lo que veníamos conversando, hace algunos años se aprobó una ley de igualdad salarial. El Gobierno estaba muy contento y las mujeres también, pero hoy esa ley es letra muerta. ¿Qué lecciones se sacan de eso?

La primera lección es una que las mujeres sabemos hace rato: no basta una ley para cambiar la realidad. Pero creo que la legislación es importante y pretendió con buena intención resolver un problema de brecha salarial que arrastramos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, su implementación ha mostrado problemas. Lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo, y en eso el SERNAM está colaborando, es mirar de qué manera esa legislación se perfecciona para convertirse en una herramienta útil. Pero al mismo tiempo, aun cuando la reformes, eso tiene que venir acompañado de una fiscalización muchísimo más efectiva.  Por último, esta ley específica está enmarcada dentro del gran tema de la inserción de las mujeres en el mercado laboral, que tiene muchas aristas, por lo que hay que trabajarlo desde distintos lados.

Fuente: El Desconcierto

Fotos: Francisca González

La iniciativa elimina la sanción penal ante tres causales extremas: riesgo vital de la madre; embrión o feto incompatible con la vida extrauterina; o cuando el embarazo sea resultado de una violación. La Mandataria enfatizó que ante estos casos “no podemos obligar a las mujeres que carguen solas con las pesadas consecuencias de no poder decidir por causa de una ley, porque atropellamos su dignidad, prolongamos sus sufrimientos y arriesgamos su vida”.

En una ceremonia realizada en el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a los ministras del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual; y de Salud, Carmen Castillo; y el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, firmó esta mañana el Proyecto de Ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos específicos: riesgo vital presente o futuro de la madre; cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina; cuando el embarazo que sea resultado de una violación. Para este último punto se establece un plazo máximo de 12 semanas de gestación, las cuales se extienden a 18 en el caso de menores de 14 años.

“El proyecto de ley tiene como fundamento un profundo respeto por la vida. Con este este proyecto las mujeres podrán decidir informadamente si interrumpen o no el embarazo frente a tres situaciones excepcionales y extremas”, enfatizó la máxima autoridad del país al hacer uso de la palabra. Y añadió que “se trata de una situación difícil que debemos enfrentar como país maduro. Amamos la vida y nadie quisiera interrumpirla, y menos que nadie una madre”.

Asimismo, agregó que ante estas tres graves causales “hay que tomar una decisión, y no podemos evitarlo, obligando a las mujeres a que carguen solas con las pesadas consecuencias de no poder decidir por causa de una ley, porque atropellamos su dignidad, prolongamos sus sufrimientos y arriesgamos su vida. El Estado, como garante de los derechos de las personas y del bien común, está obligado a crear las condiciones en las cuales esta decisión pueda tomarse para favorecer el despliegue de la vida humana en su más amplio sentido”.

Los derechos de las mujeres están en el centro de esta propuesta, por ello cada una de las causales de interrupción legal del embarazo que el proyecto aborda, exigen la expresión de la voluntad libre de la mujer, sin la cual no puede tener lugar. La manifestación de la voluntad debe ser expresa, previa y escrita, ante el médico tratante. Son capaces de hacerlo las mujeres mayores de 18 años; jóvenes entre 14 y 18, que deben informar a sus padres; y menores de 14 años, con la autorización de su representante legal, y en caso que no se cuente con ella, la niña podrá acudir junto a un integrante del equipo de salud ante un juez de familia para que éste otorgue la autorización respectiva. Cuando se trate de una mujer capaz, pero temporalmente incapacitada, se aplicará la ley Nº 20.584 sobre derechos de los pacientes.

“En una sociedad donde las mujeres son ciudadanas plenas y libres, ni el Estado ni nadie puede obligarlas a tomar una decisión en contra de su derecho y deseo a ser madre. Pero de la misma manera, cuando su decisión es no continuar con el embarazo, por alguna de las tres graves causas mencionadas, el Estado debe entregar alternativas fundadas en sus derechos, en su dignidad y en razones de protección de su vida”, puntualizó la Jefa de Estado.

