Este 1º de mayo, distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales nos movilizamos para exigir una Reforma Laboral que supere el Plan Laboral de José Piñera, herencia de la dictadura que sigue determinando las relaciones entre trabajadores y empleadores en nuestro país.

Queremos reafirmar con nuestra fuerza en las calles la insatisfacción con la actual agenda en la materia, lamentamos la distancia entre el Programa de Gobierno y sus compromisos, frente al actual Proyecto de Ley que se discute en el Congreso.

Nuestras demandas son: Derecho a Huelga, sin reemplazo ni descuelgue, y sin turnos de emergencia. Los trabajadores tenemos la misión de fortalecer la negociación colectiva y empujar hacia la negociación ramal, que es una medida que apuntaría a superar los niveles de desigualdad y mejorar la distribución de la riqueza. También el cumplimiento íntegro y real de los convenios 87 y 98 ratificados por el Estado de Chile ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Frente de Trabajadores de la Izquierda Ciudadana convoca todas y todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país a sumarse a las distintas iniciativas en conmemoración del 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el llamado es a transformar el descontento en lucha y organización para conquistar un nuevo Chile, libre, democrático, sin corrupción y sin injusticias.

El grupo Grupo Orsan cuenta con a lo menos ocho Rut distintos para dividir a sus trabajadores y   participa activamente en el sector financiero, no bancario, de cobranza y transaccional en Chile.

Desde un principio de la negociación, la empresa ha centrado su accionar en la práctica antisindical, la amenaza y el amedrentamiento, y cerró completamente las puertas para negociar con el sindicato, manteniendo una actitud de indolencia absoluta frente a las  demandas de los trabajadores que se traducen en; Incremento a sus remuneraciones, los básicos bonos de locomoción y colación, entre otras.

Recién el Martes 14, la Dirección del trabajo fiscalizó a la empresa, a propósito de la denuncia que hicieron los trabajadores, acompañados por la Federación Nacional de Trabajadores del Call Center FETRACALL, donde se constató que la empresa ha estado reemplazando ilegalmente a los trabajadores en huelga, por medio del desvió de llamados hacia otra empresa de su mismo grupo. Esto constituye una senda práctica desleal en proceso de negociación colectiva y la violación a los convenios 87 y 98  de la Organización internacional del trabajo, OIT.

La voz de los trabajadores

 La secretaria del sindicato de Trabajadores Orsan que agrupa a 23 trabajadores de un total de  38, Leslie Muñoz, explicó que empezaron la huelga el 2 de abril, luego que la empresa se negara a aumentar las remuneraciones en un 15% sobre el sueldo base (que es el sueldo mínimo) como pedía el sindicato.

Señaló que aunque existe un bono productividad, este en los hechos no se concreta ya que “mientras más trabajamos, menos ganamos, es un bono disfrazado”

Asimismo, sostuvo que las otras dos demandas son un bono de locomoción y aumentar el bono de alimentación de 2 mil a 3 mil pesos.

La dirigente indicó que el grupo Orsan obtiene grandes utilidades “y aunque arregla sus  estados financieros, nosotros nos enteremos que la empresa que preside Johnny Lama (dueño además de Trial, de una corredoras de propiedades y de la marca Hugo Boss en Chile)  tiene una ganancia de más 4 millones de dólares  solo en el rubro de nosotros que estamos en huelga (sin contar los otros 7 Rut de la empresa) “.

Denunció que “nos descuentan en bono de producción, en plata y en transacciones, nos hacen un triple descuento. El bono de productividad es de 40 mil pesos. Y para contrarrestar la huelga legal, está haciendo desvíos de llamadas y usando reemplazantes”.

Aguiló: “En Chile la legislación laboral es mala y la fiscalización es pésima: hay que hacer una reforma estructural al Código Laboral”

Por su parte, el presidente de la IC, Sergio Aguiló dijo que “en esta huelga notamos que las leyes  que hemos aprobado en el Parlamento son insuficientes y que necesitamos hacer una reforma más estructural del Código Laboral”.

