• viernes , 19 julio 2019
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Francisco Fernández aboga por eliminar carácter subsidiario del Estado

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Francisco Fernández, (CCO) aboga por eliminar el carácter subsidiario del Estado – Diario El Muro 

“Todavía queda mucho por desmontar de la arquitectura autoritaria que nos heredó la Constitución original de Augusto Pinochet, en 1980, porque hay elementos que impregnan a esta Constitución y que han perdurado hasta el día de hoy”. Con esta afirmación, el abogado, Francisco Fernández, ex Ministro del Tribunal Constitucional (TC) y nuevo integrante del Consejo Ciudadano de Observadores, se refiere a una de las razones, que ha su juicio, hacen necesario, ya no introducir algunos cambios en la Carta Fundamental, como ocurrió en 2005, durante la administración del ex Presidente, Ricardo Lagos, sino que se redacte un nuevo documento. Eso sí, aclara que no se trata de eliminar todo, mantener lo que es adecuado y generar una Constitución donde la concepción del Estado sea una arquitectura al servicio de las personas y como garante del desarrollo económico y social, con justicia e igualdad y, eso, a su juicio, requiere de un nuevo texto legal.

Fernández, es un reconocido abogado constitucionalista a nivel nacional y, como en este segundo semestre se ha levantado, en el país, la discusión en torno, primero a la llamada Asamblea Constituyente y, luego, al Proceso Constituyente, EL MURO conversó con este académico que, desde hace sólo unos días, es parte del Consejo Ciudadano de Observadores, instancia, recordemos, conformada por profesionales que representan distintos sectores de la sociedad y cuya función, en teoría es una: garantizar la transparencia de lo que serán los Diálogos Ciudadanos, todo en el marco del proceso para formular una nueva Constitución.

El ex Ministro del Tribunal Supremo, es uno de los militantes históricos del Partido Socialista, aunque reconoce que, hoy en día, se siente más cercano, por ejemplo, a las ideas y principios de la Izquierda Ciudadana, que a las posiciones que, frente a determinados temas, manifiesta su conglomerado.

Quizás una de las preguntas que el ciudadano de a pié, ese que corre al paradero para subirse al Transantiago todas las mañanas para dirigirse a su trabajo o aquél que intenta entrar en uno de los repletos carros del Metro, se formula es ¿por qué, en este momento, justo ahora, el país requiere de una nueva Constitución?, ¿de existir, efectivamente, una nueva Carta Fundamental en qué y cómo se podrá beneficiar la sociedad civil?, ¿es sólo un eslogan del Ejecutivo decir que con una nueva Constitución mejorará, por ejemplo, la educación, la salud y se consagrarán los derechos fundamentales?

Todas estas preguntas que, de seguro, alguna vez nuestros lectores se han formulado, las analizamos con el abogado, Francisco Fernández, quien con su amplia trayectoria y como académico en universidades de educación superior, explica de manera simple, las respuestas.

En forma clara, advierte que es imposible que la maqueta o el modelo de una nueva Constitución se  materialice en los dos años de Gobierno que le restan a la administración de Michelle Bachelet. “Si se va a comenzar con esta asamblea ciudadana a lo largo del país, lo que me parece adecuado, para que la gente pueda hacer oír su voz, sus anhelos y, luego de eso, se va a tener que enviar un proyecto para que este Congreso actual apruebe transferir al próximo la decisión del mecanismo a emplear para aprobar la nueva Constitución, eso, evidentemente, no se alcanza a hacer en el actual Gobierno. Se dan los primeros pasos, pasos importantes, pero consumar el proceso es algo que trasciende el límite de cuatro años”.

Escuchar a la sociedad: requisito fundamental

Para el experto en Derecho Público, la decisión del Gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet de conformar un Consejo Ciudadano de Observadores, “constituye una experiencia interesante, novedosa y que nos permitirá participar en vivo y en directo en este proceso de tomarle el pulso al sentir ciudadano, en torno al desafío de una nueva Carta Fundamental”.