Para las dos primeras causales, el proyecto señala que se requiere del diagnóstico de un médico cirujano y su ratificación por otro profesional de iguales características, aunque podrá prescindirse de ésta en caso que se requiera realizar una atención médica inmediata e impostergable; y para la tercera, se requiere el informe de un equipo de salud. En el caso de las menores de 14 años, el mantener relaciones sexuales con jóvenes o niñas que no superen esta edad, se constituye como una violación impropia, por lo que no es necesario el informe.

La iniciativa contempla que estas tres causales de interrupción voluntaria del embarazo se consagren como una legítima prestación de salud. También, que el prestador entregue información objetiva a la mujer sobre los efectos de interrumpir el embarazo y las alternativas a dicha interrupción.

Además, regula la objeción de conciencia de los médicos, la cual es individual, debe ser previa y por escrito, pero si la interrupción se hace necesaria de forma inmediata e impostergable, el médico no puede excusarse. Las instituciones de salud, púbicas y privadas, no pueden hacer la objeción de conciencia como tales.

Cabe destacar que entre 1931 y 1989 el ordenamiento jurídico chileno contemplaba la posibilidad e interrumpir legalmente un embarazo. Actualmente, todo tipo de interrupción del embarazo está penalizado, tanto para la madre como para el médico. Gran parte de los organismos de Naciones Unidas han hecho numerosas recomendaciones al Estado de Chile, considerando que la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo constituye una violación al derecho a la vida y el derecho a la integridad física y síquica de las mujeres. “La propuesta que hoy día presentamos se enmarca también en los compromisos que Chile tiene con el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, y que no podemos seguir rehuyendo”, acotó la Presidenta de la República.

Al finalizar, la Mandataria hizo un especial llamado a los legisladores: “La forma en que debatamos esta ley es tan importante como su resultado. Necesitamos fortalecer los derechos de las mujeres, pero necesitamos también fortalecer la calidad de nuestro dialogo político. Y sé que la ciudadanía seguirá de cerca los debates y juzgará la altura de miras del mismo. Pido que el trabajo legislativo sea encarado con actitud de diálogo, sobre la base del respeto mutuo y la tolerancia”.

Fuente: www.gob.cl

-El senador de la UDI, Hernán Larraín, presentó en representación de los senadores de la UDI un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para que sean revisados cuatro puntos de la recién aprobada Reforma Electoral que reemplazó el sistema electoral binominal, por uno proporcional moderado.

-Los parlamentarios de derecha que apoyaron esta presentación son los UDI Ena Von Baer, Juan Antonio Coloma, Víctor Pérez, Alejandro García-Huidobro, Jaime Orpis y Jacqueline Van Rysselberghe, además de los RN Andrés Allamand, Alberto Espina, Baldo Prokurica, Francisco Chahuán y José García.

-La derecha demora y entorpece el avance de las principales reformas que ha impulsado el actual gobierno y que han aprobado los parlamentarios de la Nueva Mayoría en el Congreso, con el respaldo de sectores independientes. En esta ocasión su objetivo es contra la mujeres, limitar el espacio de participación legítimamente ganado, impedir que las mujeres que somos el 52% de la población de Chile, tengamos opción de pensar el país, de proponer desde la política nuestros proyectos con un rol protagónico en el senado y en la cámara de diputados.

-La estrategia de la derecha busca, en primer término, perpetuar un sistema que ha dado probadas muestras de su carácter poco democrático y arbitrario, y que les permitió generar un empate permanente, a través de una sobre representación de la minoría que terminó imponiendo un veto sobre las mayorías, el foco de la derecha es ahora impedir que las mujeres lleguen en igualdad de oportunidades a la política, una vez más quieren cuidar a la minoría,  con esta acción, la derecha busca torcer la voluntad de la mayoría del país, que a través de sus representantes en ambas cámaras del Congreso, se manifestaron mayoritariamente por terminar con el sistema binominal y apostaron a una cuota de género.