Detalló que el grupo ORSAN es “una empresa que tiene en total cerca de 400 trabajadores con 10 RUT distintos y la trabajadores que están en huelga pertenecen a una de las 10. Aquí el Rut es una ficción porque las 10 empresas están todas ubicadas entre el 5to y 6to piso del edificio España, es decir, las 400 personas trabajan juntas, pero solo pueden formar un sindicato de una sola empresa (alrededor de 38 por empresa). Entonces lo que hace la empresa cuando un sindicato vota la huelga, le pasa el trabajo de los que están en huelga al resto de las más de 300 otras trabajadoras que se supone están ficticiamente en otra empresa distinta”.

A su juicio “esto nos demuestra que sigue funcionando el multirut y que se sigue abusando con esta modalidad al no permitir la creación de sindicatos fuertes, ya que la empresa está dividida en varias razones sociales o rut, y por ende sindicatos más chicos”.

Aguiló sostuvo que “hay otro problema en el caso de la empresa Orsan que es la contratación de rompehuelgas ilegalmente antes de los 15 días, y se contrató desde el primer día porque lamentablemente la fiscalía no vino a fiscalizar adecuadamente y todavía tenemos a los rompehuelgas contratados. Entonces ¿qué interés tendría el dueño de la empresa en negociar cuando por un lado contrata reemplazantes y por otro lado, traspasa las llamadas que tienen que hacer las trabajadoras de las otras 9 empresas o multirut que tiene?”

Enfatizó que “aquí hay un problema grave de la legislación y de la fiscalización, la legislación laboral es mala y la fiscalización es pésima. Por eso pediremos a la dirección del trabajo que sancione esta mala práctica de haber contratado reemplazantes y negocie con sus trabajadores”.

Por último, Aguiló lamentó la campaña mediática de los empresarios contra la Reforma Laboral. “Los empresarios en este país son insaciables, a diferencia de otras partes del mundo donde les interesa tener armonía con los trabajadores y negocian colectivamente. Los empleadores saben que Chile es uno de los países más desiguales del mundo y aun así hacen una campaña contra de una reforma laboral tibia, que es muy tibia. Los empresarios hacen una tremenda ofensiva porque ellos son insaciables, ojalá para ellos nunca hubiera en Chile un trabajador sindicalizado y nunca hubiera negociación colectiva”.

Foto: Chile Santiago – Flickr

Tamara Muñoz

Presidenta Federación Nacional de Trabajadores del Call Center, FETRACALL

Consejera Nacional CUT

Comisión Política Izquierda Ciudadana

Frente al Proyecto de Ley que pretende modificar el Código del Trabajo, el cual ya se encuentra en tramitación en el Congreso, me parece pertinente hacer algunas apreciaciones respecto de dicho proceso. Hoy no hay excusas para no avanzar de forma decidida al término de las desigualdades y los abusos en materia laboral, como coalición de Gobierno, tenemos los votos suficientes en el Congreso. La Nueva Mayoría asumió un compromiso democratizante y éste debe expresarse en las relaciones capital-trabajo debido a la evidencia empírica de que el fortalecimiento de la organización sindical, la huelga y la negociación colectiva avanzan hacia sociedades con mayor justicia social. No hacerlo supondría por decir lo menos una incoherencia.

Como antecedente, debemos hacer presente que el actual Código del Trabajo instaurado en dictadura, recoge en materia laboral, lo peor del ideario neoliberal, esto es, la precarización del trabajo, en su perspectiva individual, derogando y dejando sin efecto los avances alcanzados por el mundo sindical en casi un siglo de lucha, sustituyéndolo por una nueva estructura normativa que ha sido “caldo de cultivo” para una nueva forma de explotación basada en la inestabilidad laboral, la tercerización de funciones y la flexibilidad laboral.

Desde el punto de vista colectivo, promueve la eliminación de los sindicatos, la atomización de los mismos y, además, ataca la principal herramienta que tenemos los trabajadores, esto es, la negociación colectiva, excluyendo a un número mayoritario de trabajadores (públicos y privados) los que carecen de derecho a negociar colectivamente, limitándola al ámbito de la empresa, la prohíbe a nivel de área o supra empresa, estableciendo una tremenda desigualdad de fuerzas entre el sindicato y la Empresa, haciendo inefectiva su principal medio de lucha, la huelga, por medio del reemplazo legal de trabajadores, la posibilidad de descuelgue y prohibiéndola en determinadas empresas, entre otras espurias instituciones jurídicas.