Si bien, como su designación en dicho Consejo es reciente, reconoce que ha participado en una sesión, pero tiene claro que hay ciertos aspectos que están pendientes y que se debieran dilucidar a la brevedad. En este sentido plantea que, por ejemplo, se tiene que concretar una reunión con los funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) –a cargo de Nicolás Eyzaguirre- para definir en cuanto a los cabildos y los encuentros ciudadanos si serán a nivel municipal, provincial y regional, o sólo a nivel provincial o regional.

Lo planteado por Fernández no es menor, ya que se requiere generar un calendario definido para que los 17 integrantes del Consejo Ciudadano de Observadores –quienes no tienen dedicación exclusiva- tengan claridad respecto de las actividades en que participarán, tanto en Santiago como en regiones, porque no hay que olvidar que, a lo largo del país, hay más de trescientas comunas y, obviamente, que los consejeros no se pueden desdoblar para estar en dos o más lados al mismo tiempo.

¿Por qué una nueva Constitución?

Al ser consultado el abogado Fernández, sobre por qué en este momento, es necesario trabajar en la formulación de una nueva Constitución y si, a su juicio, están dadas las condiciones, para hacerlo. En tal sentido, afirma: “Hay que trabajar para crear las condiciones si es que no están dadas. Creo que, crecientemente, se está abriendo un cauce a la aspiración ciudadana de terminar de erradicar los enclaves autoritarios y las trampas institucionales en la Constitución que nos rige”.

Dice estar de acuerdo y compartir las declaraciones del ex Presidente, Ricardo Lagos, cuando se refiere a que una parte importante de los cambios constitucionales se hicieron ya en 2005, al terminar con los senadores designados y con el Consejo de Seguridad Nacional. Agrega que también se avanzó con el cambio del sistema binominal a uno proporcional, idea que se hizo efectiva en este segundo mandato de Michelle Bachelet. Sin embargo, reconoce que “todavía queda mucho por desmontar de la arquitectura autoritaria que nos heredó la Constitución original de Augusto Pinochet, en 1980, porque hay elementos que impregnan a esta Constitución y que han perdurado hasta el día de hoy”.

En cuanto a lo que llama cónclaves autoritarios, el ex Ministro del Tribunal Constitucional explica que uno es, por ejemplo, la supra-mayoría para aprobar leyes y reformas constitucionales. “Se traduce en que no sólo para reformar la Constitución se requiere un quórum sumamente alto (los 3/5 de los miembros en ejercicio de cada una de las Cámaras, como norma general) y, respecto de los capítulos ultra-protegidos de esa Constitución, se necesita un quórum más alto (2/3, es decir, el 67%, ya no de los presentes en cada Cámara, sino de los miembros en ejercicio, lo que hace, extraordinariamente, difícil modificar la Constitución, si es que no hay un amplio consenso”. A su juicio, esta situación no se condice con el principio democrático de que la mayoría debe prevalecer, con respeto naturalmente, de los derechos de las minorías y, por eso, recalca que en la mayoría de las Constituciones del mundo para modificar las normas constitucionales se requieren supra-mayorías, pero no tan, extremadamente, altas como contempla la Constitución actual en Chile.

Fernández indica que otro aspecto necesario de superar en una nueva Constitución es el principio dogmático del Neoliberalismo como es el carácter subsidiario del Estado en la sociedad y en la economía. “Para cometer una actividad empresarial, el Estado requiere habilitación por ley de quórum calificado y caso a caso, para cada tipo de emprendimiento, entonces, iniciativas tan plausibles y relevantes para acceder a mayores estándares de igualdad y justicia como son, por ejemplo, las farmacias populares a cargo de las municipalidades, teóricamente, hoy día, se requeriría si es que la municipalidad quiere asumir esto como una actividad propia, contar con una ley de quórum calificado que la habilite”.

Agrega que “eso, pone de relieve cómo estos enclaves, estas exigencias que sobrepasan los cánones de una democracia mayoritaria, están dificultando que el Estado pueda cumplir a cabalidad con su misión de satisfacer las necesidades sociales”.

