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EL OCASO FINAL DEL NEGOCIO INMOBILIARIO DE LUCIA HIRIART DE PINOCHET

Todo indica que se acaba el negocio de la viuda del tirano. La Fundación CEMA Chile, que durante la dictadura militar se apropió de una enorme cantidad de propiedades del Fisco, ha resuelto cerrar sus cortinas y restituir una parte de los inmuebles hoy en su poder. Ello, como resultado de la investigación judicial que instruye el ministro en visita Guillermo de la Barra a raíz de una solicitud al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que fue presentada por el ex Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio.

Según informó “El Mercurio”, a comienzos de este mes los ocho integrantes del consejo de la Fundación CEMA Chile aprobaron una propuesta que contempla la disolución de esta entidad y el traspaso de inmuebles de origen fiscal, la que fue presentada por la actual presidenta nacional interina, María Isabel Puigrredón, quien asumió esa responsabilidad luego de que Lucía Hiriart presentó su renuncia en agosto del año pasado, argumentando problemas de salud.

La proposición habría sido conversada con el CDE por los abogados de CEMA Chile, Vivian Bullemore y Yasna Bentjerodt, en la perspectiva de una conciliación que implicaría cerrar la Fundación y traspasar los bienes fiscales. “Así comenzó a gestarse lo que sería el final de CEMA”, consignó “El Mercurio” en referencia a la entidad que Lucía de Pinochet presidió desde 1974.

Ello es consistente con la respuesta que dio Lucía Hiriart en su declaración judicial del 14 de diciembre pasado, ante la pregunta formulada por el ministro Guillermo de la Barra en el marco de su investigación de un eventual delito de malversación de caudales públicos. “A su pregunta, si los bienes raíces que hoy posee CEMA no están siendo utilizados para los fines de la Fundación, pienso que sí podrían ser devueltos al Estado, o alguno de ellos, porque creo que existe todavía un voluntariado importante que quiere seguir trabajando en CEMA Chile”, señaló.

De acuerdo al matutino, el acuerdo de los consejeros de la entidad fue que, como tienen recintos a lo largo del país, “su disolución debe operar en forma gradual y paulatina, ya que habrá que disolver sede por sede, las que están conformadas por oficinas regionales, provinciales, comunales y distritales”.

Ex ministro de Bienes Nacionales, Victor Osorio.

En la actualidad existen dos sedes, con todos sus inmuebles, en proceso de cierre: Punta Arenas y Tarapacá. Por ello se estaría analizando la factibilidad de recuperar pronto las propiedades de origen estatal que existen en esas regiones, tanto las que se derivan de las transferencias gratuitas realizadas por el Ministerio de Bienes Nacionales, como las que fueron entregadas por municipalidades.

El consejo de CEMA, adicionalmente, resolvió someter a inmediato estudio la factibilidad de transferir a Bienes Nacionales, a los SERVIU y las municipalidades que correspondan “los inmuebles que pueden encontrarse desocupados o que se estén desocupando, y en la medida en que esto se vaya produciendo”.

La investigación judicial contra CEMA fue resultado de una solicitud formal que el Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, realizó al entonces presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, el 10 de diciembre de 2015, en que solicitó que el organismo interpusiera acciones judicialestendientes a la recuperación de los bienes inmuebles originalmente fiscales que aún pudiesen estar en manos de la Fundación CEMA Chile. Para esos efectos, le entregó los antecedentes que la cartera había logrado acreditar en el contexto de la investigación que el Secretario de Estado dispuso realizar.

Luego, el CDE solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que en la causa 1618–2004, más conocida como “caso Riggs”, se repusiera el estado de sumario en lo referido a CEMA, solicitando un conjunto de diligencias orientadas a “indagar a fondo” si los bienes que el Estado entregó a esta entidad, para el desarrollo de su objeto social, seguían o no en poder de ella, y si fueron enajenados conocer las circunstancias de su venta y el destino de los fondos obtenidos. El tribunal de alzada acogió por unanimidad la solicitud del CDE y en abril del año pasado se inició la investigación por malversación de caudales públicos.

En esos primeros pasos, el Ministerio de Bienes Nacionales y el Consejo de Defensa del Estado concordaron pasos claves para la investigación, como la necesidad de solicitar un ministro en visita, lo que fue acogido por la Corte, responsabilidad que se encuentra desde fines de mayo de 2016 en manos del ministro Guillermo de la Barra. Asimismo, resolvieron solicitar medidas precautorias, lo que devino en el embargo preventivo de inmuebles y activos financieros en manos de CEMA Chile que dispuso el magistrado.

La investigación de Bienes Nacionales, encabezada por Osorio, acreditó que sólo desde la cartera fueron transferidos gratuitamente 135 inmuebles a CEMA Chile entre 1977 y 1989, de los cuales lograron establecer el avalúo comercial de 118 de esas propiedades: 81 mil millones de pesos, es decir cerca de 120 millones de dólares. “Es el equivalente a casi tres campañas de la Teletón”, dijo entonces el Secretario de Estado.

En una columna de opinión que fue publicada por “Crónica Digital” en mayo pasado, Osorio recordó que Ozren Agnic en su libro “Pinochet S. A. La Base de la Fortuna” (2006) señaló: “El país retornó a la democracia el año 1990. Más de 16 años han transcurrido desde que Pinochet entregó el Poder Ejecutivo y ninguno de los sucesivos ministros de Bienes Nacionales ha mostrado interés alguno por esclarecer lo obrado por doña Lucía en lo relativo a las propiedades recibidas”.

Al respecto, Osorio anotó: “Con profunda satisfacción, expresamos que fuimos capaces de colocar término a 25 años de impunidad y silencio, respecto del patrimonio de todos los chilenos y las chilenas que fue apropiado por CEMA Chile”.

Por Iván Gutiérrez Lozano

Periodista

Santiago de Chile, 17de julio de 2017

Crónica Digital

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