Mañana se realizará a las 11.30 horas un evento familiar en la Plaza de la Ciudadanía donde se busca llamar la atención respecto de las niños que sufren de alergia alimentaria, a cargo de la Fundación Creciendo con Alergias Alimentarias.

En el encuentro se realizarán diversas actividades para compartir en familia y reflexionar sobre esta condición que afecta a miles de niños a lo largo de Chile.

La idea es que todos quienes asistan vayan vestidos de naranjo ya que ese color representa la alegría de los niños que desde su nacimiento deben luchar día a día para poder alimentarse.

Y no solo ellos, las madres también tienen que hacer grandes esfuerzos para poder alimentarnos, ya que durante el período de amamantamiento ellas deben hacer una dieta que no afecte a los niños.

Hay que recordar que esta condición es sumamente costosa ya que los suplementos y medicamentos para tratarla son escasos y de alto valor económico.

Para mayor información puede visitar el sitio web de la fundación http://www.creciendoconalergias.cl/

Avenida Salvador, entre Rancagua y Providencia, está convulsionada. Protestas y cortes de tránsito han marcado el paisaje desde el 8 de julio, cuando cerca de 300 trabajadores salieron a la calle a manifestar su descontento por la concesión del Hospital del Salvador.

Pero ¿qué significa que esté o que vaya a ser concesionado? Como lo explican Matías Goyenechea, Director Fundación Creando Salud y Gabriel Boric, diputado, “el modelo de concesiones hospitalarias implica un salto en la participación del sector privado en la provisión de infraestructura y en la operación de los recintos hospitalarios, ya que el rol del concesionario no sólo se remite al diseño y la construcción, sino que éste pasa a tener un rol en la operación normal del hospital y, dependiendo de la duración del contrato, esta participación podrá ser por un periodo de al menos 15 años”.

“En términos gruesos, el modelo de concesiones funciona como un “crédito” con una alta tasa de interés, dado que el privado realiza un gasto de capital que el Estado luego deberá pagar, en la forma de subsidios en “cómodas cuotas”. En el caso del Hospital Salvador, estamos hablando de cuotas por concepto de construcción de UF 538.800 semestrales (20 semestres) y unas UF 250.000 por la operación (30 semestres)”.

La concesión expone al ciudadano al sistema de negocio que maneje el consorcio.

Amapola Ureta es enfermera del hospital y participa activamente de estas manifestaciones y aclara un poco más el panorama respecto de la concesión, que además de la construcción del recinto “tiene una total participación en la operación del hospital, durante 15 años y este es claramente el punto de máximo interés para el consorcio pues es ahí donde tiene el máximo espacio para sacar provecho del recinto. Queremos que se elimine el proyecto de concesión de nuestro hospital, el cual fue adjudicado a un consorcio con capital mexicano, español y chileno”, comenta.

En ese sentido cabe preguntarse, de ser el concesionario el responsable de la operación del hospital, del funcionamiento, cómo se ven afectados quienes ahí trabajan. Hay que entender que en la lógica del negocio, los costos se disminuyen para aumentar las utilidades y sin duda las condiciones laborales de los trabajadores son un costo.

Amapola cuenta que han estado en contacto con personas de los hospitales de Maipu y La Florida, recintos que se construyeron bajo este modelo de concesiones, y que le han comentado que “las condiciones de precariedad laboral en que desempeñan sus funciones son alarmantes. Además que existen altas tasas de personas contratadas a honorarios, lo cual no entrega lo básico en la estabilidad en el trabajo”, aclara.

Una cosa es las consecuencias que trae la concesión para el recinto y quienes ahí desempeñan alguna labor, pero otra muy distinta es el impacto que esto podría llegar a tener en la ciudadanía. “La concesión expone al ciudadano al sistema de negocio que maneje el consorcio. Expone al usuario al lucro que ejerza en nuestro recinto esta empresa. Esto convierte a la Salud Pública en un negocio y nosotros somos férreos creyentes de que la Salud debe ser un bien garantizado por el Estado”, enfatiza Amapola.

