• Miércoles , 12 agosto 2015
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La visita de Capriles y las elecciones en Venezuela

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Henrique Capriles Radonski llega a Chile en el marco de la cruzada que ha emprendido para intentar desconocer la legitimidad de los resultados de la elección presidencial en Venezuela, en que resultó derrotado. Lo ha hecho, por cierto, invocando la defensa de los principios democráticos, que es el mismo argumento de los que han promovido su visita y se aprestan a recibirlo.

Sin embargo, las evidencias muestran, más allá de toda duda razonable, que el proceso registrado el 14 de abril en la tierra de Bolívar es inobjetable. La conducta de Capriles, huérfana de fundamentos sólidos para su cuestionamiento a la elección venezolana, más bien es el resultado de una opción por el camino de pretender empujar una crisis institucional, lo que en modo alguno es consistente con una vocación democrática. En ausencia de argumentos creíbles que permitan sostener la hipótesis de un fraude, ello más bien pone en duda las credenciales democráticas de Capriles y de sus partidarios.

La auditoría que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) aplicó a la elección presidencial culminó en junio pasado. La verificación arrojó un resultado equivalente a “error cero”, con una coincidencia de hasta un 99,98% de los comprobantes de voto contrastados con las actas de escrutinio y el acta del Centro Nacional de Totalización del CNE. El proceso incorporó el 46 por ciento de las mesas electorales, pues el 54 por ciento restante se auditó el mismo día de los comicios.

El hecho no nos ha parecido sorprendente. En 14 años se han efectuado 18 elecciones en Venezuela, y más de 3 mil acompañantes internacionales han participado. Para las elecciones del domingo 14 de abril, fui uno de los 150 acompañantes internacionales. Tuve oportunidad de comprobar en terreno, en el Estado Anzoátegui, la transparencia del sistema electoral y la imposibilidad de un fraude. El ex Presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, quien a través del Centro Carter ha actuado como observador en procesos de todo el mundo, señaló el año pasado: “De las 92 elecciones que hemos monitoreado, diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”. En esta ocasión, el Centro Carter participó con siete acompañantes electorales.

Los comicios son regulados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) o Poder Electoral, el que, por disposición constitucional, es un poder independiente del Estado, no sujeto administrativamente al Poder Ejecutivo.

El sistema electoral venezolano es absolutamente automatizado. En el 2004, se aprobó que Smartmatic desarrollara y pusiera en marcha la plataforma tecnológica del sistema automatizado de votación, incluyendo el hardware y software de sufragio, tabulación, resguardo, transmisión y adjudicación de resultados electorales, el que logró abarcar a todo el territorio venezolano. La automatización hace imposible una adulteración del acta física en las mesas, puesto que la totalización electrónica es transmitida en forma directa por el sistema a las computadoras centrales del CNE.

En la elección presidencial del 7 de octubre de 2012, Venezuela incorporó además una autenticación biométrica del votante, garantizando el principio “un elector = un voto”. El Sistema de Autenticación Integrado (SAI) identifica por la huella dactilar al votante. Ello impide una eventual duplicación del sufragio o la adulteración de la identidad del elector, lo que acrecienta la seguridad del proceso y la veracidad de los resultados.

El proceso pasa por un proceso de 16 auditorías antes, durante y después del evento, las cuales son aprobadas y firmadas por todos los partidos políticos participantes. Cada una de ellas es públicamente conocida por la ciudadanía.

Previo al acto electoral, se audita el Registro Electoral, la producción de los Cuadernos de Votación, la fabricación del desengrasante y la tinta indeleble, la base de datos de personas elegibles a los Organismos Electorales Subalternos, el software de selección de los miembros a los Organismos Electorales Subalternos, el software de la máquina de votación, la producción de las máquinas de votación, la infraestructura electoral, el sistema de totalización, los datos y el código fuente del sistema de autentificación del votante, la producción del sistema de autentificación de votantes, el predespacho del Sistema de Autentificación de Votantes, la red de transmisión de los resultados y el predespacho de las máquinas de votación.