-La derecha no toma en cuenta hoy, como tampoco lo hizo antes, la voz de la mayoría, y busca imponer términos que los benefician como sector para perpetuar un sistema político, económico y social profundamente desigual.   Y esta vez las mujeres de la nueva mayoría no se los permitiremos y ocuparemos todos los espacios para denunciarlo incluso iremos al tribunal constitucional si así lo consideramos pertinente y las cortes internacionales, nadie pode limite a nuestros sueños y derechos.

Violeta Reyes
Partido Socialista de Chile

María Antonieta Saa
Partido Por la Democracia

Lorena Pizarro
Partido Comunista de Chile

María Luisa España
Partido Demócrata Cristiano

Margarita Reyes
Partido Radical Social Demócrata

Sergio Martínez
Movimiento Amplio Social

Marta Quiñones
Izquierda Ciudadana

*Los firmantes conforman las mesas directivas de cada partido a cargo de Género.

Para que en Chile se comience a legislar sobre un tema, primero debe morir alguien a causa de su propia lucha. En nuestro país existen muchos casos donde tras largas agonías o hechos inesperados, personas pierden su vida con sentimientos de injusticia. Finalmente, los debates sobre proyectos de ley, nacen de la tragedia, del sufrimiento, o de la muerte.

Era el año 2012, cuando un joven fue brutalmente agredido por cuatro sujetos vinculados a un grupo neonazi en el Parque San Borja. Tras 24 días de agonía, el joven muere en la Posta Central producto de la golpiza. Era el caso de Daniel Zamudio, un joven que murió por su orientación sexual, dejando impune otro caso más de discriminación. Sin embargo, en cuatro meses se decide legislar para acabar con todo tipo de discriminación de modo que nunca más tengamos casos como el de Daniel en Chile.

Ricarte Soto, conocido animador de televisión y radio, decide tomar la lucha por los enfermos tras su diagnóstico de cáncer de pulmón el año 2010. Lo costoso de su tratamiento, los efectos físicos y psicológicos que produce la enfermedad, la realidad que viven a diario muchos de quienes padecen enfermedades crónicas o poco frecuentes, fueron motivo para enfrentarla desde otra perspectiva. “En algún momento me sentí incómodo por tener los medios para hacer todo rápidamente, porque en el cáncer hay que hacer todo rápido…Luego dije, por qué soy tan imbécil, si el problema no es que yo reciba este tipo de cuidados, el problema es que en Chile muchos enfermos de cáncer no tienen las posibilidades que yo tengo”. El 20 de septiembre, Ricarte muere, y su lucha queda inconclusa. El Fondo Solidario Universal de Medicamentos fue olvidado por la administración pasada, y es un tema pendiente del actual Gobierno, quien la incorporó a las medidas de los 100 primeros días.

Hace dos semanas salió a la luz pública el caso de una niña de trece años que fue violada por su padre. El embarazo -que fue diagnosticado de alto riesgo- abre el debate sobre el aborto terapéutico, debido a la inviabilidad del feto y por el riesgo que corría la vida de la niña durante la gestación y al momento de parir. Frente al tema, surgen voces del lado más conservador de la fuerza, que intentan imponer un discurso valórico, como la senadora Jacqueline Van Risselberghe, férrea opositora al aborto: “…ni por el caso de violación, ni por el caso de malformación congénita que sea incompatible con la vida, corresponde el aborto, porque es como ponerle un control de calidad a la raza humana”. Mientras que Ezzati frente al caso, llama a “no instrumentalizar el hecho”, relativizando su gravedad. Lamentablemente, este es el discurso hegemónico y la herencia de la dictadura.

Ser mujeres en un país dónde no está asegurado nuestro derecho a la vida en caso de padecer un embarazo con riesgo de muerte. Este es el país que tenemos el deber de cambiar. Ahora la pregunta es: ¿cuántas muertes más dejaremos pasar para comenzar a debatir ? ¿Cuándo nacerá la voluntad política de quienes legislan? ¿Cómo un país que se considera laico tiene una ley idéntica a la del Vaticano? En los países donde el aborto terapéutico está penalizado, el 60% de las muertes por embarazo no viable corresponde a mujeres pobres. Entonces, ¿qué estamos esperando?