Es en este escenario, y haciéndose eco del reclamo de las organizaciones sindicales  y la ciudadanía,  que el actual gobierno propuso en su programa terminar con esta situación de abuso y abocarse a una reforma laboral, que recogiendo el reclamo ciudadano, adecuara nuestra legislación laboral a los estándares mínimos de un estado de derecho social, pluralista y democrático, y a las sendas recomendaciones del comité de expertos de la OIT, que, permanentemente, viene haciendo presente que nuestra normativa laboral viola los convenios internacionales y  vulnera los derechos humanos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga.

Es así, que dicho compromiso con las organizaciones sindicales y la ciudadanía establecido en el programa de gobierno, es, nuevamente, validado en el mensaje del Proyecto, el cual, manifiesta expresamente su compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones de la OIT  y  las aspiraciones más sentidas del mundo sindical, en el entendido que la negociación colectiva en términos de igualdad de fuerzas de las partes, es, junto a la reforma tributaria, la base de una  nueva y mejor distribución de las riquezas de una nación.

El problema está, en que el articulado, muy probablemente por el actuar de los autodenominados “técnicos”, “asesores”, “expertos”, no recoge de la misma forma el compromiso con la ciudadanía y el mundo sindical, limitándose a ser un proyecto mediocre, que incluso, en muchos casos constituye un retroceso de la normativa “fascistoide” que actualmente nos rige, como por ejemplo, en lo relativo a la criminalización del actuar sindical, la criminalización de la huelga propiamente tal, con una condena y sanciones novedosas a la violencia en ella, como si la violencia viniera de la parte débil, esto es, de nosotros los trabajadores.

Punto aparte merece el hecho del grave error conceptual en que incurre el proyecto respecto a la huelga, que le coloca el apellido de “pacífica”. En este sentido coincidimos con muchas voces del mundo sindical, que critican esta regulación, ya que evidencia que en el fondo la apuesta del proyecto es por el mentado diálogo social y no por la negociación colectiva, ya que confunde la huelga, por esencia, el mecanismo de presión de los trabajadores organizados  con la solución del conflicto mismo. No hay dudas de que la solución de un conflicto de intereses, como es el que da lugar a la negociación colectiva, debe ser pacífico, pero ello no implica que la huelga de por sí, reconocida nacional e internacionalmente, un mecanismo de auto tutela cuya intensidad va a depender de la gravedad del conflicto mismo y de las agresiones de las cuales somos víctimas los trabajadores.  Por ello, resulta aberrante la exigencia planteada en el inciso 1º artículo 349 del proyecto, y ejemplifica del error conceptual en que incurre el proyecto, esto, además, de rozar la criminalización legal del movimiento sindical al establecer como causal de prácticas antisindicales, la conducta de autodefensa plenamente legítimas según la jurisprudencia de la OIT, estableciéndolas, incluso, como una nueva causal de desafuero de los dirigentes sindicales.

Sumado a lo anterior, resulta incomprensible el tratamiento que hace el Proyecto respecto de los servicios mínimos o equipos de emergencia. Es así que, la huelga es un derecho, y es un derecho humano o prioritario en los términos de la OIT, por tanto, absoluto, y que al legislador sólo le corresponde reconocerlo y que toda limitación a dicho derecho humano debe ser estricta y taxativamente establecida, lo que en modo alguno se compadece con la definición de servicios mínimos (no existe definición) y la imposición de los mismos en todo proceso de negociación. De lo anterior resulta que la supuesta excepción, servicios mínimos, al no estar definida y estar impuesta para todo proceso de negociación y con sanciones específicas, es más amplia que el derecho mismo, lo que redunda en que, en la práctica, el proyecto sigue manteniendo un sistema que no reconoce el derecho a huelga efectivo, con la peculiaridad, propia de nuestro país, de que los propios trabajadores que deciden hacerla efectiva, son obligados a ser sus propios rompe huelgas.