Consagrar derechos sociales, económicos y culturales

El nuevo miembro del Consejo Ciudadano de Observadores comenta que estas situaciones dejan de manifiesto la necesidad de una nueva Constitución, como asimismo, dice, la consagración de derechos sociales, económicos y culturales que aparecen de manera marginal en la actual Constitución. “Hay necesidad de proteger y defender el derecho a la educación y no simplemente la libertad de educación como la consagra la actual Carta Fundamental, el derecho a la salud como un derecho fundamental y no materia de explotación lucrativa como ha ocurrido con los sistemas privados de salud, el derecho a la seguridad social, garantizando pensiones dignas, a través de un sistema que involucre no sólo la capitalización o ahorro individual de los asegurados, sino también aportes patronales y estatales”.

Francisco Fernández señala que “es importante replantear la Constitución en torno a los derechos fundamentales. En la Constitución debiera incorporarse, probablemente, incluso en una reforma parcial de la misma, que los derechos humanos recogidos en los Tratados Internacionales rigen en Chile con la jerarquía propia de normas constitucionales y, por consiguiente, deben ser aplicados por los tribunales nacionales directamente, sin necesidad de que haya un desarrollo específico de cada uno de ellos en la legislación interna, sino que por incorporación automática de los Tratados Internacionales”.

Un ejemplo concreto de lo que plantea el ex Ministro del Tribunal Constitucional es la redefinición de de la jurisdicción militar y, al respecto, el jurista indica que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido una jurisprudencia constante y reiterada en orden a que los tribunales militares no se justifican en una democracia, sino sólo en cuanto reducen su competencia a conocer delitos militares cometidos por militares, es decir, una justicia excepcional y no como sigue ocurriendo en Chile, aún cuando los tribunales han tenido un juicio crítico al respecto, que cuando las víctimas son civiles, si los presuntos hechores son militares, las causas son conocidas y decididas por tribunales militares”.

Una de las razones de la falta de redefinición de la jurisdicción militar es, dice, “por la resistencia de los sectores que se sienten satisfechos con la normativa en vigor. Ha habido indiferencia o resistencia, pero es una necesidad palmaria, no me cabe duda y, a eso, ayudaría mucho en bloque la incorporación de los derechos fundamentales regulados en Tratados Internacionales”.

No es mito la mejora, es realidad

Cuando se habla de una nueva Constitución, el Gobierno ha señalado que existirán mejores condiciones de salud, mejor educación y que, en general, sus derechos estarán mejor cautelados. Algunos han manifestado que se trata de una suerte de eslogan, pero para el abogado Francisco Fernández, no es simplemente una frase y, no lo es, explica porque “aquí se trata de consagrar estos satisfactores esenciales –educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social-, efectivamente, como derechos, garantizados por la institucionalidad del Estado. Se consagrarían y se harían exigibles. Naturalmente, como son derechos, cuya satisfacción cuesta dinero, habrá que darle satisfacción, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias del país y el Estado en cada período”.

El integrante del Consejo Ciudadano de Observadores precisa que “hasta, ahora, en el modelo Neoliberal aparecen estos satisfactores, absolutamente postergados, porque muchos de ellos han sido concebidos como bienes de mercado y no como derechos sociales. Por eso, se requiere una nueva Constitución y, no simplemente, parchar o modificar parcialmente la que existe hoy”.

El abogado Fernández asegura, en forma tajante, que la actual Constitución, en el capítulo referido a las bases institucionales como el de derechos y garantías fundamentales, es un Estado subsidiario, limitado, un Estado que no tiene como desafío fundamental, el tener un rol protagónico para satisfacer necesidades sociales y personales, sino que interviene sólo ante la ausencia de interés de los privados por acometer ciertas actividades. “Tiene que haber un Estado social, democrático y de derecho como tienen las democracias avanzadas, es decir, un Estado proactivo, no un Estado prescindente o de policía y que interviene sólo ante situaciones de riesgo del orden público, sino que es un garante y un promotor del desarrollo económico y social”.

Fuente: Diario electrónico El Muro.cl

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