El viernes previo a la elección, la Misión de Acompañamiento Internacional de UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales), hizo público un informe preliminar elaborado por dos misiones técnicas del organismo regional respecto de las primeras etapas del proceso. Fue presentado por Roberto Rosario, presidente protempore de la UNIORE y de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, conjuntamente con Eugenio Chicas, presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, y Mariano Rodríguez, Presidente del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana. En las misiones técnicas participaron equipos multidisciplinarios de especialistas electorales de El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Perú y Ecuador.

El informe consignaba que se constató que las actividades emprendidas en el marco del cronograma electoral se llevaron a cabo en forma eficiente, sin que se presentaran incidencias ni hallazgos de ningún tipo que afectaran la confianza y calidad del proceso electoral. El documento destacaba la visita a dependencias del CNE para observar las etapas sensibles del proceso electoral, como la prueba de ingeniería, la capacitación de las Juntas Electorales, el proceso de auditoría a los cuadernos y máquinas de votación. Asimismo, elogiaba el uso de la tecnología en la organización de las diversas etapas de preparación del proceso, la participación de los actores políticos, y profesionalismo de los técnicos del CNE.

El único documento válido para votar es la cédula de identidad laminada. La primera estación del elector es el mencionado Sistema de Autenticación Integral (SAI), a través de la cual el elector certifica su identidad ante la máquina de votación con su cédula de identidad y su huella dactilar. El operador ingresa el número de cédula del elector en el SAI y éste coloca su huella en el lector. De esta forma, el ciudadano se identifica ante la máquina de votación y habilita al presidente de la mesa a desbloquearla para ejercer el sufragio. El elector marca su opción en la pantalla de la máquina, ubicada tras una mampara, confirma su voto, y la máquina emite un comprobante físico con el voto seleccionado el que el votante comprueba e introduce después en una urna. Cada voto queda almacenado en la memoria de la máquina de votación que no transmite hasta que termine el proceso. Finalmente, el elector firma y estampa su huella dactilar con tinta indeleble.

Cuando finaliza el proceso de votación, las máquinas electorales de las 39.322 mesas del país emiten un acta, la cual contiene la identificación de la mesa, los nombres de los miembros de la misma y los resultados. Todas son firmadas por el presidente, los miembros de la mesa y los testigos de cada partido (equivalentes a los apoderados en Chile), quienes además estampan su huella dactilar, certificando los resultados de cada mesa. Los testigos reciben una copia de dicha acta.

Los votos son transmitidos con tramas cifradas mediante una red segura de la empresa pública de telecomunicaciones CANTV y son recibidos por el sistema de totalización, el que comprueba la autenticidad de los envíos. Todo el sistema de transmisión usa firma electrónica con claves compartidas por el CNE, por los partidos políticos y el proveedor tecnológico. Así, los accesos deben ser aprobados por todas las partes.

Tras haberse transmitido los resultados, se audita el 54% de las mesas electorales, en la misma noche de la elección y en los diversos centros de sufragio. Los “comprobantes de votación” son los mencionados recibos de papel que imprimen las máquinas luego que el elector emitió su voto electrónico. Desde 2006, se comparan los votos emitidos electrónicamente con estos comprobantes, que deben coincidir. Las mesas se eligen en forma aleatoria. La posibilidad de fraude se torna aún más imposible. Así, la noche del 14 de abril el 54% de las actas fueron auditadas y firmadas por los representantes del comando opositor, confirmándose la inexistencia de inconsistencias numéricas.

El acto de escrutinio y el de verificación ciudadana, tienen carácter público y se hacen siempre en presencia de todos los partidos políticos.

Posteriormente, el Consejo Nacional (CNE) realiza un reconteo del 54% del total de las cajas contenedoras de los votos, en cumplimiento de la Ley Electoral.

Por estas razones, no puede extrañar el pronunciamiento de la UNIORE, en el balance presentado al término del proceso por su Misión de Acompañamiento Electoral: “Una vez más fue puesto a prueba el sistema electoral”, confirmando su “eficacia, seguridad y transparencia”, sostuvo. Y valoró positivamente el papel del CNE, el “que cumplió la función a su cargo de acuerdo a la Constitución y las Leyes”.