A lo anteriormente dicho, resulta que existe una visión crítica sostenida en el mismo sentido por distintas e importantes organizaciones sindicales respecto del articulado mismo, el cual, al ser analizado objetivamente se aparta del compromiso asumido con la ciudadanía y el mundo sindical, que mantiene y consolida con un nuevo lenguaje las graves violaciones a los convenios internacionales y las recomendaciones de la OIT , y más encima, avanza en la precarización y flexibilidad laboral al incorporar los llamados pactos de adaptabilidad, “flexibilización encubierta”; pactos que jamás fueron comprometidos en el Programa de Gobierno.

Pareciera que, nuevamente, los “técnicos” y los “expertos”, pretenden imponer los intereses del gran capital nacional y extranjero, al interés nacional y, vía  confusión conceptual y lenguaje jurídico, quieren establecer una nueva normativa laboral en algunos casos más retrógrada que el actual Código del Trabajo establecido a fuego y a sangre por la dictadura.

El actuar anterior causa mucho daño al compromiso del gobierno en su lucha contra la grave desigualdad que nos aqueja como sociedad, la “letra chica” empaña el compromiso que votó la ciudadanía, razón por la cual, se debe enmendar el rumbo, se deben cumplir fielmente los compromisos asumidos para transitar a un Estado más justo, más igualitario y en el que los trabajadores organizados sean el motor de la lucha contra este sistema que beneficia sólo a algunos usureros nacionales o extranjeros.

Hoy tenemos certeza y el respaldo ciudadano para enfrentar este desafío y dar esta lucha, que marcará nuestro futuro por las próximas décadas, tenemos el deber moral y político de trabajar para que la Reforma Laboral que salga del Congreso refleje fielmente el compromiso asumido en el Programa de Gobierno, que vele por los derechos de los trabajadores, garantizando la justicia como principio de igualdad para la ciudadanía. Dejando de lado, de una vez por todas, las recomendaciones de los “técnicos” que pretenden sustituir la voluntad soberana del pueblo para seguir perpetuando este modelo neoliberal.

La Izquierda Ciudadana es un partido que pretender renovar la política, trayendo aires frescos, provenientes del mundo social marginado de la toma de decisiones. En ese sentido, estamos en la construcción de una fuerza política comprometida con los trabajadores y sus demandas en búsqueda de una relación de mayor y mejor justicia con respecto a la parte patronal, sin importar si esta es pública o privada. Es nuestro deber esforzarnos en todo lo que esté a nuestro alcance, por mejorar esta reforma, de manera de favorecer, claramente, los intereses de los trabajadores manuales e intelectuales que hoy sufren los descalabros un Código Laboral añejo e injusto. Nuestro norte es y ha sido con los trabajadores ¡siempre!.

La directiva de la Izquierda Ciudadana, encabezada por su presidente Cristián Méndez, se reunió con la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, para conversar respecto de las reformar laborales que impulsará el gobierno durante el último trimestre de este año.

En la oportunidad, donde también participaron Solange Daroch, Vicepresidenta de la IC; Bernarda Pérez, Secretaria General y Tamara Muñoz, miembro de la dirección del partido, se aprovechó de respaldar la gestión de la ministra así como la agenda de reformas laborales que ella encabeza, que en un contexto de desaceleración económica, se hacen aún más imprescindibles.

La titularidad de los sindicatos para negociar, el fortalecimiento de la negociación colectiva y la prohibición del reemplazo en la huelga son algunas de las materias que el gobierno pondrá en discusión este año y que implementará durante el mandato de la Presidenta Bachelet.

En ese sentido, el Presidente de la Izquierda Ciudadana, Cristián Méndez, manifestó que “la ministra nos ha planteado la firme decisión del gobierno de avanzar en cambios sustantivos a la legislación laboral, lo que para la Izquierda Ciudadana es muy relevante ya que consideramos que hay que terminar de una vez por todas con la nefasta herencia que nos dejó el plan laboral de la dictadura”, afirmó.

