Por: Equipo de Comunicaciones de la IC.
El Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio -militante de la Izquierda Ciudadana IC– fue entrevistado en 24 Horas de Televisión Nacional, sobre la polémica en torno a los inmuebles que fueron traspasados, gratuitamente, a CEMA Chile, entidad que preside, recordemos, Lucía Hiriart -viuda de Augusto Pinochet-.
En la conversación, el Secretario de Estado sostuvo que la Comisión de Vivienda y Bienes Nacionales está interesada en que le pudiéramos proporcionar los antecedentes de los que disponemos -haciendo referencia a la Plaza de Armas de Paine (que la Fundación ha intentado vender al municipio en un valor tres veces más alto a su avalúo fiscal) y de otras entidades- y que, planteó, «con justa razón ha provocado preocupación e indignación en la opinión pública».
Agregó que «nosotros le entregamos todos los antecedentes a la Comisión. Hemos logrado acreditar la transferencia gratuita de 135 propiedades a CEMA Chile, en un momento en que la Fundación, pese a ser una entidad de derecho privado, era un organismo controlado por el Estado, a través de la Presidencia de la República, porque estatutariamente se establecía que su presidenta era la esposa del Jefe de Estado, luego se definió que sería la esposa del Comandante en Jefe del Ejército».
Según el Ministro Osorio lo que ha ocurrido, con el paso del tiempo, es que esas transferencias que tuvieron, originalmente, un fundamento social, luego, la Fundación CEMA Chile cambió su naturaleza, transformándose en una Fundación privada donde Lucía Hiriart es presidenta a perpetuidad y, además, dijo, «estas transferencias que se ejecutaron en mérito de la labor social que realizaba la Fundación CEMA Chile, se ha logrado constatar que están siendo enajenadas o arrendadas y que se está realizando una actividad inmobiliaria con fines de lucro».
El Ministro de Bienes Nacionales al ser consultado por qué las irregularidades no se detectaron antes y sólo se establecieron, ahora en 2016, respondió: «Esta información no es que estuviera sistematizada y reunida, tuvimos que realizar una investigación que, por lo menos, nos implicó un año de trabajo en el Ministerio, porque teníamos información que estaba dispersa, que estaba abandonada, olvidada en archivos en distintos lugares. Por lo mismo, fue necesario, primero, realizar un proceso de investigación interna por parte del Ministerio de Bienes Nacionales para lograr acreditar estas 135 transferencias».
Añadió que «cuando entregamos esta información al Consejo de Defensa del Estado pidiéndole que interviniera defendiendo judicialmente al Fisco en esta materia no teníamos, todavía, la cifra de 135 inmuebles y se han ido agregando nuevos hallazgos que se han ido sumando y, evidentemente, no hay que olvidar que estamos hablando de hechos que ocurrieron en circunstancias de dictadura».
El Ministro Víctor Osorio precisó que «en este caso no corresponde el camino de la expropiación, precisamente, porque sería un hecho sorprendente que el Fisco para, recuperar propiedades que le pertenecieron, debiera pagarle a una entidad privada. Lo que nosotros hemos logrado, a través de la acción coordinada con el Consejo de Defensa del Estado es que se reabra la investigación judicial por el presunto ilícito de malversación de caudales públicos, porque la transferencia gratuita, que es una herramienta de gestión del Ministerio de Bienes Nacionales que fue ocupada para estos efectos y que está vigente, debe usarse con fundamentos sociales que asocien el traspaso a un uso social determinado».
Insistió, al respecto, que «las transferencias se fundamentaron en la labor social que la Fundación CEMA Chile realizaba, no se entregaron estos bienes fiscales para que se ejecutara una actividad inmobiliaria con fines de lucro, entonces, señalamos que el fundamento social que sustentó estas transferencias, si existió, se hubiese extinguido y, por eso, nos hemos planteado la restitución de estas propiedades al Fisco y pensamos que el camino más propicio es el judicial y el camino correcto es que se haga justicia en este caso. Tenemos el convencimiento que en esta materia esta comprometido el interés fiscal y, eso, implica el interés de todas las chilenas y los chilenos, porque estamos hablando de un patrimonio que pertenecía a todos y nuestra responsabilidad irrenunciable es proteger el interés fiscal».