La Salud debe ser un bien garantizado por el Estado

En la prensa se informa que mañana jueves, el gobierno entregará un informe de los ministerios de Salud y Obras Públicas, donde se explicita el costo oficial de construir los hospitales del Salvador y Metropolitanos Occidente bajo el sistema de concesiones, y cuáles serían los montos a pagar a las empresas si se modifican los contratos. Con esta información, el ejecutivo decidirá si se continúa con la edificación de los recintos, si se modifica los contratos de las empresas o si se cancelan las concesiones.

Los trabajadores del Salvador van más allá y aclaran que lo que ellos quieren es  “terminar con el contrato de concesión por un mutuo acuerdo con la concesionaria. O bien terminar el contrato de forma unilateral por el Estado, invocando la causal del artículo 28 ter de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, que faculta al Estado a terminar el contrato cuando la concesión de la obra sea innecesaria debido al interés público comprometido.

“La multigremial del Hospital del Salvador deja en claro que no aceptará un plan B. El fin último es bajar la concesión del hospital. Exigimos a la Presidenta de la República cumpla su palabra, que se comprometió en tiempos de campaña, a no tener ningún hospital concesionado bajo su mandato” sentencia Amapola.

Cristian Contardo

En tres días más se va a cumplir un mes desde que los 844 trabajadores de Cruz Verde –de los 5 mil que tiene la empresa– están en paro. Demandan un reajuste salarial y el fin de los bonos por metas de ventas mensuales. Éstas son del rango de $10 millones y, si se cumplen, el trabajador recibe entre $15 y $30 mil. Las negociaciones están en un punto muerto y el 14 de agosto próximo vence el plazo que la nueva Ley de Fármacos fijó para que las farmacias terminen con el sistema de incentivos por ventas de medicamentos.

Cada vez que venden un producto, los trabajadores de Cruz Verde introducen su código en el computador. Los medicamentos “de marca”, los que la empresa quiere que se vendan, aparecen en la pantalla con una estrella. El vendedor ofrece esos medicamentos para poder alcanzar su meta mensual de venta.

Cruz Verde tiene un sistema de medición en la venta de productos y medicamentos. A sus trabajadores les exige alcanzar dos metas de ventas mensuales: canastas superiores (medicamentos) y canastas inferiores (perfumería). Esta práctica es conocida en el rubro como la “canela”. Según cuentan los trabajadores de la empresa, ambas son difíciles de alcanzar, ya que cada una es cercana o superior a los $10 millones mensuales. De lograrlo, reciben un bono de $15 a $30 mil. El rango varía dependiendo de dónde esté la farmacia.

“Te obligan a vender un producto por sobre otro. Nosotros lo que queremos es no trabajar más a base de comisiones”, dice el presidente del Sindicato N° 1 de Trabajadores de Farmacias Cruz Verde, Pedro Beltrán. “Prácticamente tenemos que engañar al cliente y ofrecer un medicamento que por economía no le conviene, pero que nos genera las ‘lucas’ para llegar a la meta mensual. Queremos un contrato fijo con el que podamos vender tranquilos. No que la empresa nos pida constantemente que lleguemos a las metas y que, si no lo logras, te amenacen con despedir o cambiar de local”, agrega.

El sistema de comisiones es una de las dos razones por las que 844 de los 5 mil trabajadores de Cruz Verde están en huelga hace 29 días. Otro de los puntos que demandan es un reajuste del sueldo base de $225 mil a $300 mil. La empresa hasta el momento sólo ha respondido en una ocasión, según Beltrán, ofreciendo un reajuste de tres mil pesos. “Nosotros no vamos a firmar un contrato colectivo por cuatro años y por tres mil pesos. No lo vamos a hacer”, recalca.

MERCADO EN CRECIMIENTO

El mercado de los medicamentos en Chile ha experimentado en los últimos años un aumento sostenido de sus ventas. Esta fue una de las razones por las que el Instituto de Salud Pública (ISP) creó el año pasado el Centro Nacional de Farmacoeconomía (Cenafar). De acuerdo a un estudio realizado por el organismo en diciembre de 2013, el 90% del valor de ventas del mercado nacional lo ocuparon las tres principales cadenas de farmacias: Cruz Verde, Ahumada y Salcobrand.

Sobre el volumen de ventas, el Ministerio de Economía reportó que las tres mayores cadenas de farmacias tuvieron el 2012 ingresos por US$1.500 millones, un poco más de $731 mil millones. Según el mismo documento, desde el 2008 las farmacias han tenido un crecimiento de ventas entre el 7% y 8% anual.

