• Sábado , 26 diciembre 2015
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Francisco Fernández: Estrecho colaborador con la IC se integra a Consejo Ciudadano de Observadores

Francisco Fernández

En el área del Derecho Público en Chile, nadie puede negar que Francisco Fernández es un reconocido abogado constitucionalista que, este 2015, terminó su período como Ministro del Tribunal Constitucional. Su nombre, por estos días ha vuelto a aparecer, porque fue designado por la Presidenta, Michelle Bachelet para integrarse al Consejo Ciudadano de Observadores, instancia que, recordemos, tiene el objetivo de garantizar la transparencia de los llamados Diálogos Ciudadanos, en el marco del proceso para formular una nueva Constitución.

Fernández, tiene una amplia trayectoria política, ha militado en el Partido Socialista, del cual hoy está alejado. De esa experiencia de militancia surge una cercana relación con quien, hoy, es presidente de la Izquierda Ciudadana, el diputado Sergio Aguiló. Además, Fernández fue, precisamente, uno de los expertos que trabajó junto a la Izquierda Ciudadana en la formulación de una propuesta de Proceso Constituyente que se entregó, este año, al Gobierno  y, que incluye la convocatoria a un plebiscito, en caso de no lograrse el quórum de 2/3 en el actual Congreso. “Me siento muy cercano a la Izquierda Ciudadana, he sido socialista toda mi vida, pero hoy, me identifico más con las posiciones de la Izquierda Ciudadana que con algunas que existen al interior del Partido Socialista y que no comparto para nada”, señala con una sonrisa de por medio Fernández.

Tomar el pulso de la ciudadanía

El abogado constitucionalista conversó con la Izquierda Ciudadana y señaló que una de las ideas principales del Consejo Ciudadano de Observadores es, en la práctica, generar un marco de amplitud al desarrollo de los Diálogos Ciudadanos, a través de cabildos y encuentros con la población en las distintas regiones del país. “La misión es ser testigo de que este proceso se desarrolle sin cortapisas y con apego al principio de pluralismo y amplia participación. Es un paso que acompañará el proceso de deliberación de la ciudadanía en torno a la visualización de los contenidos y de la concepción medular de la próxima Constitución”. Agrega que “se trata de una experiencia interesante, novedosa y que nos permitirá participar en vivo y en directo en este proceso de tomarle el pulso al sentir ciudadano, en torno al desafío de una nueva Carta Fundamental”.

Francisco Fernández indica que, por ahora, hay pasos que se deben ir concretando como, por ejemplo, una reunión con funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) para saber cómo se va a desenvolver en los ámbitos territoriales el tema de los cabildos y encuentros para definir si serán a nivel municipal, provincial y regional, o sólo a nivel provincial o regional. Al respecto, precisa que el Consejo –integrado por 17 miembros-, “difícilmente podrá desdoblarse para poder estar presente en las más de trescientas comunas del país. Ése es, por tanto, un tema que hay que dilucidar”.

¿Por qué una nueva Constitución?

Al ser consultado el abogado, Fernández sobre por qué, en este momento, es imperante comenzar a trabajar en la formulación de una nueva Constitución y si, a su juicio, están dadas las condiciones, particularmente teniendo en cuenta el amplio nivel de desconfianza de la sociedad civil hacia la clase política, tras la revelación de los casos Penta, SQM, Caval y Corpesca, afirma: “Hay que trabajar para crear las condiciones si es que no están dadas. Creo que, crecientemente, se está abriendo un cauce a la aspiración ciudadana de terminar de erradicar los enclaves autoritarios y las trampas institucionales en la Constitución que nos rige”.

Señala que comparte las declaraciones del ex Presidente, Ricardo Lagos, a la hora de plantear que, una parte importante de los cambios constitucionales se hicieron en 2005, al terminar con los senadores designados, con el Consejo de Seguridad Nacional y, además, se avanzó con el cambio del sistema binominal a uno proporcional como el logrado bajo este segundo mandato de Michelle Bachelet. Sin embargo, reconoce que “todavía queda mucho por desmontar de la arquitectura autoritaria que nos heredó la Constitución original de Augusto Pinochet, en 1980, porque hay elementos que impregnan a esta Constitución y que han perdurado hasta el día de hoy”.

En cuanto a lo que llama cónclaves autoritarios, el ex Ministro del Tribunal Constitucional explica que uno es, por ejemplo, la supra-mayoría para aprobar leyes y reformas constitucionales. “Se traduce en que no sólo para reformar la Constitución se requiere un quórum sumamente alto (los 3/5 de los miembros en ejercicio de cada una de las Cámaras, como norma general) y, respecto de los capítulos ultra-protegidos de esa Constitución, se necesita un quórum más alto (2/3, es decir, el 67%, ya no de los presentes en cada Cámara, sino de los miembros en ejercicio, lo que hace, extraordinariamente, difícil modificar la Constitución, si es que no hay un amplio consenso”.

A su juicio, esta situación no se condice con el principio democrático de que la mayoría debe prevalecer, con respeto naturalmente, de los derechos de las minorías y, por eso, recalca, en la mayoría de las Constituciones del mundo para modificar las normas constitucionales se requieren supra-mayorías, pero no tan extremadamente altas como contempla la Constitución actual en Chile.

Fernández indica que otro aspecto necesario de superar en una nueva Constitución es el principio dogmático del Neoliberalismo como es el carácter subsidiario del Estado en la sociedad y en la economía. “Para cometer una actividad empresarial, el Estado requiere habilitación por ley de quórum calificado y caso a caso, para cada tipo de emprendimiento, entonces, iniciativas tan plausibles y relevantes para acceder a mayores estándares de igualdad y justicia como son, por ejemplo, las farmacias populares a cargo de las municipalidades, teóricamente, hoy día, se requeriría si es que la municipalidad quiere asumir esto como una actividad propia, contar con una ley de quórum calificado que la habilite”. Agrega que “eso, pone de relieve cómo estos enclaves, estas exigencias que sobrepasan los cánones de una democracia mayoritaria, están dificultando que el Estado pueda cumplir a cabalidad con su misión de satisfacer las necesidades sociales”.

 El nuevo miembro del Consejo Ciudadano de Observadores comenta que estas situaciones dejan de manifiesto la necesidad de una nueva Constitución, como asimismo, dice, la consagración de derechos sociales, económicos y culturales que aparecen de manera marginal en la actual Constitución. “Hay necesidad de proteger y defender el derecho a la educación y no simplemente la libertad de educación como la consagra la actual Carta Fundamental, el derecho a la salud como un derecho fundamental y no materia de explotación lucrativa como ha ocurrido con los sistemas privados de salud, el derecho a la seguridad social, garantizando pensiones dignas, a través de un sistema que involucre no sólo la capitalización o ahorro individual de los asegurados, sino también aportes patronales y estatales”.

Francisco Fernández señala que “es importante replantear la Constitución en torno a los derechos fundamentales. En la Constitución debiera incorporarse, probablemente, incluso en una reforma parcial de la misma, que los derechos humanos recogidos en los Tratados Internacionales rigen en Chile con la jerarquía propia de normas constitucionales y, por consiguiente, deben ser aplicados por los tribunales nacionales directamente, sin necesidad de que haya un desarrollo específico de cada uno de ellos en la legislación interna, sino que por incorporación automática de los Tratados Internacionales”.

 

 

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