El aborto terapéutico debe ser una realidad en Chile, porque ya no podemos seguir tolerando que más mujeres mueran por los valores de Van Rysselberghe, Ezzati y la Iglesia. Se debe entender que no es un tema valórico, es un tema de dignidad y derechos humanos.

Fuente: El Quinto Poder

Gloria Maira
Subsecretaria del Sernam

Hace unos días, la ministra de Sernam, Claudia Pascual, se reunió con mujeres que fueron detenidas y violentadas en la Casa de Tortura Venda Sexy durante la dictadura militar. Ellas solicitan que se tipifique el delito de violencia política sexual y que el Estado se haga parte en las querellas de quienes sufrieron estos crímenes.

Históricamente la violencia sexual se ha considerado un “daño colateral” de la guerra o de las dictaduras, como actos inevitables cometidos por soldados o agentes del Estado y que las mujeres deben soportar como una consecuencia más de los horrores de los conflictos armados. De hecho, en los juicios de Tokio y de Núremberg, tras la Segunda Guerra Mundial, la violencia sexual no se relevó en ninguna forma, pese a la constatación de su existencia.

Para el movimiento feminista, el trabajo para la toma de conciencia sobre esta invisibilidad histórica es un proceso de larga data. Busca que los países reconozcan que la violencia sexual constituye una grave vulneración de derechos fundamentales y que se trabaje en la creación de instrumentos que permitan erradicarla de la vida de las mujeres en tiempos de paz y en situaciones de conflicto.

En el mundo, los primeros fallos que reconocen la violencia sexual como arma de guerra institucionalizada se produjeron en los años 90, cuando el Tribunal Internacional para Ruanda sentenció que la violación sistemática de mujeres tutsis había sido un crimen de guerra. Por su parte, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia determinó que la violación de mujeres y niñas en la ciudad de Foca constituyó un crimen de lesa humanidad, es decir, parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de una población civil. Estos avances quedaron plasmados en la Estatuto de la Corte Penal Internacional, que reconoce la violencia sexual en los crímenes de guerra y en los de lesa humanidad.

En Chile, la violencia sexual contra las mujeres como forma particular de tortura no formó parte de los procesos de justicia hasta 2010, cuando la Corporación Humanas presentó cinco querellas por esta causa. Hace unos meses hizo lo mismo la Corporación por la Paz Villa Grimaldi en nombre de otras cuatro mujeres.

Los vejámenes específicos contra mujeres a manos de agentes del Estado superan los tres mil, según consigna el informe de la Comisión Valech –insultos denigratorios por la condición de ser mujer, violaciones reiteradas, obligación de mantener relaciones sexuales con padres y hermanos, torturas con ratones o perros–, constituyendo una violencia particularmente vejatoria y humillante, que ha provocado lesiones físicas y psicológicas permanentes en quienes las sufrieron.

Las sociedades y en especial los Estados tienen la obligación de poner fin a la violencia contra las mujeres en todas sus formas. En este contexto, adquieren especial relevancia los actos de reparación de las víctimas, que deben poner en el centro su dignidad como personas y desplegarse en las dimensiones morales y materiales que fueron dañadas por violencia sexual. La reparación implica acceso a justicia, salud, educación, reparación económica y, especialmente, derecho a la reinserción en un contexto sociocultural que las respete y las acoja.

A nivel global, un hito histórico en el reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres en situación de conflictos armados se produjo el año 2000 con la Resolución 1.325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque además de establecer claramente la prioridad de prevenir, proteger y resarcir a mujeres y niñas vulneradas en países que viven situaciones de conflicto, establece también el rol activo que les cabe en la construcción de la paz y en la reparación a las víctimas, en calidad de mediadoras, promotoras y garantes de estos procesos.