Cruz Verde es una de las cadenas con mayor presencia en el mercado. El hombre detrás del negocio es Guillermo Harding Alvarado. Comenzó en 1984, cuando abrió la primera farmacia junto a su hermano, Juan Carlos, en Viña del Mar. Desde entonces todo fue crecimiento, hasta que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó su demanda ante el Tribunal de la Libre Competencia por colusión en los precios de las tres principales cadenas farmacéuticas.

Durante el tiempo que duró este proceso, Cruz Verde utilizó una estrategia que apuntó a dilatar el juicio. Tal como publicó El Mostrador en su momento, la empresa presentó siete recursos y contrató a 21 abogados, entre ellos, a un ex fiscal nacional económico. Pero no ganó ninguno y gastó –según calculan abogados de la plaza– entre US$ 1,5 millones y US$ 2 millones.

CAMBIA EL ESCENARIO

La nueva Ley de Fármacos, que promulgó el gobierno de Sebastián Piñera el 14 de febrero, impide que las farmacias pongan incentivos para la venta de medicamentos. Recién a mediados de agosto vence el plazo para que las empresas terminen con esta práctica.

A partir de entonces, la fiscalización estará en manos del ISP. La jefa de la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed), Pamela Milla, dice que el organismo tiene cinco fiscalizadores para el tema, pero en agosto esperan llegar a diez. “Igualmente cada uno de los técnicos del ISP puede actuar como fiscalizador. En el fondo, todos somos fiscalizadores, pero cada uno tiene su tema. En el resto de las regiones lo ven las Seremis. Para los contratos lo más probable es que nos ayude la Dirección del Trabajo”, agrega

Milla cuenta que desde el 14 de agosto “nuestra responsabilidad será ver que no esté la ‘canela’ en los contratos y en los movimientos comerciales asociados a porcentajes por ventas de medicamentos. Los contratos nuevos (desde el 14 de febrero) no debieran tener esos porcentajes”. Además, agrega que la Dirección del Trabajo está preparando un dictamen, ya que en la fiscalización se incluirán aspectos como la base de cálculo para el sueldo fijo de los trabajadores y las condiciones laborales.

Por su parte, el presidente del Sindicato, Pedro Beltrán, cuenta que aún no han recibido respuestas de la empresa. “La última instancia que tenemos como sindicato, ya que no se ha logrado el objetivo, es llegar al artículo 369 que congelaría por 18 meses el contrato colectivo. Después, retomaríamos la negociación y ahí podríamos tener más chances”, explica. En el sindicato aún no definen fecha para realizar la votación, pero Beltrán asegura que cuenta con los votos.

Fuente: El Mostrador

El Director Nacional (TyP) del Servicio Nacional de la Discapacidad, Mauro Tamayo, fue electo por sus pares como vocal titular de los países integrantes del Cono Sur -Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay- ante la Comisión Permanente que constituye el órgano máximo entre conferencias de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica, RIICOTEC.

El mandato de la Comisión Permanente será de dos años. Cabe destacar que el Director Nacional fue invitado por esta entidad en su calidad de representante del órgano rector de políticas en discapacidad de Chile.
Corresponde a la Comisión Permanente, con la asistencia de la Secretaría Ejecutiva, formular el plan de acción bienal de la Red; analizar conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva la memoria anual de actividades y presentarla al Plenario; efectuar el seguimiento de las acciones que se realicen; velar por el cumplimiento de los objetivos de la Red; aprobar y gestionar los planes, proyectos y acciones de la Red; representarla en cualquier acto que lo requiera y aprobar convenios y acuerdos, a firmar por la Secretaría Ejecutiva, que redunden en su desarrollo, si así se estimare.

El objetivo general de la RIICOTEC es favorecer el desarrollo de las políticas integrales para las personas mayores y las personas con discapacidad en los países iberoamericanos, mediante la cooperación y el intercambio de experiencias entre los propios países, con la participación de grupos de acción regional y organismos internacionales.

Además, dentro de en sus fines está la prospección, identificación y canalización de fuentes de financiación y apoyo técnico para los proyectos presentados por los diferentes países que cumplan las condiciones de factibilidad, adecuación técnica y coherencia con los objetivos de la Red y con las políticas integrales para los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad.