Por su parte la Ministra Blanco comentó que “las medidas en ámbitos laborales y previsionales van a ser realidad en este periodo, estamos avanzando para ello, y también con posterioridad lo que hemos llamado el cuarto pilar, después de las tres reformas estructurales, que es justamente la agenda laboral donde los derechos colectivos van a ser uno de los temas prioritarios”.

Asimismo, se refirió a los ejes centrales de esta reforma y del impacto que tendrá en los trabajadores: “los temas de titularidad sindical, los temas de reemplazo en huelga, estamos hablando de temas muy sentidos para muchos trabajadores y trabajadoras, y por tanto, no sólo ha sido un compromiso de campaña, es un compromiso de este gobierno”, agregó.

Finalmente el Presidente de la IC sentenció que “no vamos a permitir que la derecha y los empresarios, una vez más, le vuelvan a hacer una zancadilla a la ciudadanía, a los trabajadores, bloqueando la cuarta reforma estructural del gobierno, bajo la excusa del lento crecimiento económico. Todos sabemos que ellos no quieren que le toquemos la gallinita de los huevos de oro”.

Ad portas de entrar en discusión en el Senado, el proyecto de Reforma Tributaria sigue en la primera línea del debate. Esta vez, representantes de sindicatos de trabajadores de Talca y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) salieron en defensa de la modificación al sistema.

Acompañados por el diputado  de Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló, diez dirigentes sindicales hicieron un llamado a los parlamentarios, especialmente de la Nueva Mayoría, a “cuadrarse” con la Reforma Tributaria que hace unos días se aprobó en la Cámara de Diputados.

La presidenta provincial de la CUT, Soraya Apablaza, dijo que la reforma “es necesaria y sentida”, recordando que en el año 2008 se había dejado estipulado en el pliego de peticiones de la multisindical la necesidad de una modificación al sistema de recaudación de tributos.

“Hay empleadores y empresarios que nunca han pagado impuesto y que por primera vez lo harán. Esto nos afecta cuando iniciamos el proceso de negociación colectiva, donde vemos balances ajustados para que los trabajadores no puedan tener mejores demandas. Por lo tanto, si las grandes empresas siguen dejando sus utilidades en el FUT, obviamente, el resultado de ese balance no le permite mucho movimiento al trabajador para negociar como se debiera”, dijo Apablaza.

En tanto, Sergio Aguiló indicó que es importante que quienes se comprometieron con la Presidenta Michelle Bachelet en este programa hoy cumplan su palabra. “La derecha está defendiendo los intereses de los más poderosos del país, los intereses mezquinos de siempre. Pero lo que no resulta comprensible, es que haya parlamentarios de la Nueva Mayoría que pongan en cuestión una reforma tan importante y por eso es que vamos a fiscalizar el comportamiento de los parlamentarios respecto de estas transformaciones”, señaló.

En esta línea, el diputado Aguiló dijo no estar de acuerdo con las declaraciones del senador por el Maule Norte, Andrés Zaldívar (DC), a quien acusó que “ha puesto en cuestión el corazón mismo de la Reforma Tributaria, señalando que impulsará cambios convergiendo con la derecha en esta materia, lo que no es tolerable, no es razonable y no tiene que ver con los compromisos que él adquirió”.

Por su parte, Rodrigo Lara, de la Federación de Trabajadores del Maule, complementó que “esta Reforma permitirá mejorar la Educación y la Salud Pública; por eso ningún parlamentario puede darle la espalda a la Presidenta Bachelet y dejarla sola: Los trabajadores estaremos vigilantes de lo que hagan nuestros parlamentarios; sobre todo, con los que se comprometieron con  la Presidenta y con nosotros”.

Desde temprano los miembros de Izquierda Ciudadana, encabezados por su presidente, Cristián Méndez, se reunieron en la Alameda para participar de la marcha organizada por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.

Junto a las miles de personas que llegaron hasta la principal arteria de la capital, la Izquierda Ciudadana marchó frente a La Moneda hasta llegar a Portugal, donde se emplazaba el escenario que daría lugar al discurso de Bárbara Figueroa, Presidenta de la CUT.

