• Martes , 31 mayo 2016
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Hospital del Salvador dice NO a la concesión

Avenida Salvador, entre Rancagua y Providencia, está convulsionada. Protestas y cortes de tránsito han marcado el paisaje desde el 8 de julio, cuando cerca de 300 trabajadores salieron a la calle a manifestar su descontento por la concesión del Hospital del Salvador.

Pero ¿qué significa que esté o que vaya a ser concesionado? Como lo explican Matías Goyenechea, Director Fundación Creando Salud y Gabriel Boric, diputado, “el modelo de concesiones hospitalarias implica un salto en la participación del sector privado en la provisión de infraestructura y en la operación de los recintos hospitalarios, ya que el rol del concesionario no sólo se remite al diseño y la construcción, sino que éste pasa a tener un rol en la operación normal del hospital y, dependiendo de la duración del contrato, esta participación podrá ser por un periodo de al menos 15 años”.

“En términos gruesos, el modelo de concesiones funciona como un “crédito” con una alta tasa de interés, dado que el privado realiza un gasto de capital que el Estado luego deberá pagar, en la forma de subsidios en “cómodas cuotas”. En el caso del Hospital Salvador, estamos hablando de cuotas por concepto de construcción de UF 538.800 semestrales (20 semestres) y unas UF 250.000 por la operación (30 semestres)”.

La concesión expone al ciudadano al sistema de negocio que maneje el consorcio.

Amapola Ureta es enfermera del hospital y participa activamente de estas manifestaciones y aclara un poco más el panorama respecto de la concesión, que además de la construcción del recinto “tiene una total participación en la operación del hospital, durante 15 años y este es claramente el punto de máximo interés para el consorcio pues es ahí donde tiene el máximo espacio para sacar provecho del recinto. Queremos que se elimine el proyecto de concesión de nuestro hospital, el cual fue adjudicado a un consorcio con capital mexicano, español y chileno”, comenta.

En ese sentido cabe preguntarse, de ser el concesionario el responsable de la operación del hospital, del funcionamiento, cómo se ven afectados quienes ahí trabajan. Hay que entender que en la lógica del negocio, los costos se disminuyen para aumentar las utilidades y sin duda las condiciones laborales de los trabajadores son un costo.

Amapola cuenta que han estado en contacto con personas de los hospitales de Maipu y La Florida, recintos que se construyeron bajo este modelo de concesiones, y que le han comentado que “las condiciones de precariedad laboral en que desempeñan sus funciones son alarmantes. Además que existen altas tasas de personas contratadas a honorarios, lo cual no entrega lo básico en la estabilidad en el trabajo”, aclara.

Una cosa es las consecuencias que trae la concesión para el recinto y quienes ahí desempeñan alguna labor, pero otra muy distinta es el impacto que esto podría llegar a tener en la ciudadanía. “La concesión expone al ciudadano al sistema de negocio que maneje el consorcio. Expone al usuario al lucro que ejerza en nuestro recinto esta empresa. Esto convierte a la Salud Pública en un negocio y nosotros somos férreos creyentes de que la Salud debe ser un bien garantizado por el Estado”, enfatiza Amapola.

La Salud debe ser un bien garantizado por el Estado

En la prensa se informa que mañana jueves, el gobierno entregará un informe de los ministerios de Salud y Obras Públicas, donde se explicita el costo oficial de construir los hospitales del Salvador y Metropolitanos Occidente bajo el sistema de concesiones, y cuáles serían los montos a pagar a las empresas si se modifican los contratos. Con esta información, el ejecutivo decidirá si se continúa con la edificación de los recintos, si se modifica los contratos de las empresas o si se cancelan las concesiones.

Los trabajadores del Salvador van más allá y aclaran que lo que ellos quieren es  “terminar con el contrato de concesión por un mutuo acuerdo con la concesionaria. O bien terminar el contrato de forma unilateral por el Estado, invocando la causal del artículo 28 ter de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, que faculta al Estado a terminar el contrato cuando la concesión de la obra sea innecesaria debido al interés público comprometido.

“La multigremial del Hospital del Salvador deja en claro que no aceptará un plan B. El fin último es bajar la concesión del hospital. Exigimos a la Presidenta de la República cumpla su palabra, que se comprometió en tiempos de campaña, a no tener ningún hospital concesionado bajo su mandato” sentencia Amapola.

Cristian Contardo

 

 

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