La finalización de este ciclo de ponencias y debate sobre la interrupción del embarazo, se realizó el sábado 21 de junio en dependencias del ex Congreso Nacional, donde los asistentes pudieron intercambiar ideas y puntos de vista con los expositores.

En la oportunidad, participaron Anita Román, Presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, quien se refirió al tema desde el punto de vista de la salud. En esa misma línea, también participó Rosana Oyarzún, Enfermera de la Universidad de Uniandrade de Brasil, la que profundizó el aspecto antes mencionado.

También expusieron Cecilia Aguayo, Secretaria Ejecutiva del Consejo para la discapacidad de Quilpué y Claudio Chandía, en representación de la Comisión Política de Izquierda Ciudadana.

Con este rueda de presentaciones, la IC muestra su compromiso con un  debate amplio y ciudadano, respecto de un tema que afecta a miles de mujeres cada año y que en muchos casos, tiene consecuencias fatales.

Ante esto, el Frente Mujeres de Izquierda Ciudadana, en su activo rol dentro del partido, realizó la primera parte de la Jornada sobre Aborto, la cual se realizó en el ex Congreso Nacional el pasado 26 de abril.

Dicho encuentro buscaba aunar posiciones dentro de la Izquierda Ciudadana y así contar con una postura como partido frente a este tema. Para ello la Jornada contó con la participación de Gloria Maira, subsecretaria del Sernam; Gonzalo Rovira, miembro de la Comisión Política y académico de la Universidad de Chile; Tatiana Hernández, feminista y socióloga y Virginia Leal, teóloga y Obispa de la Iglesia Evangélica, quienes expusieron puntos de vista desde sus áreas de conocimiento.

La segunda parte de este encuentro, donde se acordarán resoluciones y desde donde emergerá la postura partidaria, se realizará en las próximas semanas. En ella participarán Ana Quiroga, quien se referirá a la postura de la Nueva Mayoría, Rosana Oyarzun, quien aportará desde el área de la salud y Pablo Rodriguez, abogado, quien se refreirá a los aspectos legales de este tema.

Cristian Contardo/Fotos: Javiera Carrasco/Marta Quiñones

Es kinesiólogo de la Universidad de Chile, Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago y Postítulo en Dirección Estratégica y Liderazgo de la misma universidad. Fue Vicepresidente Nacional del Colegio de Kinesiólogos y candidato a alcalde en Cerro Navia en el 2012. Durante el año pasado, formó parte de la Comisión de Salud del comando de la Presidenta Michelle Bachelet.

Por Felipe Parada

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando la Ministra de Desarrollo Social te pidió asumir este desafío en SENADIS?

Cuando la Ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, se comunicó conmigo  me encontraba realizando funciones como asesor de la Ministra de Salud Helia Molina. Me sorprendió bastante y sentí un profundo orgullo y honrado con el llamado de la Ministra.

Creo que existe una gran tarea pendiente en el tema de la inclusión social de las personas en situación de discapacidad y asumiré esta tremenda responsabilidad que se me ha encomendado. Al mismo tiempo creo que esta es una gran oportunidad para impulsar lo que no se ha hecho y mejorar para  contribuir a la igualdad de oportunidades de las personas en situación de discapacidad.

¿Qué foco debiera tener SENADIS desde el comienzo de tu gestión?

El Servicio Nacional de Discapacidad continuador legal del Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), el cual aún sigue recordado en la retina de las personas.

Cabe destacar que en febrero del 2010, post terremoto y a partir de la Ley N° 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad se crea el SENADIS. Entenderán ustedes que fue muy difícil, bajo estas condiciones, poder cumplir el mandato que la ley establecía en torno a las funciones y atribuciones de este servicio. No obstante, con el tremendo trabajo de muchas personas se logró mantener un servicio presente, sin embargo las respuestas aún son insuficientes, creo firmemente que hoy podemos mejorar nuestra  atención hacia  las personas con discapacidad.

Uno de los focos principales de esta nueva administración, será el diálogo social, porque creo que el trabajo colaborativo y la participación de los diversos actores sociales, contribuye a disminuir la discriminación y a  impulsar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad.