En sus palabras destacó que la Reforma Laboral es uno de los pilares centrales de los grandes cambios estructurales que está realzando el gobierno de la Presidenta Bachelet y señaló que “tenemos que dar una señal potente de que la mayoría de los chilenos está por los cambios estructurales que Chile necesita y apoya las demandas de los trabajadores y de todos los movimientos sociales”.

Asimismo recalcó que “tenemos que atrevernos a romper con los límites de lo posible y soñemos un Chile mejor, pues nadie podrá derrotarnos si hacemos realidad estos sueños de la inmensa mayoría”.

Además del presidente de la Izquierda Ciudadana, participaron Gloria Maira, subsecretaria del Sernam y Pedro Felipe Ramírez, próximo embajador de Chile en Venezuela.

Cristian Contardo

Por C.Herrera

¿Cuáles son los principales desafíos legislativos y parlamentarios que deberá enfrentar como diputado electo de la Nueva Mayoría en representación de la Izquierda Ciudadana?

Creo que es muy clave que como Izquierda Ciudadana nosotros nos destaquemos en el parlamento chileno. Pero no sólo en el parlamento chileno, sino que en las movilizaciones sociales, en las organizaciones de nuestro pueblo; por llevar adelante el programa de Michelle Bachelet y particularmente los 3 ejes que ella ha planteado como centrales, y estos son una Nueva Constitución; discutida y votada en democracia; una profunda Reforma Tributaria para que paguen mucho más los ricos – que en ese país no  pagan un impuesto-; y una profunda reforma al sistema educacional completo, que termine con el clasismo y la segregación que existe en nuestro sistema educacional y que haya una educación pública, gratuita y de calidad.

Nosotros nos tenemos que destacar en ser los mayores impulsores de ese programa en todos los espacios donde nos encontremos.

2. Más allá de lo expresado en el programa de la Nueva Mayoría  ¿En qué iniciativas legales está trabajando la IC a fin de profundizar la participación ciudadana?

Además de los elementos del programa, hay aspectos que no están suficientemente claros en este y que nosotros debiésemos profundizar, particularmente en el campo de los trabajadores chilenos. Debo agregar que hay 3 o 4 iniciativas en el programa, pero que nosotros podemos perfectamente complementar.

Chile es un país que tiene apenas un 12% de trabajadores sindicalizados; un 88% de trabajadores no sindicalizados y apenas un 5% de trabajadores que negocia colectivamente. Y esos son derechos esenciales, elementales de los trabajadores y sin esos derechos probablemente nunca avanzaremos en serio a tener un país más justo y equitativo.

Entonces nosotros debiéramos desarrollar muchas otras iniciativas complementarias con el programa que no están, pero que no son contrarias a la esencia de este, para que en Chile efectivamente los trabajadores tengan  dignidad, derecho a organización y a negociación colectiva, por ejemplo.

3. Como miembro de la Comisión Política de la Izquierda Ciudadana ¿Cuáles son los ejes centrales en que debe trabajar la IC durante este año?

Nosotros tenemos este año que trabajar en 3 ejes. En primer lugar construir el partido en todo Chile. Afortunadamente tenemos direcciones regionales en trece de las quince regiones. Tenemos que avanzar en constituir en las comunas de aquellas  regiones la Izquierda Ciudadana.

Tenemos que ser un partido profundamente democrático, deliberativo, pero también unido. La Izquierda Ciudadana tiene que ser un partido que sepa discutir internamente, que sepa respetarse. La IC no puede asimilar prácticas de otra izquierda que se desune, que se divide, que se fracciona, sino que tiene que ser un partido respetuoso. No creo en los partidos vanguardistas, creo que la Izquierda Ciudadana tiene que ser un partido al servicio de los trabajadores, de los estudiantes y de los movimientos sociales.

Y esa es la segunda tarea, donde haya un o una militante de la IC, tenemos que impulsar organización social. Sin organización ciudadana u organización social; es muy difícil que los cambios avancen. Y en ese sentido ahí tenemos una segunda gran tarea junto con la primera que es construir nuestro partido, que es fortalecer la organización ciudadana y social.

Y la tercera, debemos ser muy leales con el programa de Michelle Bachelet – que hemos comprometido solamente a apoyar- y ser entusiastas apoyadores de sus aristas más radicales, más transformadoras.