• Sábado , 29 Abril 2017
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Columna vicepresidente IC en diario El Muro: Crisis política más allá de Penta y SQM

Fiscalía chilena

http://www.elmuro.cl/la-crisis-politica-en-chile-mas-alla-de-penta-y-sqm/elmuro/2015-11-19/124636.html

“La intensificación de la situación mapuche es un tema que debe ser abordado desde un punto de vista político, en concordancia con lo señalado por el PNUD, organismo que sostiene en su informe “Auditoría a la democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo”, que las desigualdades políticas crean desigualdades sociales y económicas, a lo que habría que agregar las desigualdades étnicas o de cualquier otro grupo humano.

Si las decisiones que afectan el destino de las personas las toman un pequeño, pero poderoso grupo de políticos desde una lógica elitista de la democracia, es natural que aquellos que no están representados en esas instancias no puedan decidir su propio futuro y se encuentren postergados no sólo económica y socialmente sino, más aún, políticamente.

Dentro de los postergados están ciertamente los pueblos originarios, los discapacitados, pobres, pescadores, campesinos y las minorías sexuales. Por lo mismo, resulta evidente que la crisis política es sólo el síntoma y que la enfermedad está en la crisis profunda de una democracia imperfecta que excluye, sistemáticamente, a importantes sectores de la población que no se sienten representados en las instancias de poder.

Todo esto sumado a que los jueces de la Corte Suprema, el Contralor General y el Fiscal Nacional, por ejemplo, son designados por el Senado. Lo anterior se magnifica si consideramos que sólo el 40% de los ciudadanos habilitados para votar en elecciones nacionales lo hace, reforzando el carácter elitista de las decisiones colectivas que nos afectan.

Lo anterior se agrava cuando hay evidencia de que muchos parlamentarios dependen económicamente de los grandes grupos financieros que aportan, significativamente, para sus campañas de elección o reelección, cooptando las decisiones que, previsiblemente, votan de acuerdo a los intereses de sus financistas y no de sus electores.

Así ha quedado claro en los casos Penta y SQM, sin dejar de mencionar la Ley de Pesca y el DL N°701 que benefician a una decena de familias, entre ellas, a los Angelini y Matte.

Éste y no otro, es el epicentro del problema que ha puesto en crisis no sólo al gobierno de la Nueva Mayoría, sino al sistema político en general, desde la izquierda neoliberal hasta la derecha pinochetista.

En efecto, el problema aquí no es coyuntural, como algunos aseguran. El problema es de fondo. Por ello, el ciudadano normal no cree en la justicia, no cree en la política, no cree en las instituciones, no cree en la religión y menos en los partidos políticos, porque ve que la infraestructura política del Estado administrado por los actores políticos de la corrupción, permiten que al hijo de un senador que mata a alguien en estado de ebriedad no le pase nada o que a un senador que atropella a un carabinero con resultado de muerte, no le pase nada.

Pero, en el más evidente contrasentido, acentuando las contradicciones del sistema, un pobre o un mapuche, por situaciones menores se van a la cárcel. Prueba de eso, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó sin efecto ocho condenas por terrorismo desde el 2003 -siete mapuches y una activista-, determinando que el Estado de Chile debe indemnizar a cada uno de los injustamente condenados.

Lo mismo ocurrió con la muerte de Matías Catrileo. Pero, aún así, con toda esta evidencia, se sigue presumiendo culpable al mapuche antes de un juicio justo. Por ejemplo, la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que hace que las comunidades pierdan su última esperanza en la justicia y en el Gobierno.
Es tan simple como ver que si se detiene a un mapuche o un activista no mapuche portando un arma, algunos políticos y los medios de comunicación dicen que se presume que cometería abigeato o terrorismo; pero cuando unos latifundistas portan armas, se dice que son deportistas que practican pesca y caza. El trato es injusto a todo nivel.
El problema político va más allá de la simple creación de un ministerio y un consejo de pueblos que no tiene relevancia en la toma de decisiones legislativas, ejecutivas ni judiciales.
Tal vez, algún experto en materia indígena tenga su propia teoría, gracias a los conocimientos adquiridos en una institución superior nacional o extranjera (los típicos “mapuchólogos”), pero cualquier persona inteligente sabe que el problema no es académico. Es político.
¡Qué duda cabe!. Para recuperar la confianza de los ciudadanos se debe perfeccionar la democracia a objeto de minimizar con las desigualdades sociales, económicas y étnicas que son consecuencia de las desigualdades políticas.
Algunos de los intelectuales políticos podrían responder: “¡pero si eso ya lo perfeccionamos con el cambio del sistema binominal!”. Sin embargo, la definición más básica de democracia, según Aristóteles, es “el gobierno de la mayoría”.

Entonces, cómo podrían acceder al poder político las minorías étnicas, es evidente que las minorías no se respetan en el caso de nuestros pueblos originarios.
Lo anterior, sin considerar que cuando vota sólo el 40% de los ciudadanos habilitados para sufragar habría una contradicción vital, a lo menos, con la etimología de la palabra democracia, que significa el poder del pueblo. En este caso el 60% que no vota -que es la mayoría- no tiene el poder, mientras que una minoría, una oligarquía, tiene casi el poder político y económico completo. Entonces, en Chile son sólo unos pocos grupos económicos los que han construido un sistema hecho a la medida desde la dictadura, incluye a políticos de la Concertación como Ricardo Lagos que terminó validando la Constitución Política de Pinochet.

En palabras de Theodore Roosvelt: “Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser grande o democracia”. Es por ello que, hoy en día, se hace imprescindible crear una política electoral que permita que las minorías y los excluidos tengan participación política real en la toma de decisiones.

El mejor camino sería una reforma del sistema electoral que permitiese la creación de escaños reservados para representantes indígenas, de acuerdo al porcentaje de población indígena de cada territorio. De esta manera, el 10% del país -que corresponde a la población indígena- tendría representación política real. Ésta es una necesidad, donde hay una necesidad nace un derecho y ese es el derecho que tenemos que reclamar no sólo para los pueblos indígenas, sino para todos los postergados de Chile.

Para comenzar a resolver esta crisis política actual, es necesario profundizar la democracia. Es decir, que los excluidos accedan al poder político y esa es una lucha que no parará hasta que la ganemos”.

Por: Diego Ancalao, vicepresidente nacional de la Izquierda Ciudadana.

 

 

 

 

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