La sociedad civil hoy día está representada por distintas organizaciones sociales, que trabajan con y para las personas en situación de discapacidad y claramente nuestra función será trasformar su acción en un hecho protagónico en la toma de decisiones vinculadas a la discapacidad y la inclusión. Hay una frase que dice mas o menos así “nada sobre nosotros sin nosotros”, esto justamente es lo que queremos promover, no una política sobre discapacidad o hacia la discapacidad, si no que vamos a implementar una política desde la discapacidad, con los actores relevantes, es decir desde  las personas.

 Recorreremos todo el país, para conocer estos actores, queremos dialogar, trabajar y  construir un Chile para todos, sin excepción, cada organización cuenta. Desde hoy, quiero invitar a las organizaciones, sus dirigentes y asociados para construir un diálogo conjunto de respeto que incentive el trabajo mancomunado  entre la autoridad y las bases.  Este será el sello de esta dirección.

¿Podríamos decir como resumen que esta dirección será de puertas abiertas para las organizaciones y las personas?

Hoy día existe un espacio de participación para las organizaciones de la sociedad civil, a pesar de ello el nivel de delegación de atribuciones y sus opiniones  siguen siendo restringidas.

Apostamos a generar espacios de debates y de trabajo conjunto, queremos mejorar el plan nacional de acción por la inclusión social de las personas con discapacidad, lo vamos a revisar y si es necesario rediseñar y algo que no es menor, trabajaremos por cumplir las medidas establecidas en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet. Una de ellas que debiera abordarse con mucha fuerza tiene que ver con el  Estudio Nacional de Discapacidad que no se realiza desde el año 2004, hace exactamente 10 años. Se requiere de manera urgente actualizar los datos y la información disponible a objeto que nuestras políticas sean vinculadas a la realidad de la discapacidad en Chile, hoy día tenemos proyecciones y datos que no corresponden a nuestra realidad, por lo tanto, esa va ser una tarea inmediata del servicio nacional.

Otro tema importante para esta gestión, será el traspaso de las ayudas técnicas, las ortesis y prótesis al Ministerio de Salud. Hoy existe una gran demanda insatisfecha la gente postulaba una y otra vez, sin resultado. Como lo establece el programa de la Presidenta Bachelet, ampliaremos la cobertura y entrega en los plazos garantizados de las ayudas técnicas a las personas en situación de discapacidad, éste será un tremendo desafío.

Cuando la presidenta Bachelet visitó San Carlos, dijo que en la comunas del sur de Chile y en especial San Carlos, eran de las comunas donde existían más personas con discapacidad, ¿existe algún motivo por los cuales la discapacidad se de más en regiones?

Voy a responder en base a los datos que antes mencionaba del 2004. En Chile existen más de 2 millones de personas en situación de discapacidad. La disgregación y como se va comportando a nivel nacional, esta asociado a distintos factores, uno de ellos, es por ejemplo, la pobreza. La discapacidad es la relación de algún tipo de déficit o disfunción con el medio, con el contexto, con la ciudad, con el espacio público, con las calles, con el trabajo, con la educación. Por lo tanto, esta relación hace una construcción social que discapacita a la persona.

La pobreza esta asociada a la discapacidad, hoy en día tenemos una gran cantidad de personas en discapacidad que no logran terminar su enseñanza media, y muchos no logran espacios de trabajo, por lo tanto estas relaciones se presentan frecuentemente en condiciones más adversas en los ámbitos locales. Por eso cuando planteamos que todas las políticas publicas deben tener enfoque de discapacidad o enfoque de inclusión social, es una necesidad. Chile ya aprobó una ley de discapacidad, ahora debemos generar un debate de cómo enfrentamos la discapacidad, de cómo nos hacemos cargo de la inclusión social.

Volviendo al tema ¿cuáles son los proyectos necesarios a implementar en SENADIS?

Mi sello va estar en generar un debate y aportar en la construcción de una sociedad inclusiva. Incorporar la inclusión social y a las personas en situación de discapacidad en todas las políticas. Lo segundo tiene que ver con la participación de las organizaciones sociales como actores protagónicos. Para nosotros la participación es importante y estamos dispuestos a estar con nuestros equipos técnicos donde sea necesario.  Es imperante avanzar en un plan local de inclusión social y discapacidad, debemos fortalecer el trabajo con las oficinas de la discapacidad de las distintas municipalidades y desarrollar alianzas estratégicas con los distintos actores vinculados.