Reportó que “la organización electoral del proceso de constitución de las mesas, el material de votación y el rol de los miembros de mesas se desarrolló con normalidad en el 100% de las mesas observadas. Resaltamos la presencia la presencia mayoritaria de mujeres ejerciendo funciones de voluntarias y miembros de las mesas, así como de testigos de los partidos en los locales de votación. Sobre el material electoral, éste se encontró presente en el mismo porcentaje de mesas electorales y particularmente se observó una adecuada utilización de las mamparas de votación, lo cual es una garantía física del secreto del voto”.

Indicó que “el funcionamiento del sistema de identificación y la votación electrónica tuvo cobertura total de su infraestructura tecnológica. Debemos destacar el correcto uso de esta infraestructura, tanto por parte de los miembros de mesas como electores y electoras”. Por último, constató que el cierre de las mesas “se desarrolló con total normalidad, permitiendo a las electoras y los electores que se encontraban en las filas poder ejercerá su derecho al sufragio. La transmisión de resultados fluyó sin mayores dificultades, lo que permitió tener al final de la jornada la información sobre las mesas escrutadas y finalizar con éxito la auditoria prevista”.

Una evaluación similar fue realizada por la Misión de Acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Capriles se negó a reconocer el resultado. Llamó entonces a la ciudadanía a las calles. En Caracas, en la Plaza Altamira y en las calles aledañas, observé el 15 de abril el nivel de violencia de los opositores. Los incidentes acabaron con la vida de ocho personas y provocaron una enorme cantidad de heridos, incluyendo una persona que intentaron quemar viva, durante ataques a instituciones del Gobierno Bolivariano y del Partido Socialista Unido de Venezuela. También se acosó a dependencias del CNE. El miércoles posterior a la elección, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia comunicó que, hasta entonces, había recibido 75 denuncias de hechos violentos. La mayoría de los medios de comunicación, identificados con la oposición, acogieron la convocatoria a desconocer la elección de Nicolás Maduro como nuevo Presidente de la República.

Se procuró tender un manto de sospecha, pese a la participación opositora en todas las auditorías y en el control ciudadano del proceso, y que nunca exhibieron evidencias consistentes que permitieran presumir la existencia de un fraude o de irregularidades sustantivas en los comicios.

Uno de los sorprendentes argumentos opositores era que se dañaron 535 máquinas de votación, omitiendo que más de la mitad de las máquinas habían sido chequeadas en una auditoría. La cifra opositora equivaldría al 1,2%. Con todo, todas fueron sustituidas para que el proceso transcurriera sin problemas, pues el Poder Electoral cuenta con un 10% de máquinas adicionales para casos de contingencia, alrededor de 3.000.

Se llegó a sostener que se había quemado materiales electorales, publicando imágenes en las redes sociales, que en realidad correspondían a fotografías publicadas el 19 de septiembre de 2010. El CNE mantiene los materiales en resguardo durante un tiempo frente a una eventual alguna impugnación, pero después de transcurridos seis meses de la celebración del acto electoral se destruye el material en un acto público en caso que no hubiera sido objeto de impugnación administrativa o recurso judicial. En esta ocasión, como es el procedimiento normal, las cajas de votos quedaron en resguardo de la Fuerza Armada, en el marco del “Plan República”, y luego fueron llevados hasta el Consejo Nacional Electoral.

Existen dos vías para presentación de denuncias, solicitudes, impugnaciones o recursos frente al proceso electoral: el curso administrativo, frente al Consejo Nacional Electoral (CNE); y la vía jurisdiccional, que se ejecuta ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. La oposición, que se ha reivindicado adalid de la democracia, siempre debió adoptar estos caminos, contemplados en la institucionalidad democrática venezolana, para despejar sus dudas. Y ello supone, por cierto, someterse a su pronunciamiento.

Con estos y otros antecedentes a la vista, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera reconoció el triunfo de Maduro, en coherencia con el mismo camino que adoptaron los países de América y el mundo.

Por todas estas razones, no corresponde que los demócratas chilenos reciban ahora a Capriles. Lo fundamental no si coinciden o no con Maduro, sino si su elección fue o no legítima. Todo indica que así fue. Por lo tanto, la única conducta democrática posible es reconocer la victoria de quien se impuso, legítimamente, en las preferencias de la ciudadana venezolana.

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Victor Osorio Reyes

 

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