Por: José Luis Méndez, abogado y militante IC de la Región de los Ríos.
“A propósito de ciertos beneficios carcelarios o la libertad condicional otorgada a una cantidad importante de personas condenadas y que ha generado impacto público, rechazo generalizado y reacciones de diversos sectores del país, creo importante hacer un distingo que nos permita ampliar y profundizar esta discusión, más allá de la evidente visión discriminatoria, violenta y deshumanizada que nos han impuesto, respecto de las personas privadas de libertad y sus familias y llevar estos hitos comunicacionales a un nivel de discusión por sobre lo, meramente, puntual y notiocioso.
Los medios de comunicación nacionales, en su gran mayoría, han entregado y difundido una información parcial y tergiversada de este tipo de beneficios legales, instalándonos la idea de una especie de amnistía general mal intencionada e irresponsable, o una suerte de término anticipado de las condenas con el único propósito de generar cierta inseguridad y, por qué no decirlo, pánico social. Sin embargo, no se han dado el tiempo de aclarar que los beneficios carecelarios no modifican de manera alguna las condenas, ni extinguen, en lo absoluto, la responsabilidad penal y que las libertades condicionanles se cumplen bajo la estricta tutela de Gendarmería.
Sin perjuicio de aquéllo y más allá de los detalles jurídicos o administrativos y, sobretodo, en tiempos de profunda discusión sobre lo que podrían llegar a ser las bases fundantes de una nueva Constitución para nuestro país, la inclusión se ha erigido como un valor primoridal a tener presente en estas bases constitucionales.
Estimo que un gran ejercicio cívico es romper con ciertos estigmas, profundamente, enquistados en nuestra sociedad, para que el tratamiento de la delincuencia y otras enfermedades sociales, se centre en atacar la causa y no el síntoma como muchos y, por mucho tiempo, nos han hecho creer como la forma más certera de terminar con este flagelo que, por lo demás, no es otra cosa que el esconder nuestras miserias sociales donde ni siquiera nosotros podamos verlas.
Este ejercicio de inclusión en nuestra sociedad, de personas que han cometido algún delito, colaboraría, a mi juicio, en gran medida a comenzar, de una vez por todas, a solucionar los problemas y no barrerlos bajo la alfombra, para así darle una dinámica creativa y ciudadana a la idea de edificar con cimientos sólidos lo que será nuestra Carta Magna, en base a una incuestionable y, hasta a veces, romátinca gama de derechos, sino que, por cierto, y en mayor grado de discusión responsable a los deberes ciudadanos.
Mucho se ha reflexionado y exigido respecto de lo que deberían ser los principios generales de nuestro ordenamiento social y jurídico, hincándole el diente particularmente a lo que nosotros consideramos los derechos con carácter inalienable que, en ella, se deben contener. No obstante, la discusión se debe centrar en el deber ciudadano y reconocernos en lo que somos y desde allí construir una sociedad justa, participativa, equitativa, consciente de sus defectos y, por sobre todo, respetuosa e inclusiva”.