El Estado de Chile está consciente de la importancia de adoptar medidas conducentes a la implementación de la Resolución 1.325 del Consejo de Seguridad, no solo por su calidad de miembro del referido organismo internacional y por su activa participación en diversas misiones de paz, sino también porque nuestra historia reciente –tal como ocurre con las ex torturadas de la Venda Sexy– no es ajena a los desproporcionados y singulares efectos que los conflictos armados provocan en mujeres y niñas.

A esta resolución se suman otras de las cuales Chile se ha hecho parte; entre otras, la Resolución 1820 (2008), que exhorta a proteger a los civiles y hacer cumplir la disciplina militar y el principio de responsabilidad de mando; la Resolución 1889 (2009) que enfatiza la participación de mujeres en el personal de mantenimiento de la paz; o la Resolución 2016 (2013) que busca generar el establecimiento de una nueva cultura de disuasión, amplía la responsabilidad de la violencia sexual a los Estados, enfatiza la necesidad de despliegue de asesoras de protección a las mujeres en operaciones de paz, y resalta la necesidad de una estrategia multidimensional para enfrentar la violencia sexual, entre otras resoluciones. Desde ONU Mujer también se ha contribuido a la visibilización del problema.

El Gobierno de la Presidenta Bachelet ha trazado una Agenda de Género que se compromete con pasos ciertos hacia una vida sin violencia para las mujeres. En este contexto, acoge solicitudes como las realizadas por la agrupación de detenidas de la Casa de Tortura Venda Sexy, para lo cual se conformará una mesa de trabajo que estudiará los mejores caminos para desarrollar iniciativas que permitan que nunca más ciudadanas de nuestro país deban vivir atropellos a sus derechos humanos, cautelando y protegiendo la integridad de las personas tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto.

En la oportunidad explicó los principales lineamientos de la Agenda de Género del Gobierno que busca terminar con la desigualdad estructural de las mujeres a todo nivel en la sociedad, destacando la Reforma al Binominal que, en materia de género, permitirá avanzar en una mayor paridad en el Congreso, donde la cuota de hombres y mujeres nunca supere la relación 40/60.

También se refirió a los avances que se pretende alcanzar en materia de violencia, ampliando la tipificación de “violencia intrafamiliar” a “violencia contra la mujer”, pues “ésta se produce en la casa, en el trabajo y en la calle”.

Estefanía Andaur, Pablo Paredes, Gloria Maira

Otros aspectos que abordó Gloria Maira fue la incorporación equitativa de la mujer al mundo del trabajo y la necesidad de avanzar en un Sistema Nacional de Cuidado que permita a las mujeres acceder al mundo laboral al proveer el Estado las instituciones, programas y normas que cuiden y protejan a los niños y adultos mayores que hoy cuidan casi exclusivamente las mujeres y sin remuneración.

En la ocasión, la Coordinadora de Género de RD, Estefanía Andaur, relevó la poca visibilidad política de las mujeres, que se refleja en una Cámara donde apenas representan el 15% del total de los diputados. También destacó el que al mirar la militancia, dentro de los partidos de gobierno las mujeres representan el 40% del total, en tanto que en los de oposición son el 50%. “La batalla de las cuotas no está ganada, el desequilibrio de participación es dramático”, señaló.

Otro punto de la conversación se centró en la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales (inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación), que “pese a que no resuelve el problema de fondo, al menos pone en debate este grave problema que se vive en nuestro país”, señaló Maira; al tiempo de Andaur llamó a los militantes de su país a defender el aborto por cualquier causa.

Por su parte, Coordinador Nacional de RD, Pablo Paredes destacó la relevancia de la formación política, en especial cuando se refiere a temas de género, “que demanda transformaciones institucionales y culturales a los partidos políticos, tanto al interior de estos como en sus frentes externos”.

La próxima jornada de la Escuela es el 23 de agosto y se referirá a la “Participación de las mujeres en el ámbito político”. Las reuniones siguientes son los días 30 de agosto, 6, 13 y 27 de septiembre.

Hoy Chile se enfrenta a un debate histórico acerca del proyecto de ley que permitirá despenalizar el aborto en tres causales: caso de riesgo de vida de la mujer, violación e inviabilidad del feto.

Si revisamos la historia del aborto en Chile, podemos ver que la concepción que se tiene de este método, ha tenido matices ideológicos de acuerdo al contexto social de la época. De acuerdo a la investigación de Claudia Dides, “Aporte al debate sobre el aborto en Chile: Derechos, género y bioética”, en los años previos a 1930, “cuando el aborto tuvo el estatus de grave problema de salud pública y se autorizó en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la mujer, a través del Código Sanitario, el aborto inducido había permanecido en el ámbito de la vida privada y no constituía preocupación de la opinión pública, de las autoridades ni de otras instituciones”. Posterior a 1930, con la primera propuesta de legalización, el debate respecto al aborto se trasladó al ámbito de lo público.

En 1935, se planteó que habían razones legítimas para interrumpir el embarazo, como la violación, el incesto, la pobreza o inviabilidad fetal. En ese sentido, la propuesta daba un paso significativo en cuanto al aborto terapéutico como procedimiento clínico que, según el Código Sanitario de 1931, podía realizarse “sólo con fines terapéuticos (…) y para proceder a esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos”

De acuerdo a lo expresado por la historiadora, María Soledad Zárate, al finalizar la década de 1950, la alta tasa de mortalidad en mujeres producto de abortos provocados, pasó a ser considerada una epidemia que el Servicio Nacional de Salud intentó combatir a través de un aumento en la cobertura del control prenatal, del parto y también incrementando los subsidios materiales para las mujeres.  De las políticas puestas en marcha, el Programa de Planificación Familiar impulsado en 1964, aportó de manera relevante en el propósito de reducir las tasas de aborto y de mortalidad de la mujer, destacándose a nivel mundial.

Este contexto, señala que la discusión sobre el aborto, fue materia de un debate histórico que cruzó poco a poco la frontera hacia lo público y que nunca cuestionó la existencia del aborto terapéutico, más bien potenció la discusión sobre las políticas de educación sexual y de acceso a métodos anticonceptivos en una época en que los debates en relación a la identidad de género, la sexualidad o los derechos reproductivos, por ejemplo, no estaban siendo objeto de debate para la opinión pública.

El 24 de agosto de 1989, pocos meses antes de la retirada militar, la dictadura de Pinochet prohibió el aborto terapéutico reemplazando hasta en ese entonces vigente Artículo 119 del Código Sanitario por lo siguiente: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. Sin embargo, desde 1994 se han presentado diversos proyectos de ley que tienen por objetivo restablecer la política de aborto terapéutico.

Dentro del momento histórico en el cual nos encontramos, la puesta en marcha de proyectos de ley que apunten a resolver este tema desde el punto de vista de la salud pública, debe responder a pisos mínimos en cuanto al respeto de los derechos humanos de las mujeresy a garantizar el acceso a estos métodos y procedimientos de manera igualitaria e inclusiva, dónde el foco no esté bajo ningún punto de vista en el nivel socioeconómico.

El aborto como un tema de salud pública y de derechos humanos, pone sobre la mesa los aspectos centrales que se deben atacar: disminución de centros de abortos clandestinos, muerte por precarios procedimientos abortivos, mortalidad por embarazos riesgosos y el castigo social hacia la mujer por su decisión de abortar.

En este debate, las perspectivas conservadoras, moralistas o las visiones históricas religiosas no tienen cabida, puesto que nadie tiene el derecho moral ni religioso de decidir sobre el conjunto de las mujeres, pero si tienen la obligación de respetar el derecho de cada una de nosotras a decidir sobre nuestro cuerpo y a permitirnos comenzar a replantear el rol histórico de la mujer en la sociedad.

Bárbara Vallejos Fuentes

Publicista Usach y Magíster (c) Comunicación Estratégica Usach / Militante de la Izquierda Ciudadana y del Frente de Mujeres IC

Fuente: El